La vacuna es un bien público mundial

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Varias personas reciben sus respectivas dosis de vacuna en el Wizink Center de Madrid. EFE/ Emilio Naranjo
Varias personas reciben sus respectivas dosis de vacuna en el Wizink Center de Madrid. EFE/ Emilio Naranjo

Hay un cierto consenso en torno a que la pandemia actual permanecerá con nosotros durante mucho tiempo. Vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente cuyas características precisas todavía están por definirse. El juego entre nuestro sistema inmunitario y las mutaciones del virus no tiene reglas muy claras. Tendremos que vivir con la inseguridad, por espectaculares que sean los avances de las ciencias biomédicas contemporáneas. Sabemos pocas cosas con seguridad.

Sabemos que la recurrencia de pandemias está relacionada con el modelo de desarrollo y de consumo dominante, con los cambios climáticos asociados a este, con la contaminación de los mares y los ríos y con la deforestación de los bosques. Sabemos que la fase aguda de esta pandemia (posibilidad de contaminación grave) solo terminará cuando entre el 60% y el 70% de la población mundial esté inmunizada. Sabemos que esta tarea se ve obstaculizada por el agravamiento de las desigualdades sociales dentro de cada país y entre los distintos países, combinado con el hecho de que la gran industria farmacéutica (Big Pharma) no quiere renunciar a los derechos de patente sobre las vacunas. Las vacunas ya se consideran el nuevo oro líquido, sucediendo al oro líquido del siglo XX, el petróleo.

Sabemos que las políticas de Estado, la cohesión política en torno a la pandemia y el comportamiento de la ciudadanía son decisivos. El mayor o menor éxito depende de la combinación entre vigilancia epidemiológica, reducción del contagio a través de confinamientos, eficacia de la retaguardia hospitalaria, mejor conocimiento público sobre la pandemia y atención a vulnerabilidades especiales. Los errores, las negligencias e incluso los propósitos necrófilos por parte de algunos líderes políticos han dado lugar a formas de políticas de muerte por vía sanitaria que llamamos darwinismo social: la eliminación de grupos sociales desechables porque son viejos, porque son pobres o porque son discriminados por razones étnico-raciales o religiosas.

Por último, sabemos que el mundo europeo (y norteamericano) mostró en esta pandemia la misma arrogancia con la que ha tratado al mundo no europeo durante los últimos cinco siglos. Como cree que el mejor conocimiento técnico-científico proviene del mundo occidental, no ha querido aprender de la forma en que otros países del Sur Global han lidiado con epidemias y, específicamente, con este virus. Mucho antes de que los europeos se dieran cuenta de la importancia de la mascarilla, los chinos ya la consideraban de uso obligatorio. Por otro lado, debido a una mezcla tóxica de prejuicios y presiones de los lobbies al servicio de las grandes compañías farmacéuticas occidentales, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Canadá han recurrido exclusivamente a las vacunas producidas por estas empresas, con consecuencias por ahora impredecibles.

Además de todo esto, sabemos que existe una guerra geoestratégica vacunal muy mal disfrazada por llamamientos vacíos al bienestar y a la salud de la población mundial. Según la revista Nature del pasado 30 de marzo, el mundo necesita once mil millones de dosis de vacunas (sobre la base de dos dosis por persona) para lograr la inmunidad de grupo a escala mundial. Hasta finales de febrero, se confirmaron pedidos de unos 8.600 millones de dosis, de los cuales 6.000 millones estaban destinadas a los países ricos del Norte Global. Esto significa que los países empobrecidos, que representan el 80% de la población mundial, tendrán acceso a menos de una tercera parte de las vacunas disponibles. Esta injusticia vacunal es particularmente perversa porque, dada la comunicación global que caracteriza nuestro tiempo, nadie estará verdaderamente protegido hasta que el mundo entero esté protegido.

Además, cuanto más se tarde en lograr la inmunidad de grupo a escala global, mayor será la probabilidad de que las mutaciones del virus se vuelvan más peligrosas para la salud y más resistentes a las vacunas disponibles. Un estudio reciente, que reunió a 77 científicos de varios países del mundo, concluyó que dentro de un año o menos, las mutaciones del virus harán que la primera generación de vacunas sea ineficaz. Esto será tanto más probable cuanto más tiempo se tarde en vacunar a la población mundial. Ahora, según los cálculos de la People’s Vaccine Alliance, al ritmo actual, solo el 10% de la población de los países más pobres se vacunará a finales del próximo año. Más retrasos se traducirán en una mayor proliferación de noticias falsas, la infodemia, como la llama la OMS, que ha sido particularmente destructiva en África.

Existe consenso hoy en que una de las medidas más eficaces será la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes de vacunas contra la covid por parte de las grandes empresas farmacéuticas. Esta suspensión haría que la producción de vacunas fuese más global, más rápida y más barata. Y así, más rápidamente, se lograría la inmunidad de grupo global. Además de la justicia sanitaria que permitiría esta suspensión, existen otras buenas razones para defenderla. Por un lado, los derechos de patente se crearon para estimular la competencia en tiempos normales. Los tiempos de pandemia son tiempos excepcionales que, en lugar de competencia y rivalidad, requieren convergencia y solidaridad.

Por otro lado, las empresas farmacéuticas ya se han embolsado miles de millones de euros de dinero público a título de financiamiento para fomentar la investigación y el desarrollo más rápido de vacunas. Además, existen precedentes de suspensión de patentes, no solo en el caso de retrovirales para el control del VIH/sida, sino también en el caso de la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial. Si estuviéramos en una guerra convencional, la producción y distribución de armas ciertamente no quedarían bajo el control de las empresas privadas que las producen. El Estado, desde luego, intervendría. No estamos en una guerra convencional, pero los daños que la pandemia hace a la vida y al bienestar de las poblaciones pueden resultar similares (casi tres millones de muertos hasta la fecha).

No es de extrañar, por tanto, que ahora exista una vasta coalición mundial de organizaciones no gubernamentales, Estados y agencias de la ONU a favor del reconocimiento de la vacuna (y de la salud en general) como un bien público y no como un negocio, y la consecuente suspensión temporal de los derechos de patente. Mucho más allá de las vacunas, este movimiento global incide en la lucha por el acceso de todos a la salud y por la transparencia y el control público de los fondos públicos involucrados en la producción de medicamentos y de vacunas.

A su vez, unos cien países, encabezados por la India y Sudáfrica, ya han solicitado a la Organización Mundial del Comercio que suspenda los derechos de patente relacionados con las vacunas. Entre estos países no se encuentran los países del Norte global. Por ello, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de garantizar el acceso global a la vacuna (COVAX) está destinada al fracaso.

No olvidemos que, según datos del Corporate Europe Observatory, la Big Pharma gasta entre 15 y 17 millones de euros al año para presionar las decisiones de la Unión Europea, y que la industria farmacéutica en su conjunto cuenta con 175 grupos de presión en Bruselas trabajando para el mismo propósito. La escandalosa falta de transparencia en los contratos de vacunas es el resultado de esta presión. Si Portugal quisiera dar distinción y verdadera solidaridad cosmopolita a la actual presidencia del Consejo de la Unión Europea, tendría aquí un buen tema de protagonismo. Tanto más si otro portugués, el secretario general de la ONU, acaba de hacer un llamamiento a fin de considerar la salud como un bien público mundial.

Todo apunta a que, tanto en este ámbito como en otros, la UE seguirá renunciando a cualquier responsabilidad global. Con la intención de mantenerse pegada a las políticas globales de Estados Unidos, en este caso puede ser superada por los propios EE.UU. La administración Biden está considerando suspender la patente de una tecnología relevante para las vacunas desarrollada en 2016 por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

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¿Regreso al futuro? Sobre el programa económico de Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un acto reciente en la Casa Blanca.- EFE
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un acto reciente en la Casa Blanca.- EFE

 

La presidencia de Biden ha arrancado con un guion inesperado. Las medidas económicas anunciadas por la nueva Administración han sorprendido tanto por su volumen como por su ambición, que ha generado un intenso debate entre quienes ven en ellas un cambio de paradigma y quienes subrayan sus limitaciones o contradicciones. Para los más entusiastas, estaríamos asistiendo al inicio de un nuevo ciclo político-ideológico, a la altura de los que inauguraron F.D.R o Reagan, cuyos efectos serán profundos y de largo alcance. Las voces más críticas conceden que se trata de una serie de medidas expansionistas, útiles y bien intencionadas, pero subrayan al mismo tiempo su parcialidad, su insuficiencia o su carácter coyuntural (en última instancia, lo que algunos ven en el impulso reformista de Biden es un fenómeno de tinte más psicológico que económico: el reverso inesperado de aquella tremenda decepción que supuso para las filas progresistas el “giro pragmático” de Obama nada más acceder a la presidencia).

