Que la corrupción de la monarquía no corrompa la democracia

GERARDO PISARELLO

Secretario de la Mesa del Congreso y jurista

El rey emérito de España, Juan Carlos I, en el Congreso, durante el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución, el 6 de diciembre de 2018. E.P.
El rey emérito de España, Juan Carlos I, en el Congreso, durante el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución, el 6 de diciembre de 2018. E.P.

Según un viejo aforismo inglés, en la Monarquía parlamentaria británica el Rey no puede hacer el mal (the King can do not wrong). Este principio puede parecer un ingenuo y peligroso canto a la arbitrariedad. Sin embargo, para que sea admisible, debe complementarse con otro conforme al cual el Rey no puede actuar por su cuenta (the King can not act alone) a espaldas de la sociedad, sino que debe hacerlo con el visto bueno -el refrendo- de los ministros del Gobierno y bajo el escrutinio crítico de la opinión pública.

Si esto es así, resulta evidente que los turbios negocios de Juan Carlos I de Borbón en esta última década han estado claramente reñidos con lo que, en términos constitucionales, debería haber sido una Monarquía realmente parlamentaria. Pero no se trata solo de él. Se trata, como se está viendo, de un cúmulo de actuaciones que implican a diversos miembros de la Familia Real. De ahí que no se esté, como se ha dicho, ante la corrupción de una persona, sino ante la corrupción creciente de una institución. Una institución que ha funcionado sin controles, rodeada de privilegios, y que amenaza con golpear, una vez más, a la democracia y al Estado de derecho.

Un rey que actuaba (que delinquía) sin referendo

En su reciente anuncio de que abandona España por la “repercusión pública” de unos acontecimientos de su “vida privada”, el propio Rey Emérito ha venido a confirmar esta impresión. Ninguna de las expresiones que utilizó es inocua. No lo es la alusión a la “repercusión pública”, que en realidad es un eufemismo para referirse a las noticias, los procedimientos judiciales y las peticiones de investigación de sus actuaciones, tanto en España como en Europa. Solo eso, hace que la marcha sea leída directamente como huida, esto es, como una forma de eludir esas investigaciones, más que de contribuir a que se produzcan (algo que se vería confirmado si el destino es un país de otro continente como República Dominicana).

Tampoco es inocua la alusión a acontecimientos de su “vida privada”. Porque si los cobros de comisiones, los blanqueos de capitales y los fraudes fiscales que se le imputan eran actos privados, ajenos a su función constitucional, hay buenas razones para sostener que no se encontraba amparado por la inviolabilidad contemplada en el artículo 56.3 de la Constitución.

Si el Rey emérito, en efecto, actuaba por su cuenta, como reconoce en la carta, en beneficio privado y de manera reiterada, quiere decir que no contaba con el refrendo de nadie. Por lo tanto, los artículos que deben aplicársele son el 9.2 y el 14 de la Constitución, que someten a todos los ciudadanos a la ley y al ordenamiento jurídico, sin distingos arbitrarios. Pero no el 56.3, porque la función de dicho precepto no es otorgar carta blanca para delinquir. Ni mucho menos para hacerlo de manera reiterada, burlando a la Hacienda Pública y comprometiendo la estabilidad y la reputación del Estado.

Por el contrario, el sentido de la inviolabilidad del Rey es protegerlo frente a maniobras arteras que pudieran poner en peligro su función constitucional. Esto ocurriría, por ejemplo, si alguien lo obligara a no sancionar y promulgar una ley aprobada por las Cortes, a no firmar un Tratado de Derechos Humanos consentido por el Gobierno y el Parlamento con la amenaza de sancionarlo jurídicamente. Pero nada indica que sea el caso. Que cuando el Emérito actuaba como presunto comisionista, fraguando desde la Zarzuela una “estructura para ocultar dinero a Hacienda”, lo hiciera coaccionado por terceros.  Como él mismo admite, no actuaba en cumplimiento de su función constitucional. Actuaba como persona privada, no pública, y al hacerlo así, no podía, ni contar con el refrendo previsto, porque no existía o era directamente imposible, ni pretender no ser investigado y juzgado por dichos actos.

Un rey que actuaba solo (o no tanto)

Que el Emérito actuara “solo” en términos constitucionales, es decir, sin poder descargar su responsabilidad en otros actores, no significa que operara sin el conocimiento de otras personas. Algunas de ellas (como su ex amiga Corinna Larsen, el abogado suizo Dante Canónica, o el gestor de fortunas Arturo Fasana) ya han declarado de hecho como investigadas ante el Fiscal de Ginebra, Yves Bertossa.

Sin embargo, hay otra cuestión relevante: ¿conocía la propia Familia Real sus opacas operaciones financieras? Y de manera más directa: ¿las conocía su heredero en el trono, el Rey Felipe VI?

A comienzos de marzo de 2020, un día después de la declaración del Estado de Alarma por el Covid-19, la Casa Real decidió emitir un comunicado inédito e impactante. En él reconocía que un año atrás, Felipe VI había tenido conocimiento por un despacho de abogados británicos de su designación como beneficiario de la Fundación panameña Lucum, a través de la cual Juan Carlos I presuntamente blanqueaba comisiones recibidas del Rey de Arabia Saudita. En el mismo comunicado, se afirmaba que Felipe VI lo había informado de inmediato a las “autoridades competentes” y que un mes después había informado a su padre que no recibiría ningún beneficio de la misma, renunciando a su herencia personal.

La declaración fue un auténtico terremoto. Y aunque su objetivo evidente era construir la figura de un Rey “ejemplar y transparente”, acabó generando lo contrario. Primero, por el momento en que se escogió para hacerla pública, el día después de la declaración de un Estado de Alarma. Segundo, porque en ella no se explicaba por qué Felipe VI había tardado tanto en dar a conocer unos hechos que, como mínimo, conocía desde hace un año. Tercero, porque la supuesta pretensión de renunciar a una herencia con su padre vivo, no tenía más valor que un gesto pour la galerie, que ningún notario podía aceptar, como explicaron varios especialistas en Derecho Civil. Cuarto, porque entre las “autoridades competentes” a las que había informado no figuraba la Fiscalía Anticorrupción, sin duda una de las primeras interesadas.

Todo esto deja abierto muchos interrogantes. La propia Fundación Lucum había sido creada en 2008, días antes que Juan Carlos recibiera un presunto “regalo” de 65 millones de euros del entonces rey saudí Abdullah, y disuelta en 2012, después de que Corinna Larsen recibiera una donación por esa cantidad. Durante esos 4 años, pues, se produjeron muchas de las operaciones que hoy son objeto de investigación judicial. Por ese entonces, Felipe VI no era un niño o un ingenuo adolescente. Era un hombre hecho y derecho, de más de 40 años, que sabía que sería Rey y que supuestamente había sido preparado para ello. Nada, pues, indica que un inminente Jefe de Estado no conociera estas operaciones de su padre, muchas de las cuales se gestaban en la misma Zarzuela. Y mucho menos parece creíble que no accediera a toda la información sobre ellas tras su proclamación como Rey en 2014, hace ahora 6 años.

Por eso, precisamente, la respuesta del Jefe del Estado a la última carta de su padre suena tan poco transparente. Porque su objetivo no parece ser informar sino ocultar información. Limitarse a expresar “agradecimiento” por la decisión del Emérito, pero sin informar sobre las razones de su marcha en plena investigación judicial. Destacar su “legado” y su “obra política y institucional de servicio a España y a la democracia”, pero sin hacer mención alguna a los graves hechos de los que se le acusa y sin exigir siquiera que se haga justicia y que se respete el principio de igualdad ante la ley.

Una dinastía nada “respetable” y nada “ejemplar”

Todo esto vuelve más inexplicable e injustificable el comunicado de Moncloa mostrando “respeto” a la decisión del Emérito y valorando la “ejemplaridad” de Felipe VI. Porque ni la decisión de Juan Carlos de Borbón es “respetable”, ya que parece pensada para sortear la justicia antes que para favorecer su tarea, ni la conducta del Rey actual ha sido la de un Jefe de Estado “ejemplar”, comprometido con la justicia y con lucha contra la corrupción, sino más bien la de un hijo -la de un heredero- que busca proteger a su padre.

Por eso no estamos hablando de la corrupción de un individuo. Estamos hablando de la corrupción de una Familia (recordemos el caso Noos y tantos precedentes) y de una institución que ha actuado sin controles, rodeada de privilegios y sin aceptar el suficiente escrutinio público. Y el peligro, ahora, sería que la corrupción de la Monarquía corrompa, una vez más, a la propia democracia, forzándola una vez más a mirar hacia otro lado y a consentir esferas de opacidad y de impunidad impropias de un Estado de Derecho.

Nada de esto puede tolerarse. Y muchos menos en un contexto en el que desde el Gobierno se está exigiendo a familias, gente trabajadora, pequeñas y medianas empresas que subordinen sus intereses privados a la salud y al bienestar general, que cumplan con la legalidad, y que contribuyan en función de sus recursos a financiar las arcas públicas.

Por eso es fundamental que, más allá del propio Gobierno, sea Felipe VI, como Jefe de Estado y miembro preeminente de la Casa Real, quien informe sobre el paradero y las condiciones de vida de su padre, así como sobre las razones de su salida del país. Al mismo tiempo, es esencial, y propio de una Monarquía que se define constitucionalmente como parlamentaria, que el Rey comparezca ante las Cortes Generales, principal sede de la soberanía popular, para expresar su compromiso con la transparencia, con la investigación de los hechos y con la tarea de la justicia.

