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Este verano, el Ministro y Vicepresidente del Gobierno pidió perdón al Pueblo Gitano por el “racismo institucional” que han sufrido los gitanos a lo largo de la historia. Pablo Iglesias daba voz gubernamental a una deuda pendiente de la Memoria Histórica que finalmente ha sido incluida en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, una medida con la que se pretende recuperar y dignificar la memoria del Pueblo Gitano en nuestro país, especialmente durante la dictadura franquista. Carmen Calvo afirmó, poco después de presentar la nueva ley, que “España no sería España sin el pueblo gitano”. Del mismo modo, la inclusión de la historia de los gitanos en los materiales de enseñanza y en los programas docentes supondrá dar visibilidad académica a la minoría social marginada por excelencia en la Historia de España y, sobre todo, llevar su conocimiento al resto de la sociedad.

La historia del pueblo gitano es la historia de un pueblo marginado no solo en el franquismo, sino desde su misma llegada a Europa. Pese a su probable origen común, manifestado en diversos estudios genéticos y de filología histórica, los distintos grupos romaníes del mundo han sufrido una marcada transformación por su contacto con los pueblos con los que han convivido. Habitualmente, sobre todo en el pasado, la imagen de los gitanos ha estado estereotipada bajo una España agitanada y flamenquizada o bajo el prisma de una Andalucía juerguista y ociosa. A principios del siglo XX, el escritor Irving Brown decía que “en ningún lugar del mundo puede verse al gitano mejor que España”, en su libro “La Senda Gitana”, escrito fruto de su recorrido por el Sur de la Península, atraído por la visión romántica de los viajeros extranjeros y que encontraba en los gitanos uno de sus mayores atractivos.

Y es que la convulsa y estremecedora historia de esta minoría en España se remonta a principios del siglo XV, cuando comenzaron a llegar en pequeños grupos itinerantes presentándose a sí mismos como peregrinos cristianos. Procedentes de algún lugar de la India, habían llegado a Próximo Oriente en la Edad Media y a Europa en el siglo XV. La buena acogida inicial que recibieron por parte de la Corona, las autoridades y las élites locales, poco podía hacerles presagiar que en los siglos venideros la suya sería una existencia marcada por las persecuciones y por la incesante amenaza a sus formas de vida. El viraje definitivo hacia el hostigamiento suele fecharse en 1499, momento en que encontramos la primera providencia específica en contra de los gitanos promulgada en la España moderna. En ella los Reyes Católicos les ordenaban que tomasen oficio conocido y que residiesen en domicilios estables, so pena de ser desterrados definitivamente de sus reinos o de recibir penas corporales como el corte de orejas, con el que se pretendía facilitar la identificación de futuros reincidentes. La alta movilidad que les había caracterizado inocuamente desde su llegada como peregrinos ahora se entendía como el problema principal, pues se equiparaba con un signo de ociosidad y de vagabundeo predelictivo.

La providencia de 1499 no fue sino la primera de las doscientas cincuenta disposiciones contra los gitanos que se promulgaron en España hasta 1783 tratando de que quedasen disueltos en los esquemas sociales, culturales y económicos de la sociedad receptora. Pese a su invariable cariz antigitano, la normativa no estuvo exenta de contradicciones y en ocasiones terminó contraviniendo sus propios propósitos. Así, mientras que se cebaba especialmente con los gitanos nómadas, también fue restringiendo paulatinamente el número de municipios para su asentamiento y el abanico de profesiones a las que podían dedicarse. Se daba el caso de que gitanos avecindados y con un valor productivo evidente, como los dedicados a la herrería en Andalucía en general y en Triana en particular, tuvieron que litigar durante casi todo el siglo XVII para poder seguir ejerciendo su oficio, que les había sido prohibido en 1611 mediante una nueva pragmática en que se les ordenaba que se dedicasen tan solo a la agricultura. De esta forma, no se trataba solo de que abandonasen su itinerancia y fuesen útiles para la sociedad, sino de que tampoco entrasen en competencia con los no gitanos en buena parte de los sectores productivos, con las consiguientes dificultades para abrirse un hueco «digno» en el rígido sistema preexistente.