En todo caso, es un hecho notable y sorprendente que en el centro de la batalla ideológica estadounidense se haya instalado un debate profundo sobre la economía política del país, sobre el futuro del capitalismo norteamericano, y sobre las posibilidades de reordenar políticamente el sistema económico de la globalización. Este debate está apoyado en tres ejes fundamentales, que corresponden con las tres grandes iniciativas del primer programa económico de Biden. El primero es la reciente aprobación de la tercera ley de estímulo para combatir los efectos de la pandemia, un paquete legislativo de casi 2 billones de dólares que incluye transferencias directas para 160 millones de hogares, un refuerzo significativo de los subsidios de desempleo, un esquema de subvención de alquileres y deuda médica, y un programa piloto de lucha contra la pobreza infantil que incluye transferencias incondicionales para las familias de entre 3 y 4 mil dólares al año.

Varias de estas medidas son innovadoras, y su impacto en el tejido socioeconómico será sin duda significativo. En general, sin embargo, el paquete está marcado por su carácter coyuntural: las medidas se inscriben en el marco de las actuaciones excepcionales para hacer frente a la pandemia que inauguró el año pasado Donald Trump, y la propuesta estrella por la que peleaba la izquierda parlamentaria, la inclusión en el paquete de la subida del salario mínimo a 15 dólares la hora, fue tumbada en una maniobra administrativa de dudosa legitimidad que impidió que fuera tramitada junto con el resto de las medidas. En este sentido, la discusión principal se ha centrado ahora en la posibilidad de hacer permanentes alguno de estos programas -en especial los referentes a las ayudas por hijos e hijas a cargo y el refuerzo de los sistemas de desempleo-, lo que supondría una extensión del Estado social inédita en los últimos 40 años. La batalla por el salario mínimo tampoco se da por perdida, y es bastante probable que vuelva a plantearse en el futuro inmediato.

El segundo eje anunciado por Biden es una gran ley de infraestructuras —un paquete de inversiones públicas cifrado en unos 3 billones de dólares para los próximos ocho años. El programa incluye diversas medidas de gasto público: importantes desembolsos en investigación tecnológica, la modernización de la red eléctrica y cibernética, la rehabilitación de carreteras, puentes, y vías férreas, la reconstrucción de la red de abastecimiento de agua, así como inversiones en energía limpia, sistemas de transporte público, programas de vivienda, escuelas infantiles, residencias y cuidados para mayores, y otras medidas sociales como la gratuidad de la formación profesional o la cancelación parcial de la deuda estudiantil que ahoga a las clases medias del país. Aunque se ha señalado la insuficiencia de la dotación de varios de estos programas, en especial aquellos orientados a fomentar la transición ecológica, la iniciativa presentada incluye también una serie de medidas para incentivar la organización del trabajo, la sindicalización y la negociación colectiva en el marco de la economía verde.

El tercer eje, y quizá el más significativo de los tres, consiste en una propuesta de reforma fiscal que pretende recaudar al menos un billón de dólares adicionales para el Tesoro público en los próximos 15 años. Bajo este programa, el tipo impositivo para las empresas, que Trump bajó al 21%, subiría siete puntos hasta el 28%, y también se incrementarían sustantivamente los impuestos para quienes cobran más de 400.000 dólares al año (aproximadamente un 2% de la población, que sin embargo atesora el 25% de los ingresos totales en el país). De salir adelante, estas medidas supondrían la mayor subida de impuestos desde la Segunda Guerra Mundial -en un país donde, según denunciaba el propio Biden en estos días, hasta 50 de las mayores 500 corporaciones del país no han pagado un solo dólar en impuestos sobre sus beneficios durante los últimos tres años. En línea con estas dos medidas, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen también anunció recientemente la intención de establecer un mínimo tributario mundial para grandes corporaciones, con el fin de evitar la competición fiscal entre países y perseguir la evasión fiscal y el desvío de capitales. Esta última medida, que modifica sustancialmente la posición de EEUU respecto a la regularización de la tributación internacional, fue saludada por declaraciones de apoyo por parte de varios Gobiernos europeos e incluso del FMI.

Con todos sus límites y contradicciones, con la incertidumbre que impone el desarrollo futuro de estas iniciativas y su negociación parlamentaria, la combinación de estos tres pilares supone una transformación profunda de los paradigmas de gobernanza económica vigentes en los Estados Unidos. Por ninguna parte aparecen en este programa, o no lo hacen de momento, las coordenadas que han orientado de manera prácticamente obligatoria la política económica del país en los últimos cuarenta años: los principios rectores de la deuda pública y el déficit presupuestario, la preocupación por la lucha contra la inflación, la sucesión interminable de bajadas de impuestos inspiradas en la mitología del “goteo económico” desde arriba, o la asunción del concepto nebuloso de las “políticas de desregulación” como motor del crecimiento.

Por supuesto, esas coordenadas no impedían que el Estado ejerciera un papel económico fundamental, por ejemplo a través de su implicación en el desarrollo de la industria militar o de las subvenciones y ayudas fiscales a empresas. Pero el paradigma de la Gran Moderación sí había neutralizado prácticamente el papel redistribuidor del Estado, diluyéndolo en una cascada de rebajas fiscales y sucesivos recortes de programas sociales, cuyos efectos se observan hoy en la penuria presupuestaria de los sistemas públicos de educación, transporte o salud, o en el declive de las grandes infraestructuras públicas del país. Aquí reside gran parte de la novedad en el enfoque de la nueva propuesta económica de los demócratas: en lugar de ese credo difuso que otorgaba una prioridad permanente a la iniciativa privada, hoy aparecen una serie de esquemas de inversión pública a gran escala, financiados por una reforma fiscal progresiva, y combinados con programas de redistribución mediante la creación de nuevas prestaciones sociales casi-universales y sin condicionalidades restrictivas. Es una diferencia significativa.

¿En qué consiste pues la visión económica en la que parece apoyarse el programa económico de Biden? En primer lugar, el Estado aparece no solo como un actor económico legítimo para la inversión o el desarrollo productivo, sino como el responsable de diseñar y dirigir una política industrial destinada a reforzar los sectores económicos punteros (tecnológico, energético, farmaceútico) para reforzar su competitividad a escala internacional. Por otro lado, el Estado asume un papel activo para apuntalar y desarrollar otros sectores económicos -la construcción de infraestructuras, los sistemas de cuidados, la educación- que tienen por objetivo la creación de empleo y la absorción de mano de obra en un contexto de transición productiva y automatización creciente, al mismo tiempo que, mediante el desarrollo de una política social expansiva, estimula la demanda interna y refuerza la protección social en un país quebrado por la desigualdad, la pobreza, o la deuda estudiantil y sanitaria.

Esta visión de un sistema económico a varios niveles o a varias velocidades (sectores tecnológicos punteros, empleo público o semi-público con énfasis en el trabajo social, y sistemas de redistribución vía políticas públicas) tiene por objetivo reorientar desde arriba el sistema industrial norteamericano, salvarlo del declive en que lo sumieron la política comercial, las deslocalizaciones y la financiarización económica de la globalización desatada, y acabar así con la espiral de débil crecimiento, pérdida de competitividad, incremento exponencial de la pobreza y de la desigualdad, que ofreció la base material para la irrupción de Trump y para la crisis democrática que, bajo su presidencia, contribuyó a ahondar todas las anteriores.

Si esta reconstrucción de la visión que inspira el programa económico de Biden es correcta, aparecen entonces dos preguntas fundamentales: la primera, si es posible acometer esta reordenación vertical del sistema económico norteamericano; la segunda, si estas herramientas son adecuadas o suficientes para lograrlo. Como he mencionado, algunas de las críticas más sustanciales al programa económico de Biden enfatizan precisamente su carácter coyuntural, presentándolo como una intervención desesperada para intentar recomponer artificialmente la competitividad de una economía herida por la competición global que ella misma obligó a instaurar. De igual manera, las críticas a las políticas sociales inciden en su carácter esencialmente paliativo, que se limita a mitigar los efectos aparentes de ese sistema económico sin alterar en lo esencial las relaciones sociales y económicas que los generan.