Mientras tanto, y dada la gravedad de las actuaciones que se imputan al Emérito, y que la propia Casa Real ha admitido, hay una serie de medidas elementales que deberían adoptarse cuanto antes. La primera, retirar a Juan Carlos I su condición Rey, facilitando así la actuación de los tribunales. La segunda, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y aprobar una Ley de regulación de la abdicación (constitucionalmente prevista) con el objetivo de limitar el alcance de la inviolabilidad regia y de dejar claro que esta no supone una carta blanca para defraudar y delinquir. La tercera, acabar con la abusiva criminalización de las críticas a la Monarquía, que a lo largo de estos años solo ha servido para crear un clima de impunidad, censura e intimidación, así como una conculcación reiterada de la libertad ideológica y de expresión. Finalmente, trabajar junto a la sociedad civil organizada para que, cuatro décadas después del referéndum sobre la Constitución de 1978, la ciudadanía, y sobre todo las generaciones más jóvenes, sean consultadas de forma soberana, democrática y libre, sobre la continuidad o no de la Monarquía.

Ciertamente, un mero cambio en la Jefatura del Estado no implicaría por si solo un progreso en todos los ámbitos de la vida social. Pero si algo facilitaría la forma de gobierno republicana y democrática es poner todos los poderes políticos a disposición de los ciudadanos. Mostrar que las instituciones son creaciones humanas que deben rendir cuentas ante la propia sociedad, y educar a sus miembros en el amor por la libertad, por la igualdad, y en el rechazo del privilegio y de los abusos de los poderosos.

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¿La tercera restauración borbónica?

¿La tercera restauración borbónica?

El pueblo destierra Borbones y las élites los restauran

Después de la huida de España de Isabel II tras la Revolución Gloriosa de 1868, y tras el intento fallido de la I República en 1873, Cánovas del Castillo restauró la monarquía borbónica de una manera permanente. Tan es así, que la Restauración pasó al ADN del conservadurismo español con tanta fuerza que incluso alcanzó al PSOE, donde se descubren trazas de esa manera de entender España.

Esa Restauración vino, por supuesto, con Rey, al que se le otorgó el mando supremo de las fuerzas armadas en la Constitución de 1874 -garantía última de su pervivencia-. Vino también con Visigodos y su simbología, que trenzó la unión de los borbones con Don Pelayo y la Reconquista. En esa misma dirección, vino católica –ahí rescataron a Recaredo, primer Rey visigodo que abrazó el catolicismo-. Vino con turnismo bipartidista –liberales y conservadores- y vino con clientelismo, caciquismo, oligarquía y capitalismo rentista vinculado no a la innovación y la competetitividad sino a los favores de la corte. Basta echar una ojeada a nuestro alrededor para ver la permanencia.

Tras la huida de Alfonso XIII de España, por ladrón y por haber perdido las elecciones en las principales capitales españolas, la II República volvió a desterrar a los Borbones. Y otra vez las élites dieron un golpe de Estado, en esta ocasión ayudados por Hitler y Mussolini, para acabar con la República, fusilar a 200.000 españoles, encarcelar a 350.000 y exiliar a 500.000. En 1947, Franco restauró la monarquía en España, que volvía a ser un reino para poder gestionarse la entrada en Naciones Unidas, algo cuestionado internacionalmente en un país que había ayudado al fascismo y al nazismo. En 1969, en otro momento de crisis del régimen franquista, Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor de Franco a título de Rey.

A la muerte del dictador, la última ley franquista, la Ley para la Reforma Política de 1976, marcó la apertura hacia un régimen democrático. Fue, en expresión de Alfonso Ortí, “la segunda Restauración borbónica”. El problema es que la Constitución republicana de 1931 había sido interrumpida por un golpe de Estado, de manera que lo lógico era recuperar la forma republicana o, en el peor de los casos, someter la monarquía a un Referéndum. Suárez metió tres veces la palabra “rey” en la ley para la Reforma Política y los españoles, ante el “todo o nada”, aceptaron esa democracia que venía, otra vez, con Restauración borbónica. Sin embargo, nunca se sometió al criterio de los españoles si querían una monarquía o una república.

Como el Rey Juan Carlos venía de la formación al lado de Franco y no sabía de valores democráticos, organizó o dejó organizar el 23-F. Por esas ironías del destino, un golpe que nacía para cambiar el rumbo de la democracia española –las élites pensaban que se estaba yendo muy lejos- sirvió para apuntalar al Rey Juan Carlos. El arrebato de Tejero echó por tierra el gobierno de concentración nacional –otro clásico de la derecha española- que iba a dirigir el General Armada. La intervención esa noche de Juan Carlos I detuvo el golpe gracias a la obediencia debida de los militares (como dijo Quintana Lacaci, “si el Rey me pide esa noche bombardear el Parlamento, lo bombardeo”). Juan Carlos pasó a ser reconocido como un Rey democrático y los socialistas empezaron a decir que eran republicanos pero juan carlistas. La prensa, esa que se enfada cuando la critican, apuntaló ese marco.

“un gran acuerdo con la prensa que salía de la dictadura, con el diario El país como mascarón de proa, acordaron silenciar cualquier escándalo de la monarquía, de manera que la legitimidad de ejercicio vino dada por la tarea servil de unos medios de comunicación que no hicieron durante cuarenta años, los del reinado de Juan Carlos I, su trabajo”

Las tres legitimidades de un régimen

Cualquier gobierno tiene una legitimidad de origen, una legitimidad de ejercicio y una legitimidad de resultados. En el caso de Juan Carlos I, la legitimidad de origen venía viciada, porque su Restauración venía de la mano de Franco –el Borbón legítimo, en cualquier caso, hubiera sido su padre, Juan de Borbón-. En cuanto a la legitimidad de ejercicio, como buen monarca el Rey Juan Carlos dedicaba su tiempo a hacer deporte y a empiernarse con cierta ligereza. Sin embargo, un gran acuerdo con la prensa que salía de la dictadura, con el diario El país como mascarón de proa, acordaron silenciar cualquier escándalo de la monarquía, de manera que la legitimidad de ejercicio vino dada por la tarea servil de unos medios de comunicación que no hicieron durante cuarenta años, los del reinado de Juan Carlos I, su trabajo.

La legitimidad de resultados del reinado de Juan Carlos I coincide con el salto enorme de España a la modernidad a la salida de la dictadura. El retraso en la puesta en marcha del Estado social se palió, en parte con ayuda europea aunque al precio de desindustrializar España. El éxodo del campo a la ciudad en los sesenta y setenta sentó las bases para el desarrollo económico que venía de la apertura que marcó el Plan de Estabilización de 1959. El turismo hizo otro tanto. El impulso de la sociedad española se tradujo en el mayor avance económico y las demandas de mayor avance social. El golpe del 23F frenó esa carrera y el régimen político emanado de la Constitución de 1978 brindó avances económicos a cambio de refrenar avances políticos, tanto en términos de participación popular y lucha contra las desigualdades –seguimos siendo el país más desigual de la UE-15 y con el mercado laboral más deteriorado- como de avance en la condición plurinacional de España.

¿La tercera restauración borbónica?

En el caso de Juan Carlos I, el olvido de la ausencia de legitimidad de origen, la construcción mediática de la legitimidad de ejercicio –con el gran fraude del 23F, que hizo mediáticamente –serie de televisión posterior incluida- el “salvador del golpe” a quien había sido el factor principal de ese golpe, y los resultados evidentes de avance económico respecto del franquismo, esto es, la legitimidad de resultados, explican esa lectura pueril que hace la derecha y sus medios de lo que el magistrado Martín Pallín ha llamado, después de los cuarenta años de dictadura, los “cuarenta de convalecencia”.

“Tienen razón los que le echan la culpa a Pablo Iglesias y a Podemos de la salida del Rey emérito de España. De no existir Podemos, Juan Carlos I habría vuelto a decir: “lo siento mucho, me he vuelto a equivocar, no volverá a pasar” y santas Pascuas”

España se acostó franquista y se levantó democrática. Los jueces del franquismo pasaron a ser los jueces de la democracia. De los 16 jueces del Tribunal de Orden Público, el juzgado político encargado en encarcelar a los demócratas, diez pasaron a la Audiencia Nacional y seis al Tribunal Supremo. Se quedaron igualmente los policías –de ahí vendría el Batallón Vasco Español, la Triple A, Conesa, Billy El niño, los GAL o Villarejo-, se quedaron los catedráticos –ahí está la universidad que tenemos- y los periodistas –Juan Luis Cebrián, que dirigiría El país, venía de ser el Jefe de Informativos de la RTVE franquista-.

Por todo eso, es verdad lo que dice el que fue Director efímero de El Mundo, David Jiménez, “Juan Carlos I se exilia. Se queda la prensa que lo encubrió, el empresariado que lo corrompió, la clase política que lo protegió, la judicatura que miró a otro lado y el ejército de cortesanos que lo aplaudió”. Lo ha dicho igualmente la directora de Público, Virginia P. Alonso: “para construir un muro así y mantenerlo durante más de 40 años son necesarias muchas manos; las de Gobiernos, empresarios y periodistas, sin ir más lejos; pero también las de la propia familia real, en la que se incluye a su hijo, el actual rey, Felipe VI”.

Se abre un momento constituyente

Tienen razón los que le echan la culpa a Pablo Iglesias y a Podemos de la salida del Rey emérito de España. De no existir Podemos, Juan Carlos I habría vuelto a decir: “lo siento mucho, me he vuelto a equivocar, no volverá a pasar” y santas Pascuas. Porque no solamente la derecha, que a diferencia de la derecha europea es monárquica, tradicionalista, reaccionaria y bebe más de los requetés que de los conservadores, sino una parte de la izquierda se ha puesto como misión primordial salvar la monarquía. Fuer Pérez Rubalcaba el que hizo las leyes que blindaban al Emérito después de obligarle a abdicar para salvar la institución. Si ahora el PSOE fuera más coherente con los cientos de miles de socialistas que pusieron el cuerpo para defender la democracia en España, otro gallo cantaría. Y sería un gallo rojo.