La cifra tan elevada de disposiciones en contra de los gitanos deja entrever que las medidas no surtieron el efecto deseado ante la extraordinaria capacidad de resistencia que exhibieron a la hora de conservar su identidad. Por tanto, los textos legales certifican su fracaso en su misma reiteración, atribuida también a su escasa aplicación por la conducta tolerante de las autoridades inferiores, corruptas o temerosas de las represalias que pudiera provocar una actitud represiva enérgica. Pero esta insistencia legislativa también nos habla de que «lo gitano» se había convertido en un problema que había que atajar a toda costa: si las medidas tendentes a la asimilación cultural y la expulsión fallaban, quizá habría que recurrir a «remedios» más drásticos, como el exterminio biológico. Esta fue, desgraciadamente, la vía a la que se recurrió el 30 de julio de 1749, cuando aproximadamente 9.000 gitanos españoles -unos 5.500 en Andalucía- fueron prendidos de sus casas de madrugada y encarcelados bajo una estricta separación por sexos. La vieja dicotomía que había atravesado toda la legislación antigitana, entre nómadas y sedentarizados, estaba totalmente ausente en las órdenes de detención que exhibían un sesgo claramente racista: la presunción de delincuencia que legitimaba privarles de libertad descansaba únicamente en el hecho de haber nacido gitano. Los hombres y los niños mayores de siete años, considerados aptos para el trabajo forzado, se destinaron a los arsenales; mientras que a los menores de esa edad se les permitió permanecer con sus madres recluidos en otros centros. La Gran Redada fracasó, en buena medida por la falta de capacidad logística para hacerla efectiva hasta sus últimas consecuencias, y durante el mes siguiente se produjeron muchas libertades. Sin embargo, cientos de gitanos permanecieron encarcelados en las décadas siguientes, principalmente los que no pudieron acreditar una existencia «digna» por carecer de medios económicos, con lo cual la Prisión General se ensañó especialmente con los más pobres. En el reinado de Carlos III (1759-1788) se produjeron los últimos indultos y el exterminio biológico se abandonó definitivamente en favor del cultural: por la Pragmática de 1783 teóricamente se les permitía ejercer cualquier profesión y desaparecía el imperativo de residir en determinadas poblaciones, pero se les prohibía hacer uso de su lengua, traje y modales, bajo pena de ser marcados con un hierro ardiente en la espalda en caso de desobedecimiento.

Paradójico resulta que sus señas culturales fuesen reprimidas tan duramente por la legislación moderna y que unos siglos después sus costumbres, trajes, lenguas, bailes y cantes fueran tan utilizados como marca España vendida con el slogan “Spain is different”; eso sí, desde una visión desvirtuada y rozando lo caricaturesco. Fue en la contemporaneidad cuando el conglomerado étnico y cultural que es Andalucía generó unos productos culturales particulares. Durante el siglo XX, se llegó a presentar como español únicamente lo que era andaluz y este en innumerables ocasiones se identificó con lo gitano. Partiendo de la sociedad andaluza ambivalente del siglo XVIII y desde una cultura marginal, ruinosa dentro de una primitiva Ilustración, lo gitano dio sus primeros pasos para convertirse en un “resto arqueológico de cultura española” expresado hacia el exterior como producto exótico y reclamo turístico en los siglos XIX y XX. También durante el franquismo, su identidad fue deformada e instrumentalizada dentro de una especie de folclore nacional “compartido” en el que lo gitano se presentaba interesadamente como parte de la identidad española. Pero estos tópicos románticos no modificaron en absoluto la perspectiva negativa de la sociedad respecto a los gitanos y gitanas de a pie y los prejuicios negativos continuaron funcionando como justificación de su presunción de culpabilidad y de su eventual represión por parte de las autoridades.

