Los creadores del deepfake de Lola Flores: “Ya no se puede confiar en que todo lo que se ve en un vídeo es real”

Y resultó que no había nadie mejor que la faraona Lola Flores y un anuncio de cerveza para concienciar de la potencia de la tecnología deepfake. “La gente tiene que ser consciente de lo que la tecnología puede hacer, que ya no pueden confiar en que todo lo que vean en un vídeo es real. Por eso creo que es muy positivo concienciar de lo que se puede hacer con esta tecnología, con fines como este. De lo contrario lo que pasaría es que estas herramientas solo se utilizarían con fines perjudiciales”, opina Nico Roig.

Roig es el CGI artist de Metropolitana, el estudio que modeló la cara de Lola Flores para el anuncio de Cruzcampo que se ha hecho viral esta semana. Con él coincide el responsable de recrear la voz de Lola Flores en el spot, Fede Pájaro, del estudio The Lobby: “Hay mucha gente trabajando en el sector audiovisual para que este tipo de producciones sean lo más reales posibles, así que ya es muy difícil certificar a nivel técnico si es verdadero o falso. Lo mejor es tener criterio e informarte con fuentes de confianza y estar preparado para que no te puedan engañar”.

El spot ha recibido abundantes halagos, pero también ha elevado preguntas sobre hasta dónde puede llegar la publicidad para relacionar a las marcas con la imagen (y un discurso ficticio) de personas fallecidas. También ha encendido las alarmas de muchos sobre la tecnología deepfake, capaz de cambiar la cara y la voz de una persona por las de otra, recreándola artificialmente para que diga o haga lo que el autor quiera.

En el caso de la publicidad, la ley española es clara: son los herederos los que deciden si la imagen de una persona se puede usar en un anuncio. “Nosotros trabajamos con ideas de otros, pero hay líneas que no se pueden cruzar”, explica Ramón Arteman, director de Metropolitana. “En algún caso, no puedo dar nombres, hay proyectos en los que las marcas han intentado usar la imagen de personas fallecidas pero sus herederos no lo han permitido, y no se ha hecho”.

El anuncio de Lola Flores ha sido aprobado por su familia y “ha contado con gran implicación de sus hijas, Lolita y Rosario”, asegura Cruzcampo. Para recrear la cara sobre la de la folclórica sobre la de la actriz Mariana Taranto se usaron algoritmos de inteligencia artificial y una base de datos de 5.000 imágenes, de las que estos obtuvieron todos los patrones de movimiento y perspectiva de su rostro. Los trabajos se iniciaron antes de la pandemia. Sin embargo, gran parte de ese tiempo se ha empleado en satisfacer los requerimientos de la familia Flores.

“Nosotros recibimos inputs de un director, de una agencia creativa y en este caso también de la familia Flores. Había veces que ya a todo el mundo le parecía creíble, pero de golpe la familia Flores decía que no, que había detalles que no les encajaban. Al final el recuerdo que tenemos el público en general de Lola Flores no es lo mismo a que sea tu madre”, refiere Arteman.

El moldeado a mano de la forma de las cejas, la distancia entre las cejas y los ojos o la raya del pelo convirtieron el spot en un trabajo casi “artesanal”. Lo mismo ocurrió a la hora de producir la voz de Lola Flores, que tras varias pruebas con imitadoras, la familia decidió que fuera la de su hija Lolita la que se utilizara como base.

“En el audio ha habido dos partes. La parte tecnológica ha sido muy puntera, pero también la parte artesanal, casi artística”, afirma Pájaro, de The Lobby. “Creo que se ha sido también el motivo del éxito, que ha habido que ir corrigiendo manualmente muchos detalles. Haciéndolo solo con software la voz siempre tenía un punto muy digital”, detalla.

Lola Flores, ¿la primera de muchas?

Tanto los creadores de la voz como del vídeo coinciden en el término de “artesanal” para definir el deepfake de Lola Flores. Muchos meses de trabajo para unos pocos segundos. Esto lo aleja de las alarmas que generaron los deepfakes en su origen, cuando se temió que la capacidad de la inteligencia artificial para producirlos en grandes cantidades, muy rápido y con una credibilidad muy alta arrasara el entorno informativo.

De hecho, el deepfake más famoso y viral hasta el momento sigue siendo el que produjo BuzzFeed en colaboración con el cómico Jordan Peele, cuando Barack Obama aún ocupaba la presidencia de EEUU. Era un deepfake que pretendía avisar sobre el peligro de los deepfakes:

Sin embargo, en el lustro siguiente la construcción de bulos ha avanzado por otros derroteros. Las cadenas de WhatsApp y los grupos de Facebook producen más desinformación que los vídeos creados artificialmente.

La publicidad, sin embargo, puede ser otro cantar. “Es una industria especialmente propensa a obnubilarse por la última tecnología”, avisa Eduardo Prádanos, fundador y director creativo de la agencia Fluor Lifestyle. “Mientras que los deepfakes en el cine tienen criterios creativos y narrativos, en la publicidad (donde también podría tener esos criterios) es más fácil caer en criterios más cercanos a los meros fuegos artificiales y a los engaños a los consumidores”, destaca.