“Felipe VI prefirió ser el Rey del “a por ellos”, y es verdad que los homófobos, xenófobos y violentos de VOX gritan desde que se levantan ¡Viva el Rey!, pero Felipe VI ya no es una persona querida en una parte no pequeña de España”

Felipe VI no tiene legitimidad de origen, pues es Rey exclusivamente porque es el hijo de su padre. Y si su padre obra como un fugado de la justicia –esa es la imagen que tiene hoy España del “piloto del cambio”-, su única legitimidad se va por el retrete.

No tiene Felipe VI legitimidad de resultados. Si el 3 de octubre hubiera salido para reconciliar a las diferentes Españas, hubiera tenido su 23F. Pero prefirió seguir la deriva extremista de VOX y el PP y demonizar a los independentistas catalanes en vez de abrir vías de negociación, con todos, para que el diálogo fuera el que dirimiera la herida territorial que arrastramos desde hace trescientos años. Felipe VI prefirió ser el Rey del “a por ellos”, y es verdad que los homófobos, xenófobos y violentos de VOX gritan desde que se levantan ¡Viva el Rey!, pero Felipe VI ya no es una persona querida en una parte no pequeña de España. Además, Felipe VI se ha beneficiado siempre de los tejemanejes de su padre. ¿No le pagaron entre su padre y un empresario catalán amigo de su padre su luna de miel? ¿Quién le ha pagado sus gastos y caprichos?¿Quién le ha trenzado sus relaciones? ¿Quién le ha hecho Rey?

La legitimidad de resultados no resulta muy prometedora para Felipe VI. La crisis de 2008, con el rescate a los bancos y no a las personas, y la crisis del COVID-19, que va a golpear duramente a la economía española, le hurtan presentarse como el monarca de ningún gran avance económico. Al tiempo que no va a dejar de ser el hijo de la persona que mientras decía “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar” sacaba 100.000 euros mensuales de su cuenta en Suiza.

La mejor herencia que deja Juan Carlos I a su padre es una Constitución que apenas se puede reformar. Pero eso es un arma de doble filo. Por eso estalló el 15M: cuando no existe la válvula de escape constitucional, las costuras se revientan.

El PSOE, el PP, VOX, Ciudadanos son partidos que defienden la forma de Estado monárquica, que en España tiene el agravante de que es la única monarquía europea vigente que apoyó al fascismo. La forma de Estado que se corresponde con una democracia es la república, porque lleva hasta sus últimas consecuencias que todos los ciudadanos son iguales, algo que no sucede cuando hay una familia que tiene vitalicia la Jefatura del Estado sin someterse a elecciones. Lo que no quita que haya repúblicas abyectas igual que hay monarquías claramente democráticas. Aunque, repetimos, la monarquía noruega peleó contra los nazis, mientras que Juan de Borbón defendió el golpe de Estado franquista contra la República. Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha afirmado: “pretenden confundir las decisiones de una persona privada con una institución”. Pero es que la única institución donde la persona y la institución se confunden es precisamente la monarquía, y aún más en España donde la institución medieval de la inviolabilidad del monarca le convierte en una suerte de dios inmaculado.

“La mejor herencia que deja Juan Carlos I a su padre es una Constitución que apenas se puede reformar. Pero eso es un arma de doble filo. Porque por eso estalló el 15M: cuando no existe la válvula de escape constitucional, las costuras se revientan”

En la ciudadanía, crece la sensación de que la monarquía borbónica está necrosada. ¿Quién le va a explicar a los niños y niñas de España que la Infanta Leonor tiene privilegios que ellos no tienen? ¿Heredados de su abuelo? ¿Entregados por Franco?¿Nunca sometidos a un referéndum democrático?

Se abre un proceso de discusión constituyente en España. Y no es extraño que se redoblen los ataques contra Podemos. Porque sin Podemos, los de siempre harían los arreglos de siempre. Apoyados hoy por los requetés de VOX.

¿Afecta la crisis de la monarquía al gobierno de coalicion?

Es claro que el PSOE y Podemos no coinciden con cómo debe ser la Jefatura del Estado y aún menos en la evalución del reinado de Juan Carlos I y la exigencia de rendición de cuentas. El desencuentro protagonizado por Carmen Calvo -que parece respirar constantemente por alguna herida- no tiene por qué afectar al Gobierno de coalición. Es verdad que el Gobierno es un órgano colegiado y que todos los miembros del Gobierno deben aceptar las decisiones que se tomen. No puede ser de otra manera. Pero no todos tienen por qué estar de acuerdo. Ni por qué silenciar el desacuerdo. ¿O no nos acordamos de las desaveniencias en los gobiernos de Rajoy, de González o del propio Sánchez, siendo de un solo signo político? Los puntos de vista divergentes son ya una constante de la política en el siglo XXI que no deben frenar la colaboración. Y aún menos cuando no se consultan determinadas decisiones, como ha sido con la huida de Juan Carlos I de España.

A ver si nos acostumbramos a qué es en verdad un Gobierno de coalición donde reposan sensibilidades diferentes. Para Podemos, la centralidad en el gobierno tiene que ver con los asuntos sociales y la defensa de los derechos humanos. Ahí tiene su límite. El PSOE verá qué hace con su peculiar republicanismo monárquico. Pero es evidente que en España se abre otra vez una fase constituyente. La que abrió el 15M y no se terminó de cerrar con el nacimiento de Podemos. Nadie sabe qué pasara, porque los futuros siempre son construcciones desde el presente. La correlación de fuerzas dictará sus contornos. Pero nadie puede negar que la Constitución española, como la democracia española, necesita una mano de pintura. En un contexto donde Europa necesita una mano de pintura. Incluso arreglos de chapa y de motor. Aunque solo sea para que todos y cada uno de los que vivimos aquí sepamos, en la discusión, lo que es una democracia, lo que cuesta defenderla, lo frágil que son estos regímenes, y lo que la ponen en riesgo los que quieren acabar con ella resucitando la violencia, impidiendo cualquier cambio que responsa a los nuevos retos, usando la justicia de manera abusiva, demonizando a las mujeres, a los inmigrantes, a los homosexuales, a los que tienen otra idea de España o defendiendo instituciones ajenas a la voluntad general sobre la base de discursos propios de la Edad Media.

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La crisis del coronavirus (I): una crónica de cómo el progresivo desmantelamiento del Estado del bienestar nos ha llevado a un desastre anunciado

JUAN MAGÍN SAN SEGUNDO MANUEL

Técnico Superior de la Administración y profesor de Derecho constitucional en la UCM

Una joven mira su móvil, sentada en la puerta de una tienda cerrada en el centro de Madrid. REUTERS/Susana Vera
Una joven mira su móvil, sentada en la puerta de una tienda cerrada en el centro de Madrid. REUTERS/Susana Vera

El sistema económico predominante se ha hecho insostenible, entre otras razones, por el progresivo aumento de la desigualdad social dentro de cada país. Desigualdad que se ha agravado con la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 poniendo encima de la mesa, de manera insoslayable, la necesidad de paliar las graves consecuencias del virus y actuar sobre sus causas.

La perspectiva de la historia contemporánea nos muestra cómo las sociedades de nuestro entorno han tenido un enorme progreso económico acompañado de la mejora del bienestar, la educación, la salud, la esperanza de vida, etc. Este progreso ha sido muy variable, teniendo sus retrocesos, así como sus etapas de mayor y menor intensidad. Así, mostró un desarrollo impresionante cuando se adoptaron los postulados del liberalismo político –al conseguirse superar las trabas económicas y políticas del antiguo régimen–, lo que supuso el reconocimiento de determinadas libertades y derechos fundamentales, confiriendo a dicho avance un carácter extraordinario. Este proceso histórico contemporáneo provenía de una época en la cual los individuos eran súbditos analfabetos, supercheros, miserables y cuasi siervos, que sentían miedos y amenazas incluso a su propia vida, y que asistían a las ejecuciones públicas como crueles espectadores ante una tortura y unos tratos tan inhumanos. De aquí la sociedad se encaminaría hacia un nuevo salto adelante del progreso, la razón y la libertad, posibilitando paulatinamente una transformación de súbditos en ciudadanos. No debemos olvidar la importancia que tuvo la presión ciudadana del liberalismo más avanzado, a la que se iría sumando el movimiento obrero. De esta manera se fue construyendo poco a poco un Estado social y democrático de Derecho, que implicaba ir reconociendo y garantizando los derechos humanos y los valores democráticos. Conceptos básicos presentes en nuestro contrato social, que rigen y cimientan nuestras sociedades.

Estos enunciados normativos fundamentales se consagran y fortalecen notablemente después de la Segunda Guerra Mundial, como reacción frente a la barbarie del totalitarismo y la atroz contienda que provocó. A su término, dentro de la creación de un orden mundial se construye el denominado Estado del bienestar en los países más desarrollados, democráticos y pluralistas, donde los grandes logros de carácter democrático se habían compaginado y en buena medida fundamentado sobre la extensión de un nivel socioeconómico suficiente, que garantizaba el disfrute efectivo de los derechos fundamentales, incluyendo los de índole social y económica, para prácticamente toda la ciudadanía; además, tal disfrute alcanzó un nivel hasta entonces desconocido. Dicho Estado de Bienestar presupone una responsabilidad pública en la creación y el mantenimiento de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social. En cuanto al notable desarrollo de las políticas sociales, cabe resaltar que las mismas se vieron favorecidas por el gran crecimiento económico que las acompañaría.

Otro hecho que ejerció una fuerte presión en el mismo sentido era la amenaza de un creciente número de regímenes comunistas, acompañada de la existencia de una fuerte izquierda socialdemócrata en muchos países, e incluso comunista en algunos, y el hecho de que, en determinados países, sobre todo dentro de los menos desarrollados, existían amenazantes guerrillas de ideología izquierdista.