Creo que en este sentido es importante señalar dos cosas. En primer lugar, es extraordinariamente sorprendente que Biden, el candidato del centro liberal que debía ejercer de freno a la pujanza del ala socialdemócrata del partido, haya emprendido un cambio de paradigma de esta magnitud. De hecho, una parte sustantiva de su propio gabinete (empezando por la propia Janet Yellen, que fue la jefa de la oficina económica de Clinton) proviene del núcleo duro del partido demócrata, que se ha mantenido inflexible en la línea centrista durante las últimas tres décadas. Esto a mi entender no reduce, sino que amplifica el significado inicial de este giro, que se apoya claramente en un cambio doctrinal del establishment norteamericano. Tras esta apuesta de fondo por modernizar desde el sector público el sistema industrial norteamericano, de hecho, y tras la intención de reorientar las cadenas de abastecimiento y relanzar la capacidad productiva del país, existe a mi entender un diagnóstico novedoso: la certeza de que esta es la única manera de preparar al país para la nueva fase de competición global con China.

La propia retórica de Biden -que ha bautizado su plan de infraestructuras como el American Jobs Plan, el tributario como el Made in America Tax Plan, y que pretende aprobar su gran ley de gasto público el 4 de Julio, día de la fiesta nacional- ha presentado su programa en términos de una lucha de la democracia (es decir, del capitalismo norteamericano) contra las autocracias y las dictaduras del siglo XXI. Estos ecos de la guerra fría, incluidas menciones reiteradas a la carrera del espacio y el New Deal que hizo posible la derrota del fascismo, traducen en última instancia la convicción de que solo un gran reseteo de la política económica, y una reinvención profunda del papel del Estado, pueden preparar al país para afrontar la lucha venidera por la hegemonía mundial. Ya nadie cree que, en este contexto de competición, la economía norteamericana pueda aguantar el envite por si sola (ni mucho menos, que sea la iniciativa privada quien vaya a hacer a America great again). Desde esta perspectiva, este plan sería sencillamente una estrategia de supervivencia.

El segundo hecho notable es de naturaleza interna, y tiene que ver con el corazón mismo del giro económico de Biden: una apuesta explícita por la reconstrucción ideológica y material de la clase media norteamericana, que debe ser protegida frente a las amenazas de una globalización desbocada que la ha convertido en vulnerable. Por supuesto, es imposible entender esta apuesta sin la presidencia de Trump, o más concretamente, sin el desgarro económico y social que Trump supo articular políticamente, en nombre de una rebelión cultural contra el orden global que los Estados Unidos habían implantado (esa es, en varios niveles, la paradoja que hoy define la política norteamericana: la necesidad de defenderse del monstruo que ellos mismos han creado). Biden ha entendido que para derrotar al trumpismo es necesario recomponer un tejido social galvanizado por las tensiones económicas, culturales y políticas que han hecho de estos últimos años una olla a presión. Sin una transformación de fondo de las dinámicas que han generado ese desgarro, será imposible estabilizar la crisis de la democracia norteamericana; sin la restauración del orden interno, EEUU no podrá mantener su posición hegemónica global durante mucho tiempo. Esta conexión entre el dentro y el fuera es el reverso exacto del lema que repetía Biden una y otra vez en la campaña: “una política exterior para la clase media”, y define el principal desafío que tiene por delante el establishment demócrata. El presidente de la comisión presupuestaria del Senado de los Estados Unidos, Chairman Sanders, multiplica mientras tanto los frentes para empujar el nuevo paradigma hasta el límite de lo posible.

Solo el tiempo podrá fijar la viabilidad y la incidencia real del programa de Biden, pero de momento su presentación ha tenido ya efectos de relevancia. Se espera que este año la economía del país crezca al 6,5%, y que supere las predicciones que existían para 2021 antes de la pandemia. El plan de estímulo norteamericano jugará un papel relevante para la reactivación de la demanda global, contrarrestando algún relato ya asentado sobre la aceleración del auge imparable de China. La propuesta sobre un impuesto mínimo global para las corporaciones ha avivado un debate que toca el corazón del orden económico internacional, y abre interrogantes de mucho interés sobre el futuro de ese “orden liberal internacional” cuya restauración Biden ha proclamado, pero que hoy en día requiere de una remodelación profunda para mantenerse siquiera a flote. Mientras tanto, la reacción inicial de Europa -¡qué lejos queda el tiempo en que parecía dar un paso inicial para liberarse de su propio corsé doctrinal!- ha quedado reducida a una sombra, a un fantasma esposado al Tribunal Constitucional alemán. El desastre de 2008 corre el riesgo de acabar convertido en apenas un preludio de lo que nunca debería haber pasado.

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Una filosofía “esencialmente repugnante”

Regresar a los principios: política exterior mexicana en la era AMLO — CELAG

Sin más propuesta que atarle las manos a Andrés Manuel López Obrador —o mejor aún cortárselas— y si es posible sacarlo de una vez de Palacio Nacional, llega la oposición, tan rabiosa como unificada, al arranque de las campañas.  Conciben los conservadores las elecciones como la culminación, en las urnas, del golpe de Estado que se han empeñado en asestar desde el momento mismo en que perdieron el poder.  No habrán de jugar limpio.

 No acatarán —ya lo estamos viendo— las reglas de la democracia. Ya una vez perdieron en las urnas; no volverán a arriesgarse de nuevo.   PUBLICIDAD Están en juego —y lo saben— su propia sobrevivencia como opción política y los enormes intereses económicos de quienes mandan y financian a esa coalición. Más que elecciones, para ellos lo que se viene es la guerra. Como todas las guerras son sucias, y como ya lo hicieron en 2006, se acogerán —caracterizados por su anacrónico anticomunismo— a preceptos similares a los de la “Directriz ejecutiva de operaciones encubiertas de la CIA”, aprobada en 1954 por el presidente Dwight Eisenhower, que marcó la pauta de tantos golpes de Estado.

“No aplican —dice el documento, citado en el libro Legado de cenizas, de Tim Weiner— las normas de conducta aceptables…hemos de subvertir, sabotear y destruir a nuestros enemigos. Puede ser necesario que el pueblo deba conocer y respaldar esta filosofía esencialmente repugnante”.  Mirándose en el espejo en el que no pueden dejar de mirarse, los conservadores apuestan a que el grueso de los votantes siente su mismo resentimiento, frustración y encabronamiento y que, como ellos, quiere librarse a toda costa de López Obrador. Esta presunción, que no tiene sustento ni en las encuestas que ellos mismos encargan (las cuales muestran que el Presidente mantiene altos índices de aprobación), expresa tanto su indiferencia por la realidad nacional como el desprecio absoluto que sienten por los votantes.  Como seres ignorantes y manipulables consideran a quienes habrán de acudir a las urnas a decidir el destino del país.  

Incapaz de analizar con honestidad las razones de su derrota en el 2018, la derecha conservadora la atribuye al hecho de que los votantes simplemente “se dejaron engañar” y como así los juzgan, pasándolos por el rasero del racismo y el clasismo que la caracteriza, se dispone a ser ella quien esta vez habrá de engañarlos. 

PUBLICIDAD Más que un programa político estructurado y coherente son el odio y el miedo, esas dos caras de la misma moneda, con los que pretende atraer a una ciudadanía cada vez más consciente y politizada.   Será el suyo el discurso de la furia y el desaliento; más que “convencer para vencer”, como diría Miguel de Unamuno, apostará a la discordia.

Le faltará gente que acuda a los mítines y comulgue con la rueda de molino de que son ellos, los conservadores —que representan a un pasado ominoso— la esperanza de un futuro mejor, y que vaya, de casa en casa, promoviendo el voto.  Les sobrarán, eso sí, apoyos de medios, columnistas y presentadores de radio y TV, granjas de bots y fanáticos en las redes sociales.  Más que con ideas y propuestas habrán de bombardear de manera inclemente al país con calumnias, mentiras y montajes.

De la violencia verbal tratarán de pasar, cuando puedan y en coordinación con provocadores o del narco, a la violencia física.  Pese a toda su rabia —o precisamente por ella— esta “filosofía esencialmente repugnante”, que inspira a los conservadores, no habrá de conducirlos esta vez a la victoria.