Desde entonces, el pueblo gitano ha carecido de reconocimiento histórico, público e institucional, quedando encerrado en una segunda prisión atemporal de desconocimiento y de estereotipos reduccionistas. El puñado de datos dispersos acerca de un colectivo social inasimilable e incómodo, que convirtió su estilo de vida en un perpetuo desafío a todas las leyes y todas las convenciones, y que traspasó con frecuencia los límites de la delincuencia y de la criminalidad, merece sin duda el reconocimiento de su historia y de sus sufrimientos. Los estudios que han revivido sus tormentos y reivindicado su memoria muestran que centenares o miles de gitanos ahorcados, linchados, enviados a presidios, a galeras o a las minas han permanecido en el anonimato y que fueron condenados simplemente por ser gitanos. Las continuas leyes que sistemáticamente se les aplicaron de forma coercitiva emanaban de un poder homogeneizador que pretendía lograr la asimilación de los gitanos en la sociedad mayoritaria, pero que al mismo tiempo los diferenciaba y los empujaba injustamente hacia una posición marginal.

Sin negar la importancia de reconocer y exponer este racismo legal e institucional que históricamente ha pesado sobre la comunidad gitana en España, lo cierto es que desde 1978 los gitanos se enfrentan a nuevas dificultades bajo los mismos prejuicios gitanofóbicos de antaño. Los nuevos obstáculos descansan precisamente en la invisibilización de la discriminación que hoy sufren al margen de su equiparación legal, lo cual es peligroso, pues puede llevarnos a atribuirles enteramente la responsabilidad de las situaciones de marginación y exclusión que afrontan en su día a día partiendo contextos sociales, laborales, educativos y económicos adversos y a veces imposibles. De hecho, en las encuestas realizadas el año pasado por Unión Romaní en Andalucía, hogar de cerca de la mitad de los gitanos españoles, uno de cada cinco encuestados responsabilizaba únicamente a los gitanos de su exclusión; y casi esa misma cifra consideraba justificado el rechazo social generalizado hacia esta minoría. Por tanto, respecto al racismo institucional creemos que debemos ampliar nuestras miras y evitar caer en el reduccionismo, ya que únicamente resulta evidente cuando existe una legislación específica -o una aplicación interesada y arbitraria de la una legislación común- que diferencia, discrimina y persigue a una minoría por el mero hecho de serlo.

Pero también podríamos discutir si durante las últimas décadas los gobiernos, las instituciones y los poderes públicos en general no han sido cómplices del racismo por omisión, esto es, cuando a sabiendas de que la igualdad jurídica no es suficiente para paliar la marginación histórica de una minoría no se han diseñado e implementado medidas sociales, educativas, económicas y laborales que modifiquen sustancialmente la situación de desigualdad estructural en la que los gitanos se encuentran desde que nacen; lo que, unido a los prejuicios racializados y a la visión negativa de la sociedad, es el caldo de cultivo perfecto para que los gitanos se conviertan en una eterna profecía autocumplida de marginalidad y exclusión social. A este respecto, los datos aportados por la Comisión Europea al anunciar hace unas semanas su plan de ayuda para la comunidad gitana de cara a 2030 son absolutamente desgarradores: el 41% de los gitanos habían sufrido discriminación en el último lustro y el 85% de los menores residentes en Europa viven en la actualidad en riesgo de pobreza. En este nuevo panorama tan desafiante, la recuperación de la historia de los gitanos no puede quedarse en el pasado como un simple recordatorio de lo sufrido, sino que debe tener también un valor social presente y debe complementarse con políticas que aboguen por una auténtica “inclusión” de esta minoría. Pero, sobre todo, los gitanos necesitan hoy, imperativamente, tener voz y capacidad de decisión a la hora de contar su historia y construir esas medidas sociales, pues las políticas integradoras con frecuencia se han planteado bajo un prisma condescendiente, paternalista y desconocedor de sus necesidades, sesgos que están condenados a reproducirse sin su participación y pese a las buenas intenciones.

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