El éxito de la campaña de Lola Flores seguramente provoque que muchas otras marcas quieran imitarlo. La clave estará en cómo lo hagan. “¿Se van a apoyar en los deepfakes para hacer publicidad más relevante, más creíble y más confiable o, por el contrario, para sofisticar el arte de engañar a los consumidores? Es un tema súper interesante este. Me gustaría que la respuesta fuera la primera pero me temo que estará más cerca de lo segundo”, avisa Prádanos.

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Un año ‘horribilis’ de 18 meses

Tiempos para reconstruir, remontar lo perdido, poner en marcha lo tantas veces reflexionado en este confinamiento obligado. Tiempos propicios para que los pueblos se unan, los líderes exhorten a mirar por encima de las diferencias y a unir esfuerzos para trepar juntos las paredes del barranco en el que nos hemos despeñado.

Por desgracia para México, el año electoral no pinta para que en la reconstrucción unamos lo que en la crisis nos separó. Todo lo contrario. La lucha por el poder no suele extraer lo mejor de los actores políticos, que de por sí deja bastante que desear. Con 15 gubernaturas, 500 diputaciones y miles de alcaldías en disputa, los partidos políticos y sus líderes se están jugando, literalmente, el porvenir. Un contexto muy poco propicio para la solidaridad.

Desde hace tiempo las campañas políticas han adquirido la perniciosa costumbre de concentrarse en los defectos del adversario y cada vez menos en las propias virtudes. Es cierto que se trata de un rasgo que prolifera en todo el mundo, las redes sociales han dejado en claro que hay algo en la condición humana que hace de las emociones negativas la materia prima de las comunicaciones; es mucho más poderoso un mensaje de odio, resentimiento o miedo que cualquier elogio o mención positiva. Y la competencia política ha convertido a la descalificación y al vituperio en el más rentable de los mensajes políticos. Y tampoco es que debamos cargarles la mano, en cierta manera simplemente reaccionan al contexto; el cinismo instalado en la conversación pública nos predispone a darle más credibilidad a los defectos que se atribuyen uno al otro que a cualquier virtud que se adjudique alguno de ellos. “Si no puedo convencerte que mejoraré al país, al menos puedo intentar convencerte de que mi adversario le infligirá un daño mayor”.

Por razones excepcionales nos esperan elecciones aún más viscerales que las usuales. Las dos principales fuerzas, por motivos puntuales, tienen poco que decir en su favor y mucho en contra de sus rivales. Por un lado, más allá de los méritos o deméritos que pueda tener el gobierno de la 4T, asunto sobre el cual, por demás está decirlo, cada uno de los lectores tiene una opinión categórica en un sentido u otro, lo cierto es que la crisis económica y social se llevó mucho de lo que el gobierno podría presumir. Los enormes esfuerzos redistributivos realizados por López Obrador fueron barridos por la debacle en la producción, el turismo y el comercio. No hay políticas públicas para generar empleo o incremento del poder adquisitivo de las mayorías que resista una caída de 9 por ciento en la economía de un país.

Frente a esta durísima realidad, lo único que queda es presumir las intenciones, lo cual podía ser atractivo en los primeros meses, pero resulta mucho menos efectivo a dos años de distancia. Por consiguiente, el mayor recurso de López Obrador para retener el control de las cámaras, algo imprescindible para sacar adelante la segunda mitad de su sexenio, o conquistar gobiernos estatales para su partido, reside en convencer a los votantes de la perfidia del PRI y el PAN. Nos espera, pues, un desfile de mañaneras cargadas de denuncias sobre la corrupción de los gobiernos pasados, escándalos de funcionarios de administraciones anteriores, descripciones dantescas de los infiernos provocados por el sistema neoliberal.

La oposición, por su parte, está dispuesta a devolver misiles por cada dardo recibido. Su argumento para regresar al poder reside esencialmente en explotar los desaciertos reales e inventados de la 4T y ampliar la repulsa contra López Obrador en los segmentos que les son afines. Muy poco tiempo o ninguno han dedicado a construir una alternativa real para proponer soluciones frente a los grandes problemas del país, la mayor parte de los cuales sus propios gobiernos generaron. Al no tener una respuesta frente a la inseguridad pública, la pobreza, la desigualdad social o la corrupción, lo único que les queda es convencer a la opinión pública que Morena lo está haciendo fatal.

Por lo demás, no se trata solo de que viviremos un clima narrativo aún más intoxicado por las campañas negativas. Peor aún, la dura rivalidad entre actores políticos y partidos se cobrará un alto precio en materia de desacuerdos legislativos y en fricciones entre gobiernos federal, estatales y municipales. Ninguno querrá ceder un proyecto, una ley, una partida presupuestal que pueda ser presumido por el rival. Por el contrario, por encima de las responsabilidades públicas y la búsqueda del bien común, las autoridades de uno y otro partido intentarán hacer ver mal a su competidor.

Me gustaría equivocarme y pensar que los líderes políticos comprenderán el momento histórico que viven y la necesidad de unir esfuerzos ante la profunda crisis en la que nos encontramos. Pero me temo que no será así. Ambos bandos actuarán como fieles de una cruzada sagrada; unos para detener los cambios de la 4T y “salvar al país”, los otros para sacar adelante la transformación a favor de los pobres. Imbuidos de sus respectivas místicas, las dos partes están dispuestas a incendiar la pradera para conseguirlo y pisotear lo que sea necesario. Mala cosa; el año horribilis habrá sido de 18 meses.