 

Epigmenio Ibarra

https://www.milenio.com/opinion/epigmenio-ibarra/itinerarios/una-filosofia-esencialmente-repugnante

Una pandemia como excusa

Un guardia de seguridad toma la temperatura a un pasajero de bus en Quito (Ecuador).- Rodrigo BUENDIA / AFP
Un guardia de seguridad toma la temperatura a un pasajero de bus en Quito (Ecuador).- Rodrigo BUENDIA / AFP

 

Un año de pandemia. Un año de muertes, ambulancias y mascarillas. Un año de nuevas normas y costumbres, de preocupaciones que antes no estaban al alcance de la mayoría de nosotros y nosotras. Y, sin embargo, un año en el que se ha asentado un legado que no es nuevo, solo más extremo después de esta emergencia sanitaria. Un legado de políticas divisivas y destructivas que ha puesto al descubierto grandes desigualdades, discriminaciones y opresiones, especialmente para las minorías étnicas, las personas refugiadas, las de edad avanzada o las mujeres. Y que ha dejado desamparadas a quienes luchaban contra la pandemia desde más “cerca” y con menos “armas”, el personal sanitario; y ha desatendido a quienes más lo necesitaban, los y las trabajadoras migrantes o las personas empleadas en el sector informal.

Un año de héroes y heroínas que se niegan a llamarse así a pesar de haber luchado contra un virus sin la protección adecuada; y de villanos que se escudan en la emergencia sanitaria pero que muestran, sin quererlo, su verdadero rostro: el de líderes más interesados en seguir reprimiendo la disidencia o la protesta, y afianzar su poder, que en proteger a su población. Olvidando, además, que los intereses nacionales no deben prevalecer sobre la cooperación internacional, especialmente en momentos de necesidad global extrema.

Ahora mismo el debate está en quién tiene acceso a la vacuna contra la Covid-19, cuándo y a qué precio son algunas de las cuestiones más importantes y controvertidas que resolver. Pero las respuestas vienen determinadas por los intereses de los Estados  poderosos y grandes empresas. Los países ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, aunque representan sólo el 16% de la población mundial.

Los mismos países han administrado hasta ahora más del 75% de las dosis del mundo, mientras que decenas de países no han vacunado todavía a ni a una sola persona. Se ha gastado el dinero de miles de millones de contribuyentes en ayudas a empresas como AstraZeneca, Moderna y Pfizer BioNTech para que desarrollen y produzcan vacunas, pero estas empresas —y otras— se niegan a compartir sus investigaciones, conocimientos y tecnologías. Esto significa que otras empresas farmacéuticas no pueden hacer uso de estos avances científicos para aumentar su propia producción de vacunas, lo cual incrementaría a su vez el suministro y las haría accesibles a países con menos presupuesto.

Este escenario que describimos en el informe anual no es una enumeración teórica de sucesos, son historias cotidianas que afectan a las personas.

Las mujeres, como siempre

Nuestro informe subraya cómo se ha producido un aumento de la violencia de género en todas sus formas, en un contexto en el que muchas mujeres y niñas tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas en sus casas conviviendo con sus maltratadores, y debido a la capacidad reducida o en suspensión de algunos servicios.

México fue uno de los países más afectados: en 2020 se habían registrado 3.752 homicidios de mujeres, de los cuales 969 se investigaron como feminicidios. Se preveía que las denuncias de incidentes de violencia contra las mujeres en el país superarían durante el año las 197.693 documentadas en 2019. En Brasil, en el primer semestre del año se denunciaron casi 120.000 casos de violencia física de género en el ámbito familiar. La tasa de feminicidio aumentó en 14 de los 26 estados —algunos de los cuales presentaron incrementos de entre el 100% y el 400%— entre marzo y mayo.

En Venezuela, las autoridades actuaron con falta de transparencia en relación con las pruebas diagnósticas, las tasas de contagio y el número de muertes debidas a la COVID-19. Asimismo, según la información recibida, a las mujeres embarazadas sospechosas de haber contraído la COVID-19 se les negaba la atención adecuada en los servicios públicos de salud.

Durante la pandemia, las mujeres también eran mayoritarias entre el personal esencial, es decir, doctoras, enfermeras, trabajadoras de saneamiento y otras funciones. En Pakistán, cuando la violencia contra el personal sanitario estalló en mayo, varias profesionales de la salud tuvieron que encerrarse en una habitación para protegerse de una muchedumbre furiosa de familiares de pacientes que arrasó el hospital donde trabajaban.

En los países del Golfo, las trabajadoras domésticas migrantes, procedentes en su inmensa mayoría de la región de Asia y Oceanía, perdieron su trabajo y se vieron obligadas a volver a su lugar de origen al principio de la pandemia. En la mayoría de los paquetes de incentivo económico de los países de la región no se incluyó ninguna disposición especial para atender las necesidades de estas mujeres, incluida su protección social.

La violación y otras formas de violencia sexual y de género también continuaron en las situaciones de conflicto. En República Centroafricana, la ONU registró entre junio y octubre 60 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, como violación, matrimonio forzado y esclavitud sexual. En República Democrática del Congo se registró un aumento de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el contexto del conflicto en el este del país.

El colectivo LGBTI, señalado

Algunos gobiernos también aprovecharon para discriminar aún más al colectivo LGBTI. Amnistía Internacional registró denuncias de personas LGBTI que fueron detenidas o privadas de libertad en 2020 debido a su orientación sexual o identidad de género en 24 de los 149 países a los que sometió a seguimiento. Varios gobiernos locales de Polonia declararon sus municipios “zonas sin LGBTI”, y el presidente Andrzej Duda hizo apología del odio contra este colectivo durante su campaña para la reelección. Al final del año, el gobierno húngaro presentó una serie de propuestas legislativas que restringían los derechos LGBTI. Por su parte, el Parlamento rumano aprobó una ley que prohibía impartir educación sobre género, aunque al final del año estaba impugnada ante el Tribunal Constitucional.

Las personas refugiadas, olvidadas

Hemos visto cómo este año la COVID-19 empeoraba la ya complicada situación de algunas personas, como las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, atrapadas como consecuencia del virus en miserables campos de acogida. Es el caso de Uganda, el país que acoge al mayor número de personas refugiadas en África, 1,4 millones, y que cerró inmediatamente sus fronteras al inicio de la pandemia, dejando a más de 10.000 personas bloqueadas a lo largo de su frontera con la República Democrática del Congo, en construcciones improvisadas  sin acceso a alimentos, vivienda adecuada, atención médica ni agua potable.

La crisis económica y climática, en segundo plano

La pandemia ha tenido graves consecuencias sobre la situación económica mundial que ha agravado las desigualdades estructurales ya existentes, a las que los Estados se han enfrentado, en ocasiones, con míseras medidas, como la decisión del G-20 de suspender los pagos de deuda a 77 países en 2020 para reclamarlos posteriormente con intereses, con posibles consecuencias graves para los derechos económicos y sociales de millones de personas.

Mientras, el peligro climático continúa, sin adoptarse la “vacuna” adecuada: en 2020, millones de personas sufrieron los efectos catastróficos de fenómenos meteorológicos extremos. Desde la prolongada sequía en África subsahariana e India hasta las devastadoras tormentas tropicales que barrieron el sureste asiático, el Caribe, África Austral y el Pacífico, o los trágicos incendios que arrasaron California y Australia, las catástrofes (agravadas por el calentamiento global y la inestabilidad climática) afectaron gravemente a la capacidad de millones de personas para disfrutar de sus derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y el saneamiento, entre otros.

¿Y en España, qué?         .

Hemos denunciado cómo hemos afrontado una pandemia sin la preparación adecuada, debido a la falta de inversión en atención primaria de los últimos años que ha dejado a muchas personas y enfermedades desatendidas y al personal sanitario devastado ante unos horarios de trabajo excesivos por culpa de la falta de personal, y con una grave ausencia de equipos de protección adecuados, sobre todo al inicio de la crisis. También hemos denunciado la situación en los centros de personas mayores, abandonadas a su suerte durante los meses más duros del confinamiento.

Y cómo el estado de alarma decretado por el Gobierno, y en concreto el confinamiento, entre marzo y junio, acrecentó la tendencia ya mostrada con la entrada en vigor de la “ley mordaza” hace seis años de otorgar más poder a las fuerzas de seguridad.

Y también, que a pesar de las declaraciones constantes del Gobierno de no dejar a nadie atrás, las personas migrantes y posibles refugiadas, especialmente en Canarias y en Ceuta y Melilla, no han sentido que formaban parte de ese conjunto de población protegida.