Sin embargo, tal progreso social empezará a torcerse con la crisis del shock petrolífero, derivado de la guerra árabe-israelí del Yom Kippur (en 1973), que llevaría a los Estados árabes exportadores a tomar represalias frente a los países occidentales, iniciándose una crisis económica por encarecimiento de la oferta, ante la inflación del petróleo, que cercenaba los ingresos públicos, a la vez que aumentaban las demandas de un Estado benefactor, y como consecuencia de todo ello aparece la denominada esquizofrenia fiscal. Resulta incontestable que el Estado del bienestar ha dado luz a las mejores sociedades avanzadas (y viceversa). No obstante, la mayor crítica por parte de sus detractores –y acaso, tal vez, la única verdaderamente objetiva– sea la fundamentada en su coste económico. Y precisamente por ello habrá una inflexión, a partir de la cual comenzará un periodo histórico en el que se irán haciendo recortes, jibarizándo progresivamente el Estado de Bienestar. Tales recortes adquirieron relevancia con la revolución conservadora efectuada en la década de los 80, cuyos mayores representantes serían Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Surgirán otros factores que se suman a esa tendencia, como la aparición de Internet, la comunicación entre ordenadores y las posibilidades tecnológicas de inmediatez con respecto a una creciente financiarización de la economía, un incremento de la especulación mundial y la ocultación de dinero al fisco, así como la merma de recursos al Estado social. Junto a todo esto se producirá un hito que va a acentuar la quiebra del Estado del bienestar: la práctica desaparición de la que era entonces la principal amenaza al capitalismo, al caer el Muro de Berlín en 1989 y la implosión de la URSS en 1991, que supuso un debilitamiento generalizado de las ideologías socialistas, y dentro de las mismas el hundimiento de la ideología comunista.

El aumento de la injusticia económica se va a ver acentuado por la pretendida autorregulación económica –modelo que defendían las pujantes ideas neoliberales cristalizadas en los 90 y que supuestamente debía conducir a la mejora de los beneficios y en general de la economía–. Sin embargo, tal desregulación ha facilitado sucesivas crisis financieras mundiales. En el caso de los EEUU, a la desregulación de los mercados, se añadirán las bajadas de impuestos y de tipos de interés, así como la expansión del crédito, por lo que se provocaría una burbuja inmobiliaria. En realidad, tal desregulación ha ido amparando innovaciones financieras de creciente riesgo, como la fiebre estadunidense de las hipotecas tóxicas, las cuales conllevaban peligros tanto para los prestamistas como para los prestatarios, hasta llegar al tristemente famoso ejemplo de las subprimes, que suponían la concesión de préstamos sin exigir garantía alguna a los solicitantes. Eran “hipotecas basura” que se trocearon y se vendieron en títulos, creando así una burbuja de derivados tóxicos en la que las empresas financieras ganaron muchísimo dinero. Todos estos excesos y abusos financieros desencadenaron en EEUU en 2008 la Gran Recesión mundial, siendo el pistoletazo de salida la caída de Lechman Brothers.

La economía, en la nueva situación imperante, se va adaptando al proceso de globalización, con crecientes presiones de un capitalismo desregulado tremendamente competitivo, en el que se potencia la deslocalización de la producción y el trabajo, mediante la importación de bienes –e incluso servicios–, con frecuentes prácticas de dumping fiscal, laboral y ecológico. Otro factor es el impresionante avance de la digitalización,  que posibilita un sistema económico y financiero de ámbito mundial, en el que se permiten unas ventajas desproporcionadas a quienes poseen el monopolio de la tecnología y el capital. Con respecto al impresionante avance tecnológico, si bien crea empleo novedoso, destruye el tradicional en mayor proporción aún. Por ello, si se hace un balance, cabe afirmar que la tecnología genera desempleo o, como mínimo, ralentiza la creación de empleo. Y en el contexto actual, acentúa el que buena parte de los nuevos trabajos tiendan a ser temporales o inestables. El economista Brynjolfsson observa los siguientes hechos, reveladores de una gran paradoja en nuestra era: “La productividad está en niveles récord, la innovación nunca ha sido más rápida, pero al mismo tiempo tenemos unos ingresos medios decrecientes y tenemos menos puestos de trabajo“. La productividad (que es la producción dividida entre los recursos utilizados, de capital, empleo, energía, materia prima o servicios) aumenta cuando aplicamos tecnología. Así, a largo plazo se ha producido globalmente un crecimiento económico –con inflexiones en las crisis–, acompañado de un avance tecnológico impresionante que nos hace mucho más eficaces, y sin embargo, hay una distribución de la renta y de la riqueza cada vez peor dentro de los distintos países, que lleva a una importante dualidad social. En efecto, un sector considerable de nuestra población se precariza o incluso una parte va quedando excluida.

En definitiva, durante las últimas décadas la tendencia general en el mundo ha sido la del aumento progresivo de la injusticia económica dentro de cada sociedad. Rasgo que se verá muy acentuado por la Gran Recesión de 2008, que ha dejado tras de sí importantes bolsas de pobreza y fracturas sociales. Esta tendencia general opera en España con especial intensidad, al menos en comparación con otros países de la UE, como muestran diversos indicadores: 1) el empleo precario, que supone la existencia de un sector de población que a pesar de trabajar es pobre; esto va aparejado a una degradación económica de muchas profesiones; 2) las dificultades de ciertos sectores de población más desfavorecidos, como el de los jóvenes, que cada día tienen más difícil abandonar el domicilio de sus padres, y no digamos poder fundar una familia; 3) la fuerte deriva hacia el denominado invierno demográfico; aunque en la disminución del número de hijos inciden decisivamente razones culturales, se ha observado una especie de “veto económico” a los menos ricos, que se añade peligrosamente a la fuerte deriva hacia un invierno demográfico nacional, con un creciente envejecimiento poblacional, que a su vez potencia otros problemas, como cierta insostenibilidad de las pensiones o la soledad, que se incrementarán con la escasez de nuevas generaciones para tomar el testigo de los lazos afectivos y el adecuado funcionamiento de una sociedad; 4) la carestía de la vivienda y el fuerte crecimiento del precio de la energía y otros servicios como el de Internet en España, en contraste con países de nuestro entorno; 5) la despoblación del mundo rural…

En este escenario, de por sí complejísimo, la crisis de la Covid-19, hace aflorar y acentúa la dureza de toda la problemática social indicada, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de tantas, y cada vez más, personas: quienes ya eran pobres y quienes rápidamente han empezado a serlo al perder sus trabajos; dándose los casos más extremos con aquellos que incluso tienen dificultades para comer o pagar sus viviendas. Por ello, sería inadmisible sufrir otra oleada de desahucios (con respecto a los cuales cabe prever que se ejecutarán en un año como consecuencia de la pandemia). A su vez, también es fundamental la ayuda a colectivos específicos, como a las PYMES y autónomos, para que no se hundan, evitando así el destrozo de nuestro sistema productivo y de nuestro tejido social en las ciudades y pueblos (no hay que olvidar a muchos pequeñas empresas y autónomos ya estaban sacando adelante sus negocios con gran esfuerzo). Debemos recordar, cómo la pequeña industria y el pequeño comercio venían sufriendo el embate del gran comercio, al que se ha añadido el avasallamiento de algunas grandes multinacionales que venden online, como Amazon, las cuales funcionan casi libres de impuestos (no olvidemos que el pequeño comercio vertebra y es el alma de las ciudades, y se da cada vez más la siguiente estela iniciada en los EEUU: zonas urbanas que son una mera yuxtaposición de viviendas). También debe tenerse presente la extraordinaria importancia de los agricultores, cuya imprescindible aportación a la comunidad se ha hecho más visible, y que sin embargo, como pasa en otras profesiones, ven cada vez más mermado su margen de beneficios, a la vez que su subsistencia se ve amenazada.

Desde hace tiempo, los indicadores venían reflejando esta problemática, como los datos apuntados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Según su Informe de 2019, el riesgo, bien de pobreza, bien de exclusión social (por la privación de recursos básicos y baja intensidad del empleo) abarcaba al 26,1% de la población española, siendo la mayoría de este grupo españoles y un tercio de ellos con trabajo. También las diferencias en los salarios reflejan una alarmante desproporción. Como se observa en este ejemplo: los máximos ejecutivos de las empresas del Ibex 35 han ido subiendo sus retribuciones hasta llegar a cobrar ¡123 veces el salario medio de la plantilla de sus empresas! Lamentablemente, la mencionada fractura social se está agravando mucho más aún con esta nueva pandemia.

Se concluye con una reflexión: durante la segunda postguerra mundial la desigualdad en los países de nuestra área se había ido limitando –en la misma medida en que avanzaba el Estado de bienestar–, lo que permitía legitimar al propio sistema capitalista, sobre todo dentro de los sistemas políticos democráticos más avanzados, dada su superioridad comparativa con otros sistemas. Sin embargo, el proceso se ha invertido con el crecimiento de la desigualdad, estando además bastante cercenado cualquier proyecto alternativo, y la conjunción de ambos factores constituye un abono del que pueden alimentarse las ideologías identitarias extremas (populistas, nacionalistas, integrismos religiosos, etc.). Precisamente, algunos estudios han concluido que la desigualdad es una gran amenaza al propio sistema democrático. Así se ha verificado a lo largo de la historia, como podemos ver con los ejemplos acontecidos tras la Gran Guerra: al desintegrarse los cuatro imperios derrotados (el Imperio Alemán, el Austrohúngaro, el Otomano y la Rusia zarista) todas las repúblicas que se formaron cayeron en dictaduras fascistas o militares como consecuencia de la Gran Depresión. Por consiguiente, las claves para el futuro de nuestra sociedad estriban en cómo se responde a dos interrogantes: en primer lugar, ¿dejaremos que se consolide esta inadmisible falta de equidad? A la vista de los efectos negativos tan intensos habidos hasta la fecha (tanto desde el punto de vista personal como colectivo, incluyendo un ulterior deterioro de nuestro sistema democrático, hoy por hoy ya resentido). Y, en segundo lugar, ante estos efectos tan duros ¿qué grado de desigualdad estamos dispuestos a tolerar?