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Por qué la monarquía no es buena para España

Fotografía de archivo de Felipe VI. - EFE
Fotografía de archivo de Felipe VI. – EFE

 

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy, The Johns Hopkins University. Director del JHU-UPF Public Policy Center

Como era predecible (tanto el rey actual como su padre lo han dicho en cada discurso de Navidad), Felipe VI subrayó en diciembre del año pasado que “los avances y el progreso conseguidos en democracia son el resultado del reencuentro y el pacto entre los españoles después de un largo periodo de enfrentamientos y divisiones”. Reprodujo así la visión de nuestro pasado reciente –de la Transición supuestamente modélica y de la democracia que la siguió– que los establishments político-mediáticos del país promueven, atribuyendo su éxito a la generosidad de los dos bandos de la Guerra Civil que permitieron alcanzar un sistema democrático homologable al de cualquier otro país de la Unión Europea (en realidad, el decimosexto país más democrático del mundo según el semanario liberal ampliamente conocido y respetado por tales establishments, The Economist).

Estos dos bandos eran, por un lado, los herederos de los que llevaron a cabo lo que definieron como el “alzamiento nacional”. En realidad, fueron los golpistas que se levantaron militarmente en defensa de los intereses y privilegios de las élites económicas y financieras responsables del enorme retraso de España, frente a un gobierno democrático-republicano que, en defensa de las clases populares, iba a llevar a cabo intervenciones que reducirían los intereses de dichas élites. La evidencia de que ello fue así es abrumadora, por muy ignorada u ocultada que esta realidad siga estando en España. Y fue gracias a la ayuda de las tropas nazis de Hitler y del régimen fascista de Mussolini que los golpistas instalaron una de las dictaduras más sangrientas que hayan existido en la Europa Occidental (tal y como atestiguó el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia en Nueva York, experto en el fascismo europeo, cuya investigación demostró que, por cada asesinato político cometido por Mussolini, Franco cometió diez mil). Pero, además de cruel y enormemente represivo, el Estado dictatorial fue altamente ineficiente y regresivo, causa del gran subdesarrollo económico y social de España (cuando la dictadura terminó en 1978, España tenía, y con mucho, el gasto público social más bajo de Europa). Al otro lado estaban los herederos de los defensores de la democracia (comprometidos con el progreso y el bien común, dentro de una España plurinacional y socialmente justa), que, repito, lucharon para mantener la II República y avanzar en el proyecto social de España, unos esfuerzos que las clases populares españolas apoyaron activamente, lo que requirió una enorme represión por parte de los golpistas para poder pararlas.

La versión histórica dominante durante la dictadura (todavía sostenida por amplios sectores de las derechas), que definían los dos bandos como los “nacionales defensores de la patria”, por un lado, y los “rojos” y “separatistas” -la anti-España, por el otro, pasó a ser sustituida por otra versión durante la transición convirtiéndose en “las dos Españas”, responsables a partes iguales de los errores y malas prácticas que tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil. En esta nueva versión, los dos bandos firmaron un acuerdo, sintetizado en la Constitución, que señalaba el camino a seguir, olvidándose del pasado y dejando de mirar atrás, lo cual estaba justificado con el argumento de que ambos lados habían sido igualmente responsables del dolor causado. Esto ha sido presentado por el establishment político-mediático del país, dirigido por el monarca, como un gran acierto que nos ha permitido vivir en paz y con un gran progreso, que ha supuestamente alcanzado tales dimensiones que hoy España no puede “ser reconocida ni por la madre que la parió” (tal y como dijo uno de los protagonistas de la Transición).

La enorme falsedad de la Transición modélica, que supuestamente significó una ruptura con el régimen anterior

Esta gran falsedad ha sido repetida y promovida tantas veces, en un país conocido por la gran limitación en su diversidad informativa y mediática, que ha sido aceptada como una verdad indiscutible, en ausencia de voces (con acceso a los principales medios) que la critiquen. Ahora bien, la testaruda realidad continúa señalando y mostrando la verdad que existe detrás de tanta mentira. Y utilizo el término mentira con cierta reserva, pues no excluyo la posibilidad de que los que sustentan tanta falsedad no estén mintiendo. Me explicaré. Para que uno mienta necesita antes saber la verdad, y ocultarla a través de la mentira. Pero me temo que la realidad es incluso peor. Los que sostienen esta visión del pasado no están mintiendo, pues creen que es la verdad. La cómoda ignorancia les permite la promoción de esa falsedad, reproducida en unos medios altamente controlados, hasta el punto de ser mostrada, simple y llanamente, como la historia de España. La historia que se enseña en las escuelas públicas (y todavía más en las privadas) olvida los avances que la II República representó sobre el sistema borbónico anterior. En realidad, desde las reformas agrarias hasta la enorme expansión del sistema educativo (ambas resistidas por la Iglesia católica, la mayor terrateniente del país, y en cuyas manos recaía el control del sistema educativo), fueron medidas de enorme relevancia. Dice mucho de la enorme falta de diversidad ideológica existente en España que haya habido escasísimos programas televisivos que analicen tales reformas que, de expandirse y desarrollarse, habrían cambiado profundamente el país. 