Algunos logros en 2020

No todo han sido noticias negativas en este año. Nuestro informe también describe numerosas victorias conseguidas gracias al activismo y a las nuevas y creativas formas de protesta, como las huelgas virtuales. Por ejemplo, en Corea del Sur, Kuwait y Sudán se aprobó legislación para combatir la violencia contra mujeres y niñas, y en Argentina, Corea del Sur e Irlanda del Norte se despenalizó el aborto.

O las grandes muestras de apoyo en todo el mundo a los movimientos #EndSARS en Nigeria y al Black Lives Matter de Estados Unidos, así como a protestas públicas contra la represión y la desigualdad en lugares de todo el mundo, como Chile, Hong Kong, Irak y Polonia.

Al fin y al cabo, no es un inicio desde cero lo que necesitamos, sino que un virus tan peligroso como el que nos ha atacado, sirva al menos para contagiarnos también la idea de que sin derechos humanos para todas las personas, no hay derechos para ninguna. Nuestro informe anual ofrece algunas soluciones que los y las líderes del mundo conocen perfectamente, y está en sus manos adoptarlas. No vale ya ninguna pandemia como excusa.

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La izquierda a por uvas

La izquierda a por uvas
Vista de un recipiente de la vacuna de los laboratorios Pfizer/BioNTech contra la covid-19. EFE/Thais Llorca

 

¿Dónde está la izquierda cuando hablamos de Covid, es decir, casi todo el tiempo? ¿En qué coño o carajo están pensando? Hablo de la zurda europea y de la española y de la del mundo entero. ¿Por qué no se ocupan de lo obvio? ¿Por qué no hay un clamor? Es que no lo entiendo. ¿Dónde quedó lo de mejorar el mundo? ¿Cómo están perdiendo esta oportunidad enorme?

Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una líder de un partido de centro –por decir algo–,  como es el partido Demócrata norteamericano, es quien está tirando del carro para que se liberen momentáneamente las patentes de las vacunas y de los tratamientos contra la Covid. El mes pasado escribió una carta que está haciendo a su país reconsiderarlo, aunque solo sea por pura geopolítica.

En la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, Sudáfrica e India llevan meses rogándolo y juntando firmas. Ya son más de 100 países, ninguno europeo, los que lo solicitan con una lógica tan global como indiscutible. El mercado no está produciendo las cantidades de vacunas que necesitamos. Hay que producir más y más rápido para salvar vidas y economías. Además, si solo vacunamos en algunos países, el virus seguirá mutando en el resto y convertirá las vacunas en inservibles.

Estados Unidos, gracias a Pelosi y al cambio de gobierno y a sus ganas de volver a competir por la influencia en el mundo con China, estudia cambiar su postura sobre el asunto. Europa a por uvas. España más de lo mismo.

¿Dónde está la izquierda útil? ¿Dónde los líderes que distinguen lo importante de lo superfluo? ¿Dónde está la sociedad civil que empuje? ¿Se nos va la fuerza en cuatro clicks y nos olvidamos? ¿Qué nos pasa que los grandes objetivos se nos deshacen al pronunciarlos, se nos convierten en cantinelas que cantamos sin convicción? ¿Se nos pierden en las redes y en el cerebro?

Este jueves santo Ximo Puig, el presidente socialista de la Generalitat valenciana, sacó el tema en una entrevista en la SER, hablando también de indemnizar a las farmacéuticas afectadas. Llegó a decir “no quiero proponer nada que esté fuera de la lógica de mercado”. En Europa, en España, en Estados Unidos y apuesto a que en más de medio mundo hay leyes que dicen que, en caso de emergencia sanitaria, la salud es lo primero pero no se aplican ni en este caso. Es decir: tenemos mecanismos con los que de verdad poner la salud por delante sin romper el juego, pero nadie lo hace.

Y las preguntas surgen en tromba: ¿por qué no hay líderes que lideren esta batalla tan importante como obvia, tan factible como crucial? ¿De verdad tiene que venir Ximo Puig a decir en prime time lo que no le he oído a Pablo Iglesias o a Alberto Garzón, ni a Íñigo Errejón, ni a Ada Colau, ni a Mónica Oltra?

Es cierto que Unidas Podemos firmó la petición de Right2cure, la primera iniciativa ciudadana europea en Salud que exige transparencia y que nadie se lucre con la pandemia. Necesitan un millón de firmas de europeos para que la comisión se lo plantee. Su cuenta en twitter en España tiene en este instante 272 seguidores. La recogida de firmas empezó el 30 de noviembre pasado. Llevan 130.350 recopiladas y se han dado de plazo para conseguir el millón hasta el 1 de mayo de 2022. Mayo de 2022. ¿Se puede dar más por perdida una batalla?

Así que, repito:  no lo entiendo. ¿Por qué la izquierda no está en esta lucha sin parar? ¿Por qué no imponen la cuestión en la agenda informativa a todas horas? Los pocos que lo intentamos en las tertulias somos mirados con condescendencia. Pareciera que hablamos de conseguir la paz mundial o de terminar con el hambre. Esas luchas se convirtieron en melancólicas después de decenas de años de batalla. Ésta, sin embargo, es de ahora y para ahora y puede cambiar cosas para siempre.

Me preocupa, como a tantos, el coctel molotov de los fascistas murcianos. Pero me preocupa y duele más ver cómo la izquierda se pierde en marcar los bandos y en hablar de su ombligo. No necesitamos que nos digan quién es el enemigo;  sí, que inventen maneras de vencerlo.

Y a la sociedad civil también le pregunto:  ¿qué mierda nos pasa? ¿Se nos va la fuerza por el click? Pareciera que consumimos grandes objetivos, como consumimos lo demás: intensamente y rápido, de usar y tirar. Mucho lema y poco compromiso. ¿Así conseguiremos algo? ¿Se nos olvidó cómo se consiguieron las conquistas sociales?  ¿Estamos también perdidos? Centrémonos, aunque suene paradójico,  para seguir siendo de izquierdas y no solo de un bando. Si perdemos las oportunidades de cambiar cosas dejaremos de tener sentido.

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Metafísicamente imposible

Metafísicamente imposible

Hace tiempo que las pesquisas por la caja B del PP rebasaron ampliamente las fronteras de la jurisprudencia para entrar de lleno en los resbaladizos terrenos de la física, la química y la parapsicología. En octubre de 2020 el Tribunal Supremo dio por probada la existencia de una contabilidad extracontable del PP, una extraña entidad de origen desconocido avalada por los llamados “papeles de Bárcenas”, pero atribuyó en exclusiva al propio Bárcenas la capacidad de control de esa contabilidad paralela. Hasta la fecha no se ha podido demostrar que nadie más, del presidente del partido al conserje, tuviera conocimiento de dicha contabilidad fantasmal. Es un recurso jurídico similar al de aquel telepredicador de Les Luthiers: “No prueben las drogas, no prueben el alcohol, hagan como Warren: a Warren nunca le han podido probar nada”.

La negación reiterada y obsesiva de la realidad es un clásico del pensamiento que ha dado a luz imponente sistemas metafísicos. A fuerza de negar la realidad, René Descartes puso en duda incluso la misma existencia del universo físico, aunque hubo algo de lo que no podía dudar: la duda misma. Descartes desconfiaba incluso de la posibilidad de que un tal “R. Descartes” hubiese escrito los argumentos que acreditaban su autoría; no, señorito, porque un demonio podía haberle engañado y firmado por él, con iniciales y todo, la misma teoría a la que se aferran los defensores acérrimos de que “M. Rajoy”, el de los papeles de Bárcenas, y Mariano Rajoy, ex presidente del gobierno, sean la misma persona. Cabe también la alarmante posibilidad, que ha hecho temblar los cimientos de la filosofía occidental, de que el demonio hipotético imaginado por Descartes en realidad sea Bárcenas.

“Sólo sé que no sé nada”, la famosa frase de Sócrates, se ha convertido por derecho propio en la piedra angular de las declaraciones de los mandamases del PP, una gente que tenía pruebas fehacientes de la existencia de armas destrucción masiva en Irak o de la financiación venezolana de Podemos, pero que ignoraba completamente lo que ocurría o no ocurría delante de sus propias narices, esos sobres atiborrados de dinero que pasaban o no pasaban de una mano a otra por los despachos de Génova. Platón apuntaló la fama de sabio de Sócrates sobre ese agujero negro del conocimiento, aunque, a decir verdad, aterra pensar que Sócrates realmente no supiera nada de nada y que fuese un auténtico imbécil.