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Segundo brote en mal momento, con peores condiciones y sin la lección aprendida

Personas con mascarilla paseando por el centro de Barcelona. REUTERS/Albert Gea
Personas con mascarilla paseando por el centro de Barcelona. REUTERS/Albert Gea

 

La economía mundial está viviendo una situación nunca antes vista. Un “desastre insólito”, en palabras del Fondo Monetario Internacional. El confinamiento hizo estragos mayores de los previstos y la caída de la actividad en el segundo trimestre marca hitos históricos: 32,9% en Estados Unidos y quizá más en algún otro país, como sabremos a medida que se vayan publicando los datos.

La recuperación tras la desescalada no se está produciendo tan vigorosamente como se creía. El distanciamiento social que todavía debe mantenerse y la necesidad de tomar rigurosas medidas de prevención e higiene lastran la productividad e incluso hacen imposible que muchos negocios puedan volver a obtener ingresos suficientes. Los mercados de bienes se desquician y las subidas de precios finales se mezclan con las caídas de otros en origen, dejando, al mismo tiempo, regueros de pérdidas en unos sitios y beneficios monopolistas en otros. Sólo las bolsas y los mercados financieros, completamente ajenos a la realidad económica, mantienen alzas constantes que enriquecen sin parar a los grandes propietarios y fondos de inversión, gracias a que los bancos centrales alimentan la especulación y el incremento innecesario de la deuda, además de dedicar cientos de miles de millones a realizar compras que garanticen artificialmente el alza constante de las cotizaciones.

El Fondo Monetario Internacional, en la onda de la mayoría de los análisis que se han venido realizando, pronosticaba en su informe de abril pasado que las economías se recuperarían fuertemente en 2021 “suponiendo que la pandemia se disipa en el segundo semestre de 2020 y que las medidas de política adoptadas en todo el mundo sirven para evitar quiebras generalizadas de empresas, cuantiosas pérdidas de empleo y tensiones financieras sistémicas”. No parece que se estén dando las condiciones para que eso sea lo que vaya a ocurrir.

Es más, todo parece indicar que el segundo brote de la pandemia se adelanta. No sé cuál pueda ser su efecto sanitario pero el económico me parece bastante claro. Todos los pronósticos que se han venido realizando señalaban una caída extraordinaria de la actividad (añadida a la ya producida) si se registraba una segunda ola en el otoño o invierno próximos; y si viene antes, las consecuencias serán mucho peores.

La carencia de las respuestas internacionales coordinadas que requiere un problema de naturaleza global es la primera razón que lleva a contemplar con pesimismo el futuro inmediato. La búsqueda desesperada de vacunas sin poner en marcha un proceso de colaboración mundial que permitiera acelerar la obtención de resultados, evitar el despilfarro de recursos y garantizar la cobertura más amplia posible de la población mundial es una muestra flagrante del fracaso de nuestra civilización. Ni ante una amenaza tan grande como la que parece que tenemos sobre el planeta somos capaces de trabajar en común y buscar soluciones compartidas.

Por otro lado, aunque algunas economías están haciendo un esfuerzo fiscal inmenso para atajar los efectos de la pandemia, la realidad es que la inmensa mayoría de los países del mundo se encontraban en situación bastante comprometida con anterioridad (sobre todo, por la carga de la deuda) y eso les está impidiendo dedicar el dinero suficiente para evitar el daño sanitario y la crisis económica galopante que ha producido la Covid-19. Los gobiernos dedican recursos extraordinarios para garantizar los ingresos de las empresas y los hogares en todo el mundo, pero excepcionalidad no equivale a suficiencia.

Solo entre los países más avanzados del mundo que forman el G20 hay una diferencia de 30 a 1 en el porcentaje del PIB que han dedicado a los estímulos fiscales contra la Covid-19: del 21,1% de Japón al 0,7% de México en junio. Alemania ha dedicado el 38% de su PIB a conceder garantías de préstamos a sus empresas, frente una media del 4% en el G20, y sólo el 10% de los países ha podido realizar inyecciones de capital como ayudas a sus empresas. Si estas diferencias se dan entre los países más grandes, imagínense las que se están dando con otros más pobres y en peor situación y las carencias que se deben estar produciendo en estos últimos.

En relación con la deuda que ata las manos a la inmensa mayoría de los países a la hora de afrontar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia se han tomado medidas positivas para conceder ayudas y moratorias en el pago de alguna parte de la deuda en algunos países, pero en muy pocos y también en cantidades completamente insuficientes. La única forma que tienen los gobiernos (desde los más ricos a los más pobres) de hacer frente a este desastre es endeudándose y si no se toman medidas globales de reestructuración, quitas y refinanciación inmediatas será imposible evitar una depresión global en los próximos meses y una crisis bancaria y financiera a corto plazo.

La apuesta por la que han optado las grandes economías es la de tratar de salvarse a ellas mismas a toda costa, a las bolsas y a un sistema financiero cada día más insolvente y podrido. Una completa estupidez cuando este planeta y la economía mundial es un sistema complejo, entrelazado y cuyas partes dependen inevitablemente las unas de las otras.

Es imprescindible, pues, que se alcen las voces en todo el mundo para reclamar coordinación, colaboración, solidaridad y medidas globales para un problema global que no deje en la cuneta a docenas de países y a cientos de millones de personas y que establezca como prioridad la salvación de los seres humanos y de las empresas que crean los bienes y servicios que realmente se necesitan para garantizar el sustento de la población mundial.

En España también tenemos razones para estar preocupados con la posibilidad de que se de un segundo brote y, más todavía, si se adelanta. De hecho, estamos sufriendo ya una segunda oleada de consecuencias adversas sin que ni siquiera se haya reconocido que estemos en otra oleada de la pandemia que obligue, de nuevo, al cierre de actividades.

Como muchos habíamos previsto, la desescalada no significó la vuelta a la normalidad de todas las empresas. Un gran porcentaje de ellas no pudo abrir y otras lo han hecho con un ingreso claramente insuficiente e incluso con la amenaza de no poder aguantar por mucho tiempo el bajo ritmo de la actividad. Desconozco los datos concretos de nuestro país, si es que se han obtenido, pero las estimaciones de otros más o menos similares o para grupos bastante amplios, indican que la mortalidad empresarial va a ser muy grande: en diversos estudios se señala que las dos terceras partes de las pequeñas y medianas empresas (las más vulnerables) no tienen liquidez para aguantar más de dos meses sin ingresos, que en término medio estiman reducir su empleo en un 40%, o que entre el 25% y el 36% habrían cerrado definitivamente sólo en los primeros cuatro meses de la pandemia. En España la situación será peor porque somos la tercera economía de la OCDE con mayor peso de las pequeñas empresas justo en los sectores más afectados por la crisis de la Covid-19 (los datos aquí).

La amenaza de rebrote se produce en un mal momento para España porque impacta de lleno en plena temporada turística. Se pueden tener todos los debates que se quiera sobre las luces y sombras del papel de turismo en nuestra economía y sobre su mejor futuro, pero lo cierto es que la caída de ingresos que se avecina va a suponer una catástrofe no sólo para las empresas y el empleo del sector sino para el conjunto de la economía española.

Es un mal momento y además este posible rebrote nos llega cuando estamos en peores condiciones que en febrero, porque la primera ola de la pandemia nos ha provocado, además de la crisis económica, otra reputacional importante y que condiciona en buena medida el impacto final de las políticas económicas y nuestra capacidad de obtener recursos.

Nuestros sistemas estadísticos están dejando mucho que desear, estamos apareciendo como un país poco serio y que carece de la información inmediata y rigurosa que es imprescindible para gobernar con éxito este tipo de situaciones. Algo que en modo alguno puede achacarse por completo a un gobierno que lleva tan poco tiempo como el actual.

A la mala reputación de nuestra gobernanza y al marasmo estadístico en concreto contribuye, quizá en la mayor medida, la caótica gestión de la crisis que están haciendo los gobiernos autonómicos, aunque toda la responsabilidad quizá no sea exclusivamente suya. En Alemania, un Estado federal en principio más descentralizado que el nuestro, también ha habido tensiones entre el gobierno central y los Lander, pero se ha mantenido la coordinación y Angela Merkel ha impuesto el contacto, la coordinación y el orden de marcha permanentemente.  En nuestro caso, no creo que se pueda separar el progresivo empeoramiento de la situación del final del “mando único” y del recobrado protagonismo de las diferentes autonomías. Valga como solo ejemplo que, en medio de una pandemia que están causando tantos muertos y tanta ruina sin entender de fronteras, los presidentes de Cataluña y País Vasco hayan anunciado que no acudirán a la reunión convocada por el presidente del Gobierno en agosto: una felonía que indica el desgobierno en medio del que nos encontramos, aunque no sea achacable sólo a esos presidentes autonómicos, pues el presidente Pedro Sánchez debería haber hecho habitual y no esporádico ese tipo de reuniones durante la pandemia.

No menos daño hace a nuestra reputación el clima de permanente y agresivo conflicto político, tan diferente de los consensos básicos o más o menos amplios que se dan en los países que mejor están respondiendo a la crisis. Están dando lugar a que tengamos que terminar saliendo de nuevo a las calles para decirle a una clase política incapaz de llegar a acuerdos que así no representa a la gente corriente y que, en consecuencia, renuncien a sus cargos y se vayan todos a la calle.

Finalmente, si finalmente se produce un segundo rebrote llegaría a nuestro país en muy malas condiciones porque lo cierto es que los paquetes de ayudas que se han dado a las empresas y a los hogares han sido insuficientes. Según los últimos datos que publican el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales (aquí y aquí), representan un 13,7% de nuestro PIB (3,7% de estímulo fiscal + 0,8% de aplazamientos diversos + 9,2% de garantías y otras ayudas), frente al 48,7% en Italia (3,4% + 13,2% + 32,1%); 47,8% del PIB en Alemania (13,3% + 7,3% + 27,2%); 27,3% en Francia (4,4% + 8,7% + 14,2%); o 19,1% de Portugal (2,5% + 11,1% + 5,5%).