Las consecuencias de la desmemoria histórica

El hecho de que esta falsa historia de España (que incluye la demonización de la II República) haya sido aceptada en nuestro país por grandes sectores de la población se debe a varios factores. Uno es que la gran mayoría de los sucesores de los grupos y clases dominantes de la dictadura (y no me limito solo a incluir en esta categoría a su aparato gestor, sino que incluyo también a los sectores de la población tales como las clases pudientes, que se beneficiaron y continúan beneficiándose de las coordenadas de poder actual en el Estado) no han experimentado lo que supone ser herederos de los vencidos. Es decir, no sintieron en sus propias carnes lo que significó la derrota de los que lucharon para conseguir la democracia, sufriendo, como consecuencia, fusilamientos, detenciones, torturas, exilios, humillaciones, etc. Hablando con los herederos de los vencedores es fácil darse cuenta de ello. Y el primero entre ellos es el monarca, que proviene de una familia claramente privilegiada por la dictadura. Sin la dictadura, Felipe VI no sería hoy quien es. Su esposa, la reina, proviene de las derechas asturianas y madrileñas, ajenas a la vivencia de los vencidos. Y ello se aplica también a un sector importante de la población española, en general con un nivel de renta superior a la media, heredero y beneficiario de los vencedores.

La España heredera de los vencidos: la población republicana

Pero una gran parte de la población, si no la mayoría (incluso descontando la diáspora republicana), ha tenido una vivencia distinta. El lector me permitirá compartir mi experiencia (ver mi entrevista “Una breve historia personal de nuestro país: entrevista a Vicenç Navarro de Elvira de Miguel”. Vengo de una de las millones de familias represaliadas y pude ver y experimentar de primera mano lo que significó la derrota de los españoles demócratas republicanos, tanto en España como en el exilio. Mis padres fueron maestros, jóvenes ilusionados con las reformas educativas de la II República, denunciados, expulsados y humillados por la Iglesia católica (que quería continuar controlando las escuelas del país) y la Falange, el partido fascista, y represaliados brutalmente por el régimen fascista. En Gironella –población de la comarca del Berguedà, en Catalunya– fueron expulsados de la población a la cual habían servido como maestros de su escuela pública acusados de “rojos” y, en el caso de mi padre, además, de “separatista”. De lo primero estuvieron orgullosos, pues su compromiso con las clases populares era tal que llevaron a cabo grandes esfuerzos como, por ejemplo, ir a pueblos lejanos a dar clases o educar a los adultos cuando terminaba su jornada en la escuela. En cuanto a la acusación de separatista, mis padres amaban profundamente España, pero no la monárquica o fascista, sino la popular y republicana. Dedicaron toda su vida a ella.

Mis tíos y tías se fueron de España hacia Francia, donde, tras la invasión nazi, iniciaron, junto con miles y miles de españoles, la resistencia antinazi, en la que jugaron un papel determinante. Muchos otros lucharon también en las tropas del general De Gaulle que derrotaron al régimen de Pétain. Una de ellas –mi tía Amalia, miembro de la resistencia antinazi- fue encarcelada en un campo de concentración nazi. Al final de la guerra se juntaron con la diáspora republicana y se fueron, como muchos otros miles y miles de personas, hacia América Latina, donde más tarde los conocí; habían establecido una escuela de arte en Venezuela. España perdió más de un millón de exiliados (muchos más de los que constan en el recuento oficial de este país), lo que enriqueció a las Américas y empobreció a España. Este país nunca se recuperó de una pérdida semejante. Su gran retraso cultural se debió, en parte, a ello. Su historia, sin embargo, no se conoce; ha desaparecido. Páginas de la historia real de España que fueron eliminadas. Mi tía, en cambio, además de haber sido condecorada por el Estado francés, recibió una pensión de aquel país durante el resto de su vida.

¿De qué reencuentro están hablando el rey (y los herederos de los vencedores)?

Este olvido no se ha revertido y permite esta imagen de igualdad de responsabilidades entre los asesinos y los asesinados, entre los torturadores y los torturados, entre los que exilian y los exiliados, que no deja de ser una monstruosidad. Es impensable, repito, impensable, que en países que sufrieron regímenes idénticos (como Alemania, Italia o Francia) el jefe del Estado se refiriese a su pasado como un “largo periodo de enfrentamientos y divisiones”. Poner en pie de igualdad al bando vencedor y al vencido en la Guerra Civil, convenientemente despojados de un pasado olvidado, para pretender hacer posible un futuro en paz es muy ofensivo, ofensa que alcanzó su máxima expresión en el acto organizado por el exministro socialista de Defensa, el Sr. José Bono, el día 12 de octubre de 2004, cuando puso al frente del desfile militar a un luchador de la resistencia antinazi pro-republicana al lado de un luchador de la División Azul, que apoyó a los nazis. ¿Cómo se puede llegar a tal grado de insensibilidad democrática? ¿Se imaginan en Alemania ver a un militar nazi y a un luchador de la resistencia antinazi yendo uno al lado del otro en un desfile militar organizado por el gobierno federal alemán? No es tampoco sorprendente que el mismo personaje (hoy el socialista con mayor visibilidad en La Sexta), cuando fue presidente del Congreso, reprendiera a uno de los expresos franquistas (a los que había recibido en un acto de homenaje) por enarbolar la bandera republicana. Repito, ¿cómo se puede ser tan insensible y antidemocrático? Soy consciente de que el padre de tal personaje fue un falangista y, por lo tanto, creció en el ambiente de los vencedores. Pero mis padres, ambos socialistas, lo hubieran abucheado por tanta vileza.