A fuerza de chocar contra el no lo recuerdo, no me consta y no lo sé, los investigadores se encuentran ante un inquietante callejón sin salida, un enigma que desafía los cimientos mismos de la realidad, una contabilidad cuántica en un universo paralelo donde M. Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y el resto de sobrecargos y sobreseídos de la contabilidad en B existían en un mundo alternativo cuyo único anclaje con la contabilidad en A fuese Bárcenas. De ahí que M. Rajoy, el único e inimitable, haya dejado zanjada la cuestión con un apotegma socrático: “Es metafísicamente imposible que haya podido destruir esos papeles porque nunca los he tenido en las manos”.

De ahí también que uno de los abogados le preguntara a José María Aznar por qué testificaba con mascarilla en su propia casa, sospechando que tras la mascarilla podía ocultarse otra persona o, peor todavía, otro ex presidente del gobierno. Era metafísicamente imposible saber si se trataba de Aznar en A o de Aznar en B, y por si fuera poco la respuesta no aclaró mucho las cosas. “Yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias”, dijo el señor detrás de la mascarilla, a lo mejor el mismo señor que en su día dijo que a él nadie, mucho menos las autoridades sanitarias, le iba a decir si podía o no podía conducir con cuatro copazos de vino entre pecho y espalda. Metafísicas aparte, es posible que en el PP todos fueran inocentes y tontos del culo a la vez, o bien que en el PP sólo hubiera una persona inteligente, Bárcenas, tan inteligente que se pasó de la raya. En cualquier caso, como ya he dicho en más de una ocasión, los universos paralelos son para lelos.

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Convivir con el covid para siempre

Después de contagiado, cómo convivir con el Covid-19 | CONtexto ganadero |  Noticias principales sobre ganadería y agricultura en Colombia

Es un tema incómodo, no se le menciona como si eso lo hiciera desaparecer, pero no deja de ser un hecho ineludible: el covid se quedará entre nosotros durante años o para siempre. Ajena a la discusión pública, sin embargo, la preocupación por el futuro a largo plazo de la pandemia emerge entre algunos expertos.

El director ejecutivo de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, dice que quizá necesitaremos vacunarnos contra el covid una vez al año, tal y como pasa con la influenza estacional, durante un periodo incierto. Aún no hay consenso sobre el tiempo en que los anticuerpos protegerán a quienes estén vacunados, mientras que hasta ahora todas las formas de evitarlo —la sana distancia, las vacunas, cubrebocas, ventilación, etcétera— son insuficientes para exterminar un virus que tiene la capacidad de mutar y adaptarse.

Las imágenes de esta Semana Santa (playas saturadas, hoteles al tope, autopistas y casetas saturadas, parques y plazas llenos) anticipan un rebrote de la pandemia que puede incluso combinarse con el repunte que viven los países europeos. La inmunidad colectiva está aún muy lejos de conseguirse y el monopolio de las vacunas por parte de los países productores la hará aún más difícil de conseguir.

Los epidemiólogos estiman que se requiere un porcentaje de entre 70 y 85 por ciento de la población para alcanzarla, pero veamos qué dicen los expertos de www.timetoherd.com para México: El modelo de inteligencia artificial diseñado por Peter Griggs, Time to Herd, con información de Coronavirus (covid-19) Vaccinations, Statistics and Research, Our World in Data, prevé que México consiga la inmunidad colectiva en 940 días, es decir, 2.5 años para lograr una vacunación de 70 por ciento de la población. Para conseguir un 85 por ciento de los mexicanos vacunados se requiere aún más tiempo: mil 149 días, es decir, poco más de tres años, pero no olvidemos que esa proyección está ligada a la velocidad de vacunación, la que se modifica conforme aumenta la llegada de las vacunas

. La estimación es que ese ritmo se acelere en las próximas semanas, incluso puede duplicarse o triplicarse respecto del actual promedio, que ronda las 180 mil personas diarias, abatiendo las fechas estimadas por los expertos en aprendizaje automático de máquina (machine learning). Mientras tanto, habrá que convivir con el covid sin bajar la guardia. Insistir en las medidas de seguridad básicas como el uso del cubrebocas —hasta dos es la recomendación actual—, la sana distancia, la ventilación y, sobre todo, una serie de acciones para mejorar la salud de la población.

Alimentación sana, ejercicio cotidiano, atención médica oportuna, aumento de la capacidad hospitalaria y un rediseño de las ciudades que nos lleve a vidas más activas: espacios públicos amables, parques urbanos, programas de activación física, educación física desde temprana edad y metas tan obvias como desatendidas: ciclovías y banquetas caminables, libres de obstáculos, con ancho suficiente y adecuado para el nivel de tráfico peatonal. Hay mucho por hacer para “convivir” con el covid. Hagámoslo.

Héctor Zamarrón

https://www.milenio.com/opinion/hector-zamarron/afinidades-selectivas/convivir-con-el-covid-para-siempre

Metales raros: el ‘oro’ que puede cambiar el mundo

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Estamos en un brete de gran complejidad y difícil solución. Nadie con dos dedos de frente duda hoy, a la luz de los datos científicos, que estamos ante un reto sin precedentes: frenar un cambio climático que llevamos 100 años potenciando – sobre todo en los últimos 70- y hacerlo en menos de dos décadas mientras la población humana no deja de crecer –seremos 10.000 millones a final de siglo- ni de consumir. Cuando paramos, nos dicen, se para el mundo tal como lo hemos diseñado. Y ¿hay tiempo para diseñar otro?

La respuesta, que ha costado décadas, también la tenemos: debemos poner fin a la carbonización que tiñe de negro la economía, y por tanto nuestra vida y nuestro futuro. El foco, pues, se ha puesto en el imprescindible cambio en la energía que mueve el mundo humano desde hace un siglo: tenemos que dejar los vegetales fósiles que sacamos de los sedimentos terrestres de hace 300 millones de años, que transformamos en gases que contaminan la atmósfera, para utilizar la energía del sol, del viento, de las olas y, algunos defienden, de los átomos (la energía nuclear o la del nitrógeno).

La ciencia lleva medio siglo avisando de que vamos, cada vez más rápido, a un abismo de resultado nefasto, pero no ha sido hasta hace pocos años cuando la emergencia se ha hecho presente y al menos una parte de la humanidad se ha puesto a la labor de evitarlo, después de lograr -no sin esfuerzo- un acuerdo global (en París, 2015) del que, por cierto, no tenemos buenas noticias sobre su cumplimiento. Pero que ahí está, como guía para un futuro ‘verde’ que todos queremos.

Ahora bien, el brete mencionado no es baladí: para que esas nuevas opciones nos proporcionen tanta energía como hoy necesitamos, o más porque más seremos, por un lado se requiere mucho espacio donde colocar infraestructuras gigantescas que ocuparán extensas áreas rurales a costa de su biodiversidad, un negocio que nuevamente se vislumbra centralizado en pocas manos. Y por otro lado, se precisan raros minerales que igualmente hay que extraer de la tierra o de los mares o de debajo de los hielos, y son mucho más escasos de lo que lo han sido el petróleo o el gas natural. Es más, su obtención requiere una actividad, la minería, que no queremos cerca de casa porque no es ni podrá ser, en un horizonte cercano, totalmente inocua. Y si la ocupación del espacio ya genera conflictos locales por lo que supone para la biodiversidad, el asunto de las materias primas dará un giro en la geopolítica internacional que, queramos o no, afectará al mundo en su conjunto en aras de la necesaria revolución ecológica.

Sobre este apasionante tema, debatieron recientemente Richard Wouters de la Fundacion Verde Europea, la eurodiputada alemana Henrike Hahn y el periodista de investigación francés Guillaume Pitron, autor del libro “La guerra de los metales raros” (Ed. Península).

En el encuentro expusieron la preocupación que genera que la UE no disponga de la mayoría de los metales que se precisan en dicha revolución; es más, el 98% de las llamadas ‘tierras raras’, tan necesarias en cuanto dispositivo cae en nuestras manos (sea móvil, ordenador, tablet, batería, aerogenerador, placa fotovoltaica, etcétera) nos llegan de China, el cobalto de República Democrática del Congo, el níquel de Indonesia, el litio de Bolivia y el cobre de Chile. “¿Cambiaremos nuestra dependencia del gas ruso o el petróleo árabe por la de estos países?”, se preguntaba Wouters. Como parece claro es que los europeos no estamos dispuestos a que se reabran minas en nuestro territorio –y en España tenemos muchos ejemplos de ello-, habrá que ir pensando en otras soluciones.