Dado el impacto que sabemos que está teniendo la Covid-19 en nuestra economía es evidente que necesitamos más recursos a corto plazo, es decir, más garantías para que las empresas puedan aguantar si tienen asegurada su actividad cuando acabe la pandemia, para reinventarse si sus condiciones han cambiado, o para que puedan consolidarse nuevos proyectos de inversión en las condiciones adversas en las que estamos. También para que el propio Estado pueda servir de motor de la innovación y del cambio liderando la I+D+i y proporcionando o financiando el capital social que el privado y la sociedad en su conjunto necesitan para salir adelante; para que pueda mantener los servicios públicos esenciales y para evitar el drama de miles de familias que siguen sin percibir ningún tipo de ingreso desde hace semanas.

Un estudio reciente de la consultora McKinsey señalaba que las economías que mejor están haciendo frente a esta crisis, más que las liberales, son las que disponían de políticas social más potentes, de mercados laborales más regulados y de instituciones más fuertes y ágiles (aquí). Nosotros llevamos demasiado tiempo circulando en dirección contraria y eso ahora nos ata las manos. Si no aprovechamos esta crisis para dar un salto hacia adelante y para cambiar de rumbo, colocándonos en la vía por donde avanzan los países que hacen mejor las cosas, lo vamos a pagar muy caro.

Lamentablemente, no parece que hayamos aprendido la lección de las luces y sombras que tuvo el primer impacto de la Covid-19 en nuestra economía y tenemos, al menos, cuatro tareas pendientes.

La primera, lograr el imprescindible acuerdo nacional para poder tomar las medidas de choque necesarias. La segunda, mejorar de la transparencia, la información y la comunicación porque sin ellas no hay liderazgo posible en las condiciones tan adversas en las que nos encontramos. La tercera, conseguir como sea la imprescindible coordinación entre autoridades e instituciones. Y, finalmente, tomar medidas -por muy arriesgadas que sean- para disponer de los recursos adicionales que son imprescindibles para salir sin demasiados rotos de esta crisis.

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El rey corrupto y los súbditos lameculos

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El mérito del rey emérito (digno, merecedor, justo, correspondiente, estimable, apreciable, digno, honorable, acreditado, distinguido, loable, laudable, merecedor) es ser todo lo contrario del título que le entregó la rancia derecha española. El único mérito del emérito rey es haber sido puesto ahí por un desmérito tirano que mató a miles de españoles.

 

Cómo se califica a un pueblo que tiene en el poder y en la jefatura de gobierno a una monarquía corrupta y a la que la defienden porque supuestamente es un símbolo de la “unidad” de España, cuando la querida España ha estado dividida desde que existe la monarquía y ahora la división del pueblo español es más clara todavía. Más bien, Fernando el católico se empeñaba en separar las coronas, teniendo hijos por doquier para que cada uno heredera una corona, el católico tuvo 33 hijos con una y con otra. Una monarquía que no ha logrado ninguna unidad ni conexión entre todas sus naciones, por el contrario, ha centralizado todo en Madrid, ha concentrado la riqueza de los españoles en las élites madrileñas, y dentro de las élites en la corona calva y rechoncha del rey. Y por ello, hay quienes reclaman la independencia, la plurinacionalidad, la abolición, etc.

 

Cómo se aprecia a un pueblo que alaba al imperio romano y dice que les fueron a civilizar porque sus antepasados eran salvajes y bárbaros. Imperio que eliminó sus culturas, espiritualidades y lenguas milenarias y autóctonas, a sangre y fuego, con millones de muertos. Y ese pueblo ahora se vanagloria de que su filosofía es la griega, de que su derecho es el romano, y de que su religión es la helénico-semita (cristiana). Un pueblo sin raíces, sin orgullo de su Hispania. Qué pueblo es ese.

 

Cómo se entiende a un pueblo que dice defender a la monarquía porque representa la parte culta y fina de la sociedad española, cuando ésta hasta hace 100 años le mantuvo analfabeto al 80% del pueblo español. Y si bien ahora ya no hay analfabetos, los niveles de analfabetismo cultural, epistémico, político, histórico, es alarmante. España tiene los peores niveles de Europa occidental, lo que ha provocado un gran nivel de baja autoestima o complejo de inferioridad en la mayoría de españoles.

 

Cómo se dice de un pueblo que mantiene a una monarquía parasita, que no produce nada, que solo consume, y que lo quieren seguir conservando porque el rey es “guapo” y “alto”.

 

Cómo se considera a un pueblo que gusta de poner alfombras, que siente placer de ser sirviente, que se complace en agachar la cabeza, que se honra de ser súbdito y vasallo de una familia que se hace llamar noble e hidalga, cuando históricamente ha sido innoble y bellaca. Desde Cristina de Borbón hasta Jun Carlos de Borbón, que se han robado los recursos del Estado y que compiten entre ellos cuál es el más ladrón de la familia real.

 

Cómo se llama a un pueblo que tiene a una monarquía históricamente corrupta, a una familia que ha vivido en el lujo y el derroche a costa de la explotación del pueblo español. El cual ha tenido que derramar lágrimas para poder sobrevivir, y a pesar de todo ello le sigue sosteniendo porque representan el sueño del príncipe azul y de blanca nieves, de los que hubieran también querido ser parte.

 

Cómo se explica de un pueblo, que busca hasta con lupa corrupción en la izquierda y se hace de la vista gorda con la monarquía y todos los casos del PP, y hasta le siguen dando su voto y su confianza. Les apesta más la corrupción de la izquierda, que la corrupción endémica y normalizada de la pandémica corona-derecha.

 

Cómo se comprende a quienes dicen ser de izquierda y defienden a la monarquía, la institución responsable de la situación de que España sea considerado el país más subdesarrollado de Europa occidental. O es que la compleja situación de España es culpa y responsabilidad de los pobres españoles, de los migrantes, de los homosexuales, de los independentistas, de los abolicionistas.

 

Cómo se percibe a gente que dice que la monarquía es hija del pueblo español, cuando ésta les ha tratado como un padrastro cleptómano, de que se ha llevado la plata a Suiza para desde ahí pagar sus andanzas por medio mundo, en vez de invertir en la economía española, y encima ni siquiera ha pagado impuestos. La monarquía ha sido una hija parricida y putativa de España.

 

Cómo distinguir a un pueblo que busca su unidad en la figura de un individuo cuyo único mérito es ser hijo de un padre, y que solo por ello está en la Jefatura de un Gobierno; mientras otros pueblos buscan la unidad en cuestiones culturales, sapienciales, ontológicas, y se esfuerzan porque sus autoridades tengan méritos suficientes para estar en esos puestos.

 

Cómo concebir a un pueblo que se sostiene en castillos en el aire y no en la pujanza de su pueblo labrador que ha construido todo lo positivo y bello de España.

 

Cómo se expone de un país en la que su prensa es abiertamente pro-monárquica, derechista, y se auto califica de independiente, algo que no se lo cree nadie, como lo demostró un estudio de que España es el país de Europa Occidental con menos confianza en la prensa.

 

Cómo pensar de un pueblo que vive como culebrones la vida de las familias monárquicas, sus intrigas y sus amores, sus ansias y desvaríos, sus ambiciones y miserias. De que su vida depende de cómo se haya levantado el rey, de que su destino cuelga de si el rey no se ha empachado por comer demasiado, de que está a expensas de que si el rey tuvo una buena noche de Sexo Loco con una de sus amantes.

 

Cómo citar a un pueblo que protege a la monarquía, cuando ésta representa la historia de saqueos, esclavismo, corrupción, arrogancia de una familia; a costa de su pueblo y de otros allende el mar.

 

Cómo se estima a aquellos cortesanos que reciben de la monarquía unas cuantas monedas que les lanzan al piso para que las recojan, porque su trabajo es lanzarle loas y piropos para que no se caiga la monarquía, por ejemplo: “la monarquía y la constitución son indisolubles”.

 

Cómo se expresa de un pueblo que ahora sabe que su rey recibía “regalitos”, todo lo cual lo escondía y callaba, y con cuyos dineros hacía excursiones de matanza de elefantes y otras felonías; pero que le da lo mismo porque el rey es “chulo”, y solo se inmuta si roba un pobre español, un migrante, un izquierdista; y encima saca las banderitas de España, quizás queriendo decir: España es de la monarquía española y no del pueblo español. Y quién le hacía eso “regalitos”. Pues, los jeques árabes para que el rey de España les ayude a vender España a los capitales de las monarquías árabes, pero igual todo esto a los súbditos y serviles les importa un maldecido borbón.

 

Cómo se concibe que los pobres españoles tengan que salir de su país para venderse en los campos de Europa, convirtiéndose en los peones de los grandes productores europeos, lo que conlleva a consolidar el concepto y la idea de que España es la más subdesarrollada de Europa occidental, y se reafirme la visión de que los españoles son los africanos de Europa. A esto, añadido de que los españoles sienten placer matando a los toros, y que son igual de fanáticos religiosos como lo son los fundamentalistas musulmanes y judíos. Mientras en Europa del norte han transformado las iglesias en bibliotecas, las iglesias en España están abarrotadas de meas culpas. España tiene la mayoría de claustros activos del mundo. ¿Eso dice algo?

 

Cómo se distingue a quienes intencionadamente confunden a la monarquía española con España, a una familia con todo el pueblo español, a un grupúsculo de personas con toda la nación española.

 

Afortunadamente, ahora son una minoría de españoles los que todavía siguen generando vergüenza en el resto del mundo, que siguen provocando de que se sigan mofando de España, especialmente por parte de los europeos. La monarquía y la iglesia son la expresión de la decadencia y la putrefacción de la sociedad monárquica española, de una gran pobreza moral, intelectual y cultural.