¿Y cómo pueden el monarca y el establishment político-mediático mantener tanto silencio y/u ocultar el escándalo –denunciado en la prensa extranjera– ante el hecho de que altos mandos (retirados) del ejército español pidieran el asesinato de 26 millones de españoles por ser antifascistas? De nuevo, sería inimaginable que ocurriera algo semejante en Alemania, Italia o Francia. ¿Cómo pueden mantener esta apariencia de normalidad democrática? Nunca ha habido ningún intento de apartar a personas y comportamientos claramente hederos de la dictadura, frecuentes en las Fuerzas Armadas. ¿Se imaginan que Alemania, Francia o Italia hubieran tenido un monumento a Hitler, a Mussolini o al general Pétain en la escuela militar de sus países hasta solo hace unos pocos años? Fue el caso de la Academia General Militar española, que tuvo una estatua en homenaje al dictador hasta el año 2006. Y ante estos hechos, se continúa intentando sostener la falsedad de que España es homologable al resto de democracias europeas y que la monarquía española es como cualquier otra en nuestro continente. La evidencia muestra que no lo es.

Una última nota: la predecible manipulación de las declaraciones de Pablo Iglesias en el programa Salvados

Un indicador de la agresividad que están recibiendo las voces críticas en este país, procedente predominantemente de las derechas españolas, se reflejó en  acusar al vicepresidente del gobierno español y dirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de ser insensible con los exiliados republicanos, atribuyéndole errónea y maliciosamente posturas que no sostiene, como la de equiparar a Carles Puigdemont con los exiliados políticos republicanos durante la dictadura, cosa que nunca dijo. Por favor, vean la entrevista y lo verán.

Tal acusación por parte de las derechas españolas (PP, Ciudadanos y Vox) alcanza un nivel de cinismo parecido al que es capaz de mostrar el Sr. Trump en EEUU. Estas fuerzas han sido los principales instrumentos políticos que se han opuesto a corregir las enormes distorsiones que se han promovido sobre lo que fue la II República y el sufrimiento que causó el golpe de Estado fascista, incluyendo el exilio. Han hecho todo lo posible para que se mantenga la versión tergiversada de los hechos. E incluyo entre ellos a Ciudadanos, que tiene una visión de España parecida, si no idéntica, a la del PP, la cual se acerca cada vez más a la de Vox.

Ahora bien, lo que me apena es que algunas voces de izquierdas, incluyendo algunas por las que tengo gran estima y respeto, hayan contribuido a esta campaña de descrédito contra Pablo Iglesias. Quiero creer que no fuera su intención dañar una de las pocas voces republicanas con acceso a los medios, pero lamento que se dejaran utilizar por parte de las derechas y de unos medios que siempre intentan crear un clima de tensión, en el que las pocas voces críticas del país con acceso a los medios están siempre a la defensiva. La principal noticia de la entrevista de Salvados es que Pablo Iglesias dijera verdades como puños que raramente se escuchan en los medios. Mostró claramente lo enormemente limitada que es la democracia española, lo cual, por lo visto, no fue noticia para los medios. ¿Por qué?

El contexto de la manipulación de la respuesta

Es bien conocida mi crítica al gobierno independentista catalán por muchas razones, una de ellas por el enorme daño que su “proceso” ha causado a Catalunya y, muy en particular, a sus clases populares. Es casi imposible creer que sus dirigentes no supieran que lo que estaban haciendo (declarar la independencia de Catalunya), causaría la represión que hubo (en la que incluyo no solo el encarcelamiento y exilio de muchos de sus dirigentes), sino también el daño causado a la población catalana, la mayoría de la cual no es independentista, pero que quedó afectada muy negativamente por las medidas impuestas por el gobierno español con el 155. Los partidos independentistas antepusieron sus intereses partidistas a los intereses de Catalunya. Es difícil de creer, insisto, que no supieran que sus acciones desencadenarían una enorme represión por parte del Estado español, represión que, por otra parte, es la mayor fabricante de independentistas en España, como bien reconoció una dirigente del gobierno independentista, la Sra. Irene Rigau. Mostraron así un comportamiento antidemocrático, pues aprobaron una independencia que no apoyaba la mayoría del pueblo catalán.

Tal comportamiento exigía una sanción (como le pasó al presidente de la Generalitat, Artur Mas), pero no la que están recibiendo, pues además de estar sobredimensionada (por razones políticas más que jurídicas), dificulta todavía más la resolución de un conflicto que está dañando a Catalunya y al resto de España. El conflicto, por cierto, no es entre Catalunya y España (como los “superpatriotas” de los dos polos opuestos presentan), sino entre una visión de España, heredera de la borbónica uninacional, y otra visión republicana y plurinacional, que incluye opciones variadas, una de ellas (pero no la única, ya que tampoco es mayoritaria) la independentista. La pandemia ha mostrado claramente que hay tantas Catalunyas y tantas Españas como clases sociales tiene el país. En realidad, hay una gran cantidad de ejemplos que demuestran la existencia de preocupaciones transversales entre las clases populares de Catalunya y las del resto de España, unas clases que están siendo dañadas por el protagonismo partidista de los jacobinos uninacionales, por un lado, y de los independentistas gobernantes, por el otro, que frecuentemente han utilizado las banderas para ocultar el daño causado por la aplicación de políticas públicas neoliberales idénticas y pactadas, por cierto, entre ambos en las Cortes Españolas.