El propio Wouters puso sobre la mesa la opción de una economía circular real y realmente extendida por todo el mundo. Se trata de lograr que en todos los países los recursos se aprovechen al 100%, favoreciendo su reutilización y sin dejar residuos. Pero es que es algo que aún no se ha conseguido con muchas de las materias primas útiles para una descarbonización global. Y aún con ello, apuntaba que no sería suficiente: “Si todo el litio usado hasta ahora para baterías se reutilizara tendríamos solo para un año de baterías en los coches eléctricos”, reconocía Wouters.. En otras palabras, no será posible la transición ecológica si pretendemos hacerla únicamente cambiando el tipo de energía con la que cargamos nuestro vehículo o nuestro móvil. El planeta Tierra no tiene para tanto.

Pitron, que visitó los yacimientos de minerales raros en China para escribir su libro, fue más contundente al señalar que “la energía limpia es un asunto sucio”. Y no lo decía por las emisiones, sino en relación con el modo de extracción de esos minerales críticos cuya producción no queremos ver. “Desde los años 80 y 90, en la UE abandonamos la minería para comprar esas materias a China y otros países y así alejar la contaminación de nuestro territorio. Eso traerá problemas. De destrozo ambiental y de dependencia de China. Ya hemos visto lo que ha pasado este 2020 con las mascarillas. Y lo mismo pasará con estos minerales: cuando China los necesite para su transición verde, se los quedará. Además, ahora ya tiene la tecnología, que era el valor que aportaba la UE, porque nuestras empresas europas se han ido ese país con el I+D”, destacaba el periodista.

En definitiva, estamos en manos del país asiático en industrias que son estratégicas para un planeta ‘movido’ por energías renovables. Biden, que ha visto clara esa dependencia (recientemente varias grandes industrias americanas pararon su producción por falta de semiconductores chinos), ya considera este asunto prioritario y se ha puesto a trabajar con países de América Latina y otros asiáticos. Es la llamada ‘diplomacia mineral’, que no está tan avanzada en Europa con estados –Indonesia, Bolivia o Australia, entre otros- que van a ser importantes en la geopolítica global. “En la UE, no sólo tenemos que poner el foco en ser bajos en carbono sino también saber cómo de independientes seremos en recursos que son necesarios para ello”, resumía el periodista.

La eurodiputada verde Henrike Hahn reconocía que si, que para cumplir con el European Green Deal (Pacto Verde Europeo) va a ser necesario multiplicar en 30 años entre 10 o 15 veces las importaciones de minerales que ahora no producimos y ponía el foco en la necesidad de limitar nuestro consumo e invertir más en economía circular. La pregunta es: ¿Habrá tiempo para cambiar un sistema que se ha montado durante un siglo y se ha basado en el motor del consumo? ¿Podemos en una década dar carpetazo a un sistema que hemos visto cómo se desmorona si dejamos de comprar lo no esencial unos meses?

Hahn mencionó también otras iniciativas, como la aprobada recientemente en la Comisión Europea que obliga a las empresas a facilitar la reparación de dispositivos, o la Alianza Europea por las Baterías, que pretende construir entre 10 y 23 grandes factorías antes de 2025 para no tener que importarlas. De hecho, sólo por la expansión esperada de coches eléctricos se estima que la UE podría necesitar 18 veces más litio y 5 veces más cobalto que en la actualidad. “La Comisión deberá negociar que las importaciones de los minerales se hagan de forma responsable, con empresas que cumplen los derechos humanos y ambientales”, insistía Hahn. Pero ¿será posible tener ese certificado de idoneidad en países a cuyos gobiernos ambas cuestiones les importan poco o nada? ¿cómo controlar que los minerales chinos son extraídos de forma responsable si, como indicaba Pitron, ni el gobierno de Xi Jinping lo sabe? En su opinión, la única oportunidad es que el pueblo chino comience a aumentar su conciencia ambiental, pero falta mucho recorrido por hacer al respecto, más teniendo en cuenta la escasa libertad que hay en China para movimientos que frenen el ‘desarrollo’. ¿Podemos esperar que un país como el gigante asiático, que se está haciendo con los mercados en Latinoamérica y África, se comprometa a la ‘debida diligencia’ de sus productos para Europa respecto a los derechos humanos y el medio ambiente? ¿Se logrará en Indonesia?

Entre las cuestiones a reflexionar planteadas en el evento, también salió a la luz la posibilidad de recuperar la minería en nuestro continente, en aras de la independencia de recursos para la transición energética. Se mencionó la aceptación que tendría una minería, si no limpia, porque es imposible al 100%, al menos si responsable, es decir, comprometida con la menor contaminación posible y que restaure los daños, lo que debería acompañarse de más inversión en I+D para hacer los procesos lo más sostenibles posibles. “Siempre será mejor una minería con estándares de la UE que otra que no los tiene. Si queremos coches eléctricos y que funcionen con energías renovables, tenemos que saber que eso supone excavar minas”, recordaba Pitron.

Y si no queremos minas en Europa, nos quedan opciones, aunque de momento no acaban de arrancar. Mencionaron que se trata de no derrochar recursos, reutilizar, reciclar al máximo y eficientemente, dejar de consumir lo innecesario, invertir en investigar en materiales para aumentar su rendimiento, apostar por iniciativas innovadoras pese al riesgo, imponer tasas de carbono para lo que más contamina y así promover las industrias sostenibles competitivas o recuperar una industria que hemos dejado moribunda en países como España, en aras de un sector servicios muy dependiente tanto de bienes como de personas que llegan de fuera.

En definitiva, el tesoro de los cuentos infantiles del futuro no será de plata y oro, sino de extraños metales y tierras raras de nombres imposibles (escandio, ladano, terbio, lutecio, berilio, neodimio, wolframio…). Ya están subiendo como la espuma en las cotizaciones políticas, incluso estando cubiertas de hielo (de ahí el interés que EEUU y China tienen por Groenlandia).

Dadas las pocas ganas que tenemos de volver en Europa a la cavar en la mina, no nos puede valer cerrar ojos mientras nuestra demanda de minerales se dispara y cada vez más millones de personas se exponen a un negocio sucio, hoy dirigido por grandes empresas que acaparan territorios y los destruyen. Está claro que un futuro más limpio debe ser compartido y global.

Como decía, es un brete, complejo y de difícil solución a corto plazo, pero es hora de reflexionar sobre ello para poner en marcha, con igual impulso que las renovables, alternativas que serán menos atractivas para los grandes negocios de la energía, pero que pueden librarnos de poner en jaque esa transición verde que todos queremos. En el pasado el oro y la plata, vía España, nos la trajimos a Europa de América. Pero los tiempos son otros y el tesoro del siglo XXI es muy distinto.

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¡Ya está bien de marear la perdiz! El capitalismo es el problema