 

 

https://www.alainet.org/es/articulo/208141

¿Por qué AMLO es imbatible?, hasta ahora

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JORGE ZEPEDA PATTERSON

Los muchos críticos del goierno de Andrés Manuel López Obrador asumen que su mayor, si no es que única, fortaleza reside en los niveles de aprobación que sostiene tras año y medio en el poder. La estrategia para derrotar al Presidente mexicano, o al menos neutralizarlo, asumen en estos círculos, pasa entonces por minar esta fuente de apoyo mediante la exhibición de la pobreza intelectual y ejecutiva que atribuyen al Presidente y la ineficacia de su gobierno. Bajo esta lógica, por más argumentos populistas que difunda el soberano, la ausencia de resultados y la inoperancia terminarán por ahogar las expectativas y debilitar el apoyo de las masas.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Es cierto que los niveles de aprobación han ido descendiendo aún cuando se mantengan por encima de 60 por ciento (en su máximo rozaron 80 por ciento). Sin duda el ejercicio del poder desgasta la imagen. Pero hábilmente aprovechado el ejercicio del poder, como todo músculo, también se expande. Y es eso lo que ha venido haciendo López Obrador. Mientras sus críticos se regodean con la última ocurrencia o declaración que, a su juicio, demuestra la ignorancia o mala fe del mandatario, este teje un entramado de alianzas con poderes fácticos que poco a poco van fortaleciendo su posición y dotando de botones y palancas a la cabina de mando desde la que pilotea al país. Los adversarios creen que van ganando la narrativa ante la opinión pública, algo que incluso estaría en discusión, pero de lo que no hay duda es que el Presidente está venciendo en lo que concierne a la correlación de fuerzas. Véase si no.

Las fuerzas armadas. A lo largo de muchas décadas, en México el Ejército ha sido leal al poder ejecutivo, sin importar el partido o la persona que lo ejerce. Sin embargo, en el caso de López Obrador la relación va más allá de una lealtad institucional. Las coincidencias están a la vista: origen social y geográfico, ideología y hasta giros del lenguaje son compartidos con el grueso de los soldados y sus oficiales. Las fuerzas armadas coinciden plenamente con la visión del Presidente porque en muchos sentidos también es la suya. Un acendrado nacionalismo, una perspectiva estatista de los asuntos públicos, una obsesión por la historia patria, una atención mayúscula a lo que pasa más allá de las ciudades, un contacto permanente con el pueblo y sus tradiciones. En muchos sentidos el Presidente, es “su residente” por vez primera en muchos sexenios. Consecuentemente, los militares han terminado por convertirse en su brazo derecho, el sector que goza de su confianza para ocuparse de todo aquello que no puede fallar, trátese de la construcción de sucursales bancarias, aeropuerto o tren, o de la distribución de medicinas, libros de texto y dinero de los programas sociales, administración de aduanas y puertos o limpieza del sargazo en las playas. Además, claro, de la seguridad pública, incluyendo el control de la Guardia Nacional.

Estados Unidos. No hay un presidente mexicano en la historia reciente que haya tenido la relación que López Obrador ha cultivado con la Casa Blanca. Y tratándose de Donald Trump, no es poca cosa. Si al menos ha servido para evitar las represalias que se suponían inminentes, dada la hostilidad del neoyorquino, lo que ha conseguido el tabasqueño es significativo. Están lejos los tiempos en que se decía que Washington imponía candidatos y vetaba decisiones de política interna de su vecino del sur, pero nunca más cierto que ahora el viejo refrán de que un catarro en Estados Unidos provoca neumonía en México. El diálogo abierto que sostienen ambos presidentes y algunas exhibiciones de apoyo mutuo, han convertido al factor “yanqui”, contra todo pronóstico, en un frente favorable para el supuesto presidente de izquierda que tendría que haber sido satanizado por Estados Unidos.

Cúpula empresarial. Contra lo que se piensa, López Obrador se ha cuidado de mantener una relación amistosa con las grandes fortunas del país. Si bien con los organismos empresariales ha mantenido una relación fluctuante, sobre todo por su renuencia a apoyar a la iniciativa privada en los paquetes de reactivación económica tras la pandemia, su relación con Carlos Slim, Salinas Pliego y similares ha sido regular y constante. En su Consejo Asesor Empresarial no están los representantes oficiales de los organismos empresariales sino los que verdaderamente pesan en la Bolsa Mexicana de Valores. Paradójicamente, incluso, la relación con los dueños del dinero en su conjunto podría ser más favorable que la de sus antecesores. Los presidentes del país solían tener sus favoritos, los llamados empresarios del sexenio; un par de constructoras, amigos favorecidos, compadres vinculados al poder. No es el caso de López Obrador. Ha abierto el juego de los proyectos ambiciosos al mejor postor y al parecer sin cargar los dados, como antes se hacía. Algo que los grandes capitales le están reconociendo.

Gobernadores de oposición. No en todos los casos, pero en algunos que se antojaban poco probables, el Presidente ha logrado desarrollar una relación de empatía o hacer causa común con gobernadores de partidos rivales y, en esa medida, debilitado los intentos de formar un sólido club de mandatarios de oposición. Los titulares de Oaxaca o Hidalgo, de filiación priista, parecerían pertenecer a Morena e incluso los más enconados en sus críticas, como los de Guanajuato o Jalisco, han reculado ante las propuestas del Presidente.

Otros frentes le son aun más favorables, pese a que los límites de este texto impidan abordarlos. En el Poder Legislativo ha obtenido las mayorías que necesita y en el sector obrero la difícil aristocracia sindical, dolor de cabeza de otros presidentes, actúa con timidez dada la popularidad de AMLO entre sus bases.

En suma, los críticos del Presidente han asumido erróneamente que su fortaleza reside en una narrativa demagógica que genera el apoyo de los sectores populares. Actúan como si se tratase de un fenómeno momentáneo: un líder carismático y un océano de personas engañadas. Bajo ese supuesto, piensan que bastará con denunciar el fracaso de sus políticas para pinchar la burbuja gracias a la que el tabasqueño se ha encaramado al poder. No es así. Para efectos prácticos, el Presidente no ha hecho más que consolidarse a lo largo de los meses, más allá de los niveles de aprobación. En términos de correlación de fuerzas, hoy por hoy no hay oposición real o algún contrapeso enfrente de su gobierno. Por más que las columnas políticas o los hashtags de las redes sociales se solacen con el último meme de un desliz presidencial, este cada vez está más blindado.

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EL MENSAJE GEOPOLÍTICO DE AMLO EN WASHINGTON

La capacidad productiva de México se encuentra desarticulada. Con la entrada en vigor del TLCAN en 1994 hubo una reestructuración económica que apuntó a establecer un lazo de subordinación centro-periferia. Es así como se abandonó el campo y comenzó su desmantelamiento, al mismo tiempo se erosionaba la industria nacional hasta el punto de extinguirla, consiguiendo reducirla a maquilas dispersas, esto provocó no haber desarrollado tecnología de vanguardia en los últimos 35 años.

Nuestra capacidad financiera se vio mermada al privatizar los bancos, mismos que fueron a parar a manos de capitales extranjeros. Sus dividendos nunca se quedaron en el país, y el financiamiento de empresas se volvió imposible, el crédito se encareció.

Los planes y programas de estudio de las universidades públicas se enfilaron a producir mano de obra barata para la maquila haciendo a un lado la formación fuerza de trabajo altamente calificada que las caracterizó para echar andar la industria nacional. Se intentó privatizar a las universidades, y poco a poco lograron avanzar en ello al subir las cuotas de ingreso. El capital transnacional pudo intervenirlas gracias a su abandono.

EL MENSAJE GEOPOLÍTICO DE AMLO EN WASHINGTON

Los presidentes desde la época en que se implantó el neoliberalismo. Foto: Internet

Es imposible hacer un análisis de la situación actual sin tomar en cuenta que el auge del narcotráfico vino de la mano con el periodo neoliberal. Tuvo su soporte además en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, formando una clase política sumisa y temerosa al poder autoritario de la tecnocracia.

Es ahí donde la corrupción se desató de forma imparable ya que produjo un aumento de la pobreza y profundizó las desigualdades sociales. Entre mayor la entrega de los recursos de la nación, mayor la descomposición social. Para lograr todo esto, tuvieron que establecer un cerco a cualquier posibilidad de democracia en el país. Es por ello por lo que impidieron el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional, y reprimieron a la oposición a través de asesinatos de militantes de lo que sería la primera etapa del Partido de la Revolución Democrática.

El despojo vino de la mano de fraudes electorales y la degradación de la convivencia social a través del narcotráfico, que derivó en lo que conocemos como necropolítica. La amalgama producida entre el narcotráfico, clase política y clase empresarial dedicadas a sustraer recursos de la nación imponiendo un régimen de excepción.

EL MENSAJE GEOPOLÍTICO DE AMLO EN WASHINGTON

La firma del Pacto por México. Foto: Especial

La joya de la corona fue la reforma energética, que entregaba los recursos naturales estratégicos a los capitales transnacionales. Se le quitaba el sostén al Estado mexicano, y se apuntalaba una forma aún más radical de control atentando contra la soberanía nacional.

La tarea de la Cuarta Transformación es acabar con la corrupción que ha producido esta deriva histórica. En su guerra con China los Estados Unidos de América han emprendido una nueva reestructuración de su zona de influencia. Al encontrarnos en esta jaula geopolítica urge pensar no sólo en términos domésticos.

El discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington apela a producir una ventana de oportunidad. Intentar rescatar la economía nacional revirtiendo el déficit de la región. Produciendo lo necesario para la evitar la dependencia de otras partes del mundo, preparando las condiciones en caso de que existan cierres de fronteras, si es que la guerra económica deviene en guerra militar.