Este es el trasfondo del debate alrededor de la descripción de Carles Puigdemont como exiliado, en el cual ha habido una enorme manipulación, añadiendo leña al fuego de odio que se tiene, repito, a una de las pocas voces críticas que existen en España como Pablo Iglesias. Acusarle de insensibilidad hacia los exiliados republicanos es profundamente injusto. Unidas Podemos ha sido el espacio político que más ha estado criticando la forma como se ha desarrollado la desmemoria histórica promocionada por el estado monárquico, habiendo defendido a las Segunda República  y a sus exiliados, siendo el actor político que más ha defendido la justicia social y la democracia en este país. Esta no es una observación partidista sino empírica. Vean los datos; conozcan lo que está pasando en el Congreso. No los verán en los principales medios, pero hay manera de conocerlos si uno los busca.

También es profundamente erróneo e injusto acusar a Pablo Iglesias de proindependentista o de tener simpatías secesionistas. Es un absurdo más. Debería ser obvio que para abordar el problema nacional se requiere una reconfiguración del Estado español que dé salida a su redefinición, que va desde su reconversión en una España policéntrica en lugar de radial (centrada en la capital del reino), como proponía Pasqual Maragall, a una España federal e incluso confederal.  Redefinir España no significa, como la derecha insiste, romper España, todo lo contrario, significa salvarla y enriquecerla. Hay evidencia contundente de que una España poliédrica sería más próspera que una radial.

Dicho esto, decir que Carles Puigdemont está exiliado no quiere decir que su situación sea la misma que la que sufrieron los exiliados republicanos. Hay miles de formas y tipos de exilio. Y Pablo Iglesias lo aclaró. Las causas del exilio de Puigdemont, Comín y otros son más políticas que jurídicas (vean la composición de los principales tribunales españoles); es una obviedad. Y, por lo tanto, es un exilio causado por tribunales altamente politizados. Dicho esto, no quiere decir -y Pablo Iglesias nunca lo hizo- que sea un exilio comparable al que tuvo lugar durante la dictadura. Y conozco lo que digo porque los míos lo sufrieron. Cuando llegaron a Francia, la mayoría malvivió en campos de concentración y no en mansiones; y sus familiares que se quedaron en España fueron perseguidos y detenidos, y, en muchas ocasiones, sus propiedades, requisadas. Que Puigdemont y mis tíos fueran exiliados políticos no quiere decir que la situación de ambos fuera la misma. La democracia española, aunque sumamente limitada, no es una dictadura fascista. Y los motivos que han conducido a cada uno de ellos al exilio son distintas. Creerse que están en Bélgica porque son unos malhechores sin más expresa un gran desconocimiento de lo que está ocurriendo en España. Y esto es parte del problema que es más que preocupante. Lo peor de este manipulado debate, es que ha ocultado y silenciado lo que Pablo Iglesias dijo sobre la enorme influencia de los enormes poderes económicos y financieros sobre el estado español. Y con la ayuda de los medios, la derecha continuó intentando debilitar a las voces críticas, a costa de silenciar las enormes limitaciones de la democracia española, creando en su lugar un falso debate con la intención de desacreditar al autor de dichas denuncias.

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JORGE ZEPEDA PATTERSON

Sería muy alarmante que el gobierno de México exonere a un ex secretario de Defensa vinculado al crimen organizado y que para hacerlo dinamite las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad. Sin duda. Pero consideremos por un momento la otra posibilidad. Sería igualmente preocupante quedarse cruzados de brazos ante la detención por parte de un gobierno extranjero de quien era la máxima autoridad de las fuerzas armadas hasta hace dos años, bajo acusaciones contrarias a la verdad. El daño a la imagen del Ejército y a la del país mismo están a la vista.

¿Exoneración de un culpable para no contrariar a los militares o defensa de la imagen del país y de una institución afectada por una acusación absurda? La información que paulatinamente se ha abierto sobre las pretendidas pruebas presentadas por la DEA, parecerían dar fuerza a la segunda de estas interrogantes.

Salvo que la DEA tenga otros elementos, lo que hasta ahora se ha presentado es caricaturesco, por decir lo menos. La acusación contra el general estuvo sustentada en la conversación grabada entre un capo de importancia menor (El H-2 del cártel de Nayarit) y un subalterno (El H-9) que intenta sacarle dinero a su patrón para corromper a un general del más alto nivel. En algún momento de las grabaciones telefónicas, el lugarteniente, quien ahora desea acogerse al procedimiento de testigo informante de la DEA para reducir la pena, refiere que el militar al que está corrompiendo aparece en la televisión. Era Cienfuegos. Es realmente el único dato “sólido” que incrimina al ex secretario de la Defensa, por lo menos en lo que se ha dado a conocer. Pero a contrapelo hay muchos indicios de que el general del que habla y con quien supuestamente se reúne El H-2 era de plano una invención o se trata de otra persona: lo describe como un hombre “medio llenito”, blanco y de mejillas enrojecidas y señala que su esposa es hermana del gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz y que su hijo tiene la misma edad que el suyo. A la DEA no pareció molestarle que los rasgos físicos descritos son distintos y casi opuestos a los de Cienfuegos y que su esposa no sea familiar de un gobernador o que solo tenga hijas y ningún hijo varón. Tampoco hay trazo de dineros inexplicables en las cuentas del general y los suyos o en su patrimonio; y un par de fechas en las que El H-2 informa haberse reunido con el militar, este demostró haberse encontrado en otra ciudad, algo que tampoco la DEA se tomó la molestia de contrastar. En ese sentido, es explicable la molestia de las fuerzas armadas y el severo extrañamiento que el gobierno mexicano hizo a la DEA.