En un reciente informe de la consultora Mckinsey&Company  (https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/the-10-trillion-dollar-rescue-how-governments-can-deliver-impact#) se puede leer (página 19) lo siguiente: “La Covid-19 no está directamente vinculado al cambio climático”.
En el sentido más literal y estricto de la palabra, es cierto que, buscando una relación de causa-efecto inmediata, no cabe responsabilizar del surgimiento y expansión de la enfermedad al cambio climático. Pero dejar fuera este factor, o situarlo en los márgenes de la interpretación, constituye un pesado lastre para enfrentar y superar la enfermedad. Una visión que me recuerda la de aquellos que afirman que el coronavirus es un factor exógeno que ha impactado negativamente sobre una maquinaria económica que, con todas sus imperfecciones e ineficiencias, en lo fundamental funciona bien.
Planteamientos inaceptables, que traducidos en políticas tienen consecuencias devastadoras. Porque la génesis del virus y su rápida difusión están directamente relacionados con la alteración de los entornos naturales, la degradación de los ecosistemas y la generalización de la ganadería intensiva, que requiere grandes concentraciones de animales. Estos fenómenos están estrechamente relacionados, se refuerzan mutuamente, y se encuentran en el origen del desorden climático que estamos experimentando, especialmente en las últimas décadas.
La pandemia no es un desgraciado y aislado episodio que será superado cuando dispongamos de vacunas eficaces (asunto este escandaloso que pone de manifiesto los mezquinos intereses y las negativas consecuencias del enorme poder acumulado por las grandes farmacéuticas, así como la ausencia de instituciones y políticas que conviertan la vacunación, y la salud en general, en un bien común a proteger).
El coronavirus, incluidas las nuevas cepas que están apareciendo, son un problema sistémico, en absoluto coyuntural. Un problema que hunde sus raíces en el modo de producir y de consumir propios de un capitalismo cuya lógica es crecientemente depredadora; y en la globalización de los mercados, que, en el discurso oficial, tantas ventajas iba a proporcionar a la humanidad, especialmente a los más desfavorecidos, y que sin embargo nos ha hecho más vulnerables y desiguales.
No hablo de la “cara oculta”, ni de los efectos no deseados del capitalismo, ni de las ineficiencias del mismo, sino de su quintaesencia.
¿Queremos de verdad que, como a menudo se dice, la crisis sea una ventana de oportunidad para superarla sin “dejar a nadie atrás”? Empecemos por reconocer la naturaleza estructural de los problemas a resolver. Situemos el cambio climático y la desigualdad -dos caras de la misma moneda- en el centro mismo del diagnóstico, y también en el eje de las políticas públicas, locales, estatales y globales. Y tomemos medidas coherentes con este diagnóstico y con el escenario de emergencia que vivimos.
Pero, desgraciadamente, esa ventana de oportunidad -que necesitamos abrir de par en par y mantenerla abierta- se está cerrando. Necesitamos políticas y políticos valientes, que tomen medidas a la altura de la gravedad de la situación. Y no están apareciendo o lo hacen de manera tibia y tímida.
Sin embargo, los defensores del statu quo -las corporaciones, las grandes fortunas y las elites empresariales, sobre todo- están dispuestos a cambiar las cosas para que nada cambie. Es su especialidad. Están muy bien organizados. Se dejan ver y presionan -disponen de muchos medios para ello- y no dudan en hacer bandera de la “etiqueta verde”, aunque sus modelos de negocio continúen en gran medida instalados en la quema de combustibles y en el megaconsumo. Estos grupos han sido, hasta el momento, grandes beneficiados de las ayudas públicas y están preparados para llevarse la parte del león de los fondos comunitarios.
https://blogs.publico.es/fernando-luengo

La debilidad del poderoso Presidente

Todo indica que el Presidente saldrá fortalecido de las decisivas elecciones intermedias que se celebrarán este verano, lo cual haría aún más preeminente su peso en lo que resta del sexenio. Por un lado, los sondeos señalan que Morena, el partido en el poder, arrasará en las gubernaturas (tiene pronóstico favorable en 13 de las 15 que estarán en disputa) y hay pocas dudas de que mantendrá la mayoría en el Congreso (resta saber si conseguirá la mayoría calificada, que le permite cambios constitucionales, o solo la mayoría simple, que le obligaría a negociarlos).

Los otros factores de poder poco a poco se han alineado o han sido neutralizados: el Ejército se ha convertido en aliado privilegiado; el Poder Judicial se encuentra a la defensiva y la Suprema Corte pendula hacia el obradorismo; el gobierno de Biden, que podía ser un contrapeso, súbitamente ha perdido un poco de capacidad de negociación frente a la crisis política doméstica que ha generado la migración centroamericana, donde México juega un papel estratégico; los empresarios están desunidos y un tanto atemorizados por una política fiscal punitiva en la que muchos de ellos tienen un pasado vulnerable; los partidos de oposición, lejos de recuperarse de la debacle de 2018 parecen estar aún más debilitados. Y tan importante como todo lo anterior: el Presidente mantiene su popularidad intacta a pesar de la pandemia, los escándalos, la propaganda adversa y el calamitoso año que hemos vivido.
En suma, la escena pública es, en gran medida, la de un solo hombre. No obstante, al mismo tiempo se trata de un hombre cada vez más imposibilitado de sacar adelante su ambicioso proyecto: instaurar un régimen capaz de provocar un cambio sustantivo en la vida de los más pobres. El Presidente buscaba crear las condiciones para un mejor reparto de la riqueza pero sin violencia, sin expropiaciones radicales y sin despojar de la suya a los sectores acomodados. Quería hacerlo, sí, suprimiendo las malas prácticas y acotando al empresariado crecido parasitariamente a la sombra del poder público. Pero en ningún momento se planteó, ni se ha planteado, una redistribución de la riqueza quitándole a unos para dárselo a otros. Ni siquiera se concibió una reforma fiscal más progresiva, como se hace en Europa, para gravar al gran capital en beneficio de los de abajo.

Siendo así, la única posibilidad de mejorar la dotación que se llevan los que menos tienen residía en aumentar la riqueza. Una parte saldría del combate a la corrupción, pero otra tendría que ser resultado de una nueva expansión económica. El Presidente realmente creía que el país iba a crecer tan pronto como se estimulara el poder adquisitivo de los sectores populares.  La propuesta económica del gobierno al arrancar el sexenio no era mala y ciertamente era más justa. Buscaba reactivar el mercado a través de enormes transferencias sociales capaces de incrementar el ingreso de los sectores populares y, por ende, la demanda. Se trataba de una medida de justicia social, pero también una manera de incentivar la expansión productiva del sector empresarial. A ese estímulo a la inversión privada se agregaría un clima favorable mediante finanzas públicas sanas, inflación contenida, impuestos estables y una moneda sólida. Su Tren Maya o su proyecto de inversión en el Istmo intentaban convertirse en detonantes puntuales para paliar la falta de inversión en regiones marginales.

Ese era el plan. La pandemia barrió con él. Nunca sabremos cuál habría sido el impacto real de la propuesta económica de la 4T. Nada resiste un tsunami capaz de desplomar la producción de esa manera. Con o sin López Obrador, y allí están tasas similares de países europeos más sólidos, el desplome habría sido brutal. La caída de 9 por ciento del PIB no sorprende de una economía tan sensible al turismo, al petróleo, al intercambio comercial y tan afectada por la presencia del sector informal. La crispación entre las élites, durante y posterior a la pandemia, hizo el resto. 

El poder político y el poder económico no pudieron ponerse de acuerdo para convenir una tregua o para encontrarse a medio camino. Ambos se han atrincherado cada uno en sus propias fortalezas: López Obrador se ha hecho políticamente más fuerte; por su parte, los empresarios han dado un paso atrás y han asumido una actitud más pasiva, algunos por precaución, otros por irritación. 

Lo cierto es que la atonía económica que estamos viviendo amordaza en la práctica a los ambiciosos y bienintencionados planes del Presidente. Hoy las enormes transferencias sociales son más un tema de bienestar y de ética social; sirven apenas para paliar la miseria, pero distan de ser un factor de reanimación capaz de impulsar a la economía. Quizá lo habrían sido en otras condiciones. Hoy hay más pobres que en 2018.

En este momento todo el poder del Presidente resulta incapaz para insuflar en la economía los niveles de inversión y creación de empleos que se necesitan para activar a las regiones deprimidas y sacar de la pobreza a los sectores abatidos. No hay manera de crecer sin inversión, de la misma forma que no se puede cosechar sin haber sembrado; y tanto la inversión pública como la privada tienen dos años deprimidas y sin un cambio significativo a la vista.

Frente a esta situación el Presidente parece decidido a cambiar lo que sí puede, es decir, lo que sus poderes políticos ampliados le permiten: la estructura jurídica e institucional para instaurar un régimen menos inclinado a las élites. De allí su insistencia en los cambios constitucionales o en entregar al Ejército los beneficios futuros de obras de infraestructura para evitar su privatización. No puede imponer al empresariado un mandato para que invierta o genere empleos, pero puede dictaminar salarios mínimos más altos y mejores prestaciones para que sean efectivas cuando tales empleos vuelvan a crearse.

Nos esperan tres años complicados. Un Presidente fuerte en lo político y maniatado en lo económico decidido a conseguir, aunque sea a tirones y jalones, un andamiaje institucional más justo para los mexicanos empobrecidos. Resultados sustantivos en la vida diaria de todos ellos serán escasos. No es poca cosa, pero se queda corta con respecto a las expectativas. En 2024 veremos el encontronazo de aquellos que quieran revertir los cambios para deshacer este andamiaje y aquellos que deseen aterrizarlos bajo condiciones más favorables. Pero esa es otra historia. _

Jorge Zepeda Patterson

https://www.milenio.com/opinion/