EL MENSAJE GEOPOLÍTICO DE AMLO EN WASHINGTON

John Saxe-Fernández apunta algo sumamente importante, la salida histórica de este escenario inédito debe tomar en cuenta el fortalecimiento democrático, y construir un movimiento social que lo defienda. La vía de la cuarta transformación es la pacífica. Quizás es por ello, que los intelectuales orgánicos de la reacción intentan menospreciar el resultado de las urnas de 2018.

Los golpes de estado en América Latina el siglo pasado fueron parte esencial de la doctrina Monroe. Los agravios que existen contra México son muchos mencionó el presidente con mayor legitimidad en la historia de nuestro país. Mientras Benito Juárez intentaba recuperar la república, y sucedía la intervención francesa, Lincoln intentaba salir al paso del saldo de la guerra civil americana. López Obrador elogió el respeto mutuo en esas condiciones entre ambas naciones.

¿Habrán entendido el mensaje en Washington?

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Depresión: la pandemia que va en aumento

Obras en Pintura del pintor escultor - Albert Cruells > Depresion

CARLOS J. GUIZAR

Antes de la llegada del Covid-19 y sus implicaciones, más de 300 millones de personas sufrían depresión en el mundo, lo que la convierte en la principal causa de discapacidad (OMS, 20/01/20).

En México, el 15 por ciento de la población sufre depresión y está considerada como la primera causa de suicidioen el país. Se calcula que uno de cada cinco mexicanos padecerá esta condición antes de los 75 años (INEGI; UNAM Global, 27/06/19;y Género y Salud en Cifras, 2017).

Debido a la crisis sanitaria por el Coronavirus, así como las pérdidas humanas y económicas, la ONU ha hecho un llamado para que se tomen medidas para atender la salud mental porque existe el riesgo de se incrementen los suicidios y los padecimientos psicológicos.

Primero, ¿cuánto nos afecta esta crisis?

Entre 2013 y 2014, 25 por ciento de los estadounidenses se sentían deprimidos o sin esperanza, pero ahora, durante la pandemia, la mitad de la población ha experimentado sentimientos depresivos (Washington Post, 26/05/20).

Ante el posible aumento en los padecimientos mentales por el Covid-19, preocupa que la gente no se atienda de manera oportuna. En México, menos de 20 por ciento de quienes sufren depresión acuden con un especialista y, en algunos casos, lo hacen hasta después de 14 años de haber tenido las primeras señales (Secretaría de Salud, 23/07/17).

Segundo, les pega más a los jóvenes

En Estados Unidos, 36 por ciento de los jóvenes de entre 18 a 29 años de edad reportaron síntomas de depresión, porcentaje que baja según la edad, porque para aquellos de 30 a 39 años se redujo en 28 por ciento y para quienes tienen más de 80 años baja drásticamente a 9 por ciento.

Tercero, ¿cómo detectarla?

No es lo mismo estar triste que tener depresión. Algunos de sus síntomas son: sentimientos de tristeza, culpabilidad o vacío, pesimismo, falta de esperanza, cambios en el apetito, dificultad para dormir o para concentrarse, pensamientos de muerte o suicidio, pérdida de energía o fatiga, irritabilidad e inquietud (NIH).

En el mundo, más de la mitad de las personas que padecen depresión no reciben tratamiento profesional, sin embargo, esta cifra puede llegar a 90 por ciento en algunos países, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Antes de la llegada del Coronavirus la depresión ya era una pandemia mundial que afectaba a millones de personas y que representaba un riesgo para la población. Ahora, con el confinamiento, los fallecimientos, el temor por la enfermedad o la incertidumbre, aumenta la posibilidad de que más personas la padezcan.

No hay que minimizar la salud mental, porque la depresión no es una condición que se vaya “echándole ganas”, sino que necesita ser atendida de manera adecuada para evitar sus terribles consecuencias.

Pintura de Albert Cruells 

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Defendiendo a López Obrador de sí mismo

imagen pluma firmas

JORGE ZEPEDA PATTERSON

En materia de golpes mediáticos el Presidente mexicano es un imán irresistible, sea para citar incorrectamente a Mario Puzo y su novela El Padrino, como para anunciar una reforma al sistema de pensiones que cambiará la calidad de la vejez de millones de personas. Un día inventa adversarios donde no los tenía para escándalo de muchos que no conciben a un Presidente que parece disfrutar la polarización de los mexicanos, al día siguiente firma un tratado histórico con Estados Unidos gracias a un enorme esfuerzo de contención y madurez. Hoy minimiza el uso del tapabocas, para consternación de todos, mañana se lanza a una gira en la que cicatriza divisiones con gobernadores de oposición recalcitrantes. En suma, cuando creemos que definitivamente ya lo hemos perdido en la burbuja optimista en la que vive, entre relatos patrióticos del siglo XIX, ataques fulminantes a sus críticos y abrazos a los sicarios, el Presidente regresa con un planteamiento histórico para modificar favorablemente la vida de los ciudadanos.

Por desgracia las redes sociales y la conversación pública no distinguen entre lo trascendente y lo frívolo, entre lo chusco y aquello que tiene posibilidades de modificar la historia. La “viralización” de la información sigue códigos perversos: obedece al potencial que una noticia tiene para provocar reacciones de humor y morbo y desatar emociones, particularmente las negativas. Probablemente se hablará más de un tuit polémico de Beatriz Gutiérrez Müeller, la esposa del Presidente, que del cambio en el sistema de pensiones para incluir a millones que antes eran ignorados. Es lamentable, porque el juicio que muchas personas hacen del gobierno se origina en los deslices y traspiés del mandatario, y no en el verdadero alcance de sus políticas públicas, que es lo que en realidad afecta a las personas.

Lo que no resulta tan explicable es que el Presidente caiga también en esa lógica. Al pararse ante un micrófono suele incurrir en la misma desproporción entre lo coyuntural y lo trascendente. A la mayoría de los mexicanos nos tiene sin cuidado la manera en que tituló una noticia el diario Reforma o el contenido de una columna política que el mandatario considera injusta, entre las 200 que se publicaron ese día. Y sin embargo, pasa del anuncio de una reforma de Estado que mueve océanos, por así decirlo, a la foto de portada de un diario que será archivo dentro de tres días: con una diferencia, lo de la foto le merecerá una reacción emocional que hará las delicias del gran público, mientras que el proyecto que hará historia será despachado con cifras y frases de bronce que pocos consultarán. Al día siguiente el Presidente hará un sentido reclamo al Reforma por haber destacado el chisme en primera página y minimizado la nota trascendente en páginas interiores, sin percibir que él está haciendo justo lo mismo al hacer el señalamiento. El Presidente hace una mención histórica de Benito Juárez y acto seguido le habla a la Nación de un tal Pablo Hiriart, un columnista al que él detesta, sin percatarse de la desproporción de su narrativa.

La justificación del Presidente para actuar así es que no desea dejar sin respuesta distorsiones de mala fe o críticas infundadas. No parece darse cuenta de que al mencionarlos obsesivamente en la máxima tribuna de la Nación, como él diría, los convierte en celebridades. El Reforma ha renacido, gracias al Presidente, como el espacio para aglutinar a todos los sectores que se le oponen. Ninguna campaña de publicidad podría haber sido más efectiva. Y Pablo Hiriart hoy es alguien para muchos millones de mexicanos que ignoraban su existencia. El Presidente no parece darse cuenta de que, al subir al ring a un actor social, le otorga una dimensión nacional e histórica.

Pero no reside allí el problema más allá del efecto contraproducente que supone agigantar artificialmente a sus adversarios. El problema es que son estos desahogos los que ocuparán los espacios y ahogarán la atención a los aspectos trascendentes de su sexenio. Me recuerda al profesor de yoga de la televisión que se exhibe semidesnudo para mostrar su físico impresionante y luego se queja de que no se ha prestado atención al mensaje espiritual que entraña la disciplina milenaria que él difunde.

Pero a diferencia del yogui en cuestión, el Presidente tiene un fondo más allá del ruido que él mismo genera y termina por desdibujarlo. En ese sentido habría que recuperar al López Obrador que está cambiando aspectos fundamentales del país, del López Obrador pendenciero de las mañaneras.

En dos años las reformas y las políticas públicas puestas en marcha por la 4T están provocando transformaciones importantes en beneficio del país. No todos estarán de acuerdo, desde luego, pero es este el criterio de evaluación contra el que tendríamos que medirlo. El propio AMLO no merece ser juzgado por exabruptos como calificar la pandemia de algo que nos viene “como anillo al dedo”, por más que haya sido mal interpretado.

Lo importante está sucediendo en otro lado, gracias a AMLO y a pesar de lo que él diga. Y lo que está sucediendo es un notable proceso de transformación en la dirección que el país necesitaba. Lo confirma el anuncio dado a conocer estos días del proyecto de reforma de pensiones, que ofrecerá a millones de trabajadores del sector informal una jubilación que no tenían y la rectificación del leonino trato que recibirían los que van a jubilarse a partir del 2023 al estar subordinados al infame régimen de 1997.

Una reforma que subsana una injusticia y se suma a muchas otras que benefician a los más necesitados. El mejoramiento de 30 por ciento en el salario mínimo, la transferencia de recursos masivos a los sectores desprotegidos, la reorientación del gasto a regiones geográficas desdeñadas, el combate al dispendio de la clase política, la reestructuración del sistema de salud y de la compra de medicinas, el enfrentamiento al robo de combustibles, la fundación de una estructura territorial para enfrentar el crimen organizado, el saneamiento de las finanzas públicas y el combate a la evasión fiscal, la disciplina espartana ante el endeudamiento, la ausencia de represión, la eliminación de las partidas sucias a la prensa y los periodistas, la designación de consejeros electorales al margen de las cuotas partidarias a las que nos habían acostumbrado el PAN y el PRI.

Insisto, aunque podría hacerlo mejor, pero en las cosas que importan la 4T no lo está haciendo mal. Es notable lo realizado en apenas 18 meses, aun cuando López Obrador no siempre nos permita verlo.

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