Lo que es menos explicable es el lamentable manejo de la crisis que ha hecho el gobierno mexicano. Lo que debió haber sido un tratamiento exclusivamente jurídico, terminó convirtiéndose en un pronunciamiento político, lo cual a mi juicio daña a las propias fuerzas armadas e incluso al General Cienfuegos. Las expresiones del Presidente en la mañanera acusando a la DEA de intervencionista y abusiva y al convertir el tema en un asunto de soberanía, contamina a todo el proceso de un sospechosismo que no beneficia a nadie. Ciertamente fue importante mostrar que eran infundadas las graves acusaciones sobre el más alto rango de las fuerzas armadas. El hecho de que el responsable de la seguridad y la defensa del país estuviera a sueldo del crimen organizado perjudica seriamente la legitimidad del Estado mexicano. Pero la rapidez con la que la fiscalía condujo la investigación para exonerarlo y el hecho de que sus conclusiones coincidieran con los pronunciamientos que venía haciendo al presidente, es también sumamente dañino para la legitimidad de la justicia mexicana. Nada de eso era necesario.

En otras ocasiones López Obrador había preferido quitar presión a los roces con Estados Unidos para no poner en riesgo las relaciones con el volátil inquilino de la Casa Blanca. Esta vez no lo hizo. Las razones para haber reaccionado tan vigorosamente solo pueden especularse.

Algunos consideran que la actitud del Presidente es una declaración de amor hacia las fuerzas armadas, el aliado político más importante de su gobierno. Según esta versión, para hacer patente sus vínculos no tuvo objeción en exhibir y denunciar a la agencia que ofendió a sus amigos. Sin embargo, tal explicación me parece débil. El gobierno de la 4T ya había dado suficientes muestras de solidaridad al ejército, al conseguir el enorme mérito que significa expatriar al General y obligar a las autoridades de Estados Unidos a cancelar el proceso judicial en su contra.

Otros explican esta reacción de indignación y molestia como una estrategia calculada para fortalecer la posición de México en la reformulación de relaciones entre nuestro país y el gobierno entrante de Biden. Quizá, aunque podría pensar que gritarle a un vecino tan poderoso para ablandarlo es una apuesta de altísimo riesgo.

Los más suspicaces afirman que no tiene nada que ver con las razones anteriores y sí con una de política interna. Frente a la necesidad de mantener la mayoría en el Congreso, que estaría en riesgo en las elecciones del próximo verano, López Obrador construye una narrativa nacionalista muy fructífera en términos populares. Apelar a la soberanía frente a un poderoso, siempre ha otorgado grandes dividendos al poder en turno a lo largo de la historia política de los pueblos. Si tal es el caso, otra vez, los dividendos de política interna podrían estarse perdiendo en el frente internacional, que será decisivo en la recuperación económica.

O quizá simplemente la reacción del Presidente obedece a la indignación que provoca la desafortunada actitud de una agencia extranjera excedida en un intervencionismo que había que detener de una vez por todas. Explicaciones para lo inexplicable hay varias. ¿Por cuál se inclina usted?

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Entre vacunas y sobrepoblación…

imagen pluma firmasCuando revisamos las cifras de vacunas requeridas no por México, sino por el mundo entero, es evidente que nuevamente “el” problema es que no hay nada, absolutamente nada que alcance para los millones de habitantes humanos que poblamos el mundo. El desequilibro entre los recursos naturales y la humanidad, nos debe abrir los ojos a la verdad: somos una plaga.

Las plagas se caracterizan por tomar posesión de un lugar y no permitir que otros seres se desarrollen: crecen desproporcionalmente y hacen daño. En la naturaleza existen muchas plagas, pero como parte de la totalidad a la que pertenecen, son exterminadas paulatinamente o se autoexterminan.

El ser humano es una plaga muy diferente. Los recursos que hemos creado a través de la capacidad de razonar y crear nos han hecho hasta ahora, indestructibles. Eso es un problema grande, porque en el futuro se perfilan tres posibles caminos, de los cuales dos, son lamentablemente los más probables.

Un camino posible es que la magnitud de los eventos naturales para la aniquilación de la plaga que somos llegue a ser de tal magnitud, que en efecto la naturaleza logre sacudirse esta especie y extermine a la humanidad. Esto no es bueno para nosotros, pero sí para el planeta. Otra posibilidad es que nuestra capacidad racional y creativa le de la vuelta a todos los eventos que puedan aniquilarnos como humanidad, y que sigamos creciendo y destruyendo nuestro entorno, con lo cual la humanidad enfrentaría un futuro apocalíptico al estilo Blade Runner: adiós a la biodiversidad, poca agua, poca comida, levantamientos sociales constantes, migraciones, etcétera.

La tercera salida es la que todos ansiamos: que el ser humano aprenda a convivir con el resto de los animales y que, por lo mismo, respete y haga crecer los pocos ecosistemas que aun quedan en el planeta. Para ello lo primero es dejar de crecer como especie: un planeta como el nuestro no es suficiente para alimentar a los seres humanos sin afectar al resto de la población.

Con siete mil setecientos millones de habitantes no hay alimento, agua, educación ni salud que alcance. Y por supuesto: es igualmente imposible controlar una pandemia en cuestión de unos años. Ha sido un logro el que en un año se hayan logrado varias vacunas: pero ahora hay que fabricarlas, distribuirlas y aplicarlas a siete mil setecientos millones de habitantes.

La ONU considera que la población mundial aumentará “en 2 mil 000 millones de personas en los próximos 30 años, pasando de los 7 mil 700 millones actuales a los 9 mil 700 millones en 2050, pudiendo llegar a un pico de cerca de 11 mil 000 millones para 2100.”

Urge que a nivel mundial se promueva un acuerdo por la reducción de la población en el planeta, si en verdad no queremos acabar en una de las dos posibles salidas apocalípticas.

Otro futuro es posible y comienza con la planificación familiar, que por cierto en México, dejó de existir desde que llegó el PAN al poder. Antes, las campañas de planificación familiar incluían programas de radio, como la serie Estrenando cuerpo, anuncios comerciales como el de la inolvidable tonada “la familia pequeña vive mejor”, educación sexual, regalos de condones a lo largo de todo el país. Todo eso, se acabó de manera inexplicable sin justificación alguna.

Si México no retoma la educación en planificación familiar, seguiremos creciendo como lo hemos hecho, y el panorama no es nada halagador.

En verdad: la familia pequeña vive mejor.

Un mundo con menos seres humanos, también.

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Zara Snapp, especialista en política de drogas: “México está en un momento histórico para pasar del mercado ilegal de cannabis a uno legal

Zara Snapp, especialista en política de drogas: “México está en un momento histórico para pasar del mercado ilegal de cannabis a uno legalLa especialista en política de drogas, Zara Snapp.

México se encuentra a unas pocas semanas de convertirse en el mercado legal de cannabis más grande del mundo. En noviembre pasado, el Senado aprobó la legalización para uso recreativo, una ley que debe tratar la Cámara de Diputados antes del 30 de abril. El martes, el gobierno publicó los lineamientos para la producción y uso medicinal. 

¿En qué momento se encuentra México respecto a la regulación del cannabis?

México ha avanzado mucho, principalmente gracias al litigio estratégico. Hemos tenido dos procesos paralelos que se han llevado a cabo durante los últimos cinco años. El primero es la cuestión del uso medicinal, con una ley aprobada en 2017, una ley tímida, impulsada por la presión mediática de muchos casos de pacientes de niños con epilepsia y las exigencias de sus familiares, que permitía la importación de productos con menos del 1 por ciento de THC pero no contemplaba el autocultivo para pacientes, por ejemplo. Esa ley fue aprobada, pero después nunca fue reglamentada. Es la Corte Suprema la que obliga a la Secretaría de Salud a publicar este reglamento, que es lo que salió esta semana. 

Al mismo tiempo, en 2015 ganamos el primer caso en la Corte sobre el uso adulto, que reconoce que la prohibición de poder cultivar cannabis en tu casa para consumo personal sin fines de comercio viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En México necesitas cinco casos consecutivos para poder lograr la jurisprudencia, que llegó el 31 de octubre de 2018. Ahí empezamos esta discusión nacional sobre el tema y al rato llegó el nuevo gobierno. Con la confluencia de estos dos factores, la Corte Suprema manda una notificación al Congreso con un plazo de 90 días para legislar sobre el asunto, que luego fue prorrogado por la pandemia. En noviembre se aprobó en el Senado la ley para uso medicinal y adulto (también conocido como recreativo) y la Cámara de Diputados tiene hasta el 30 de abril para tratarlo. Diría que México está en un momento histórico, donde puede aprovechar la oportunidad de transitar de un mercado ilegal, donde somos el segundo país productor de cannabis ilegal en el mundo, a uno legal, en el que garantizamos los derechos de las personas usuarias e implementamos medidas afirmativas hacia las comunidades cultivadoras.

En la discusión sobre la legalización aparecen argumentos que van desde el derecho de personas usuarias, los potenciales beneficios económicos del mercado y hasta el impacto en el narcotráfico. ¿Cúal fue el enfoque que primó en el Congreso? 

Creo que hubo una mezcla de intereses. Hubo muchos senadores que incluyeron el tema de derechos. Es decir, que además de los beneficios que va a traer la industria legal a México, también se habló de las libertades y la necesidad de reconocerlas. Hay una idea también de que con la regulación es posible reparar el daño a las personas usuarias y las comunidades. La ley contempla al menos un 40% de las licencias de cultivo solamente para las comunidades afectadas: ejidos, propiedades comunales, sociedades cooperativas, es decir, comunidades que han tenido sus cultivos erradicados durante la prohibición. Eso es un gran reconocimiento, aunque nosotros quisiéramos –y estamos exigiendo– que sea del 80%. También existe una restricción para puntos de venta: las empresas sólo van a poder tener tres puntos de venta por estado, para evitar que haya 50 tiendas de la misma empresa en un mismo estado. Yo veo una voluntad para crear un modelo que reconoce lo que ya existe y que impulsa algo que beneficia a México. Porque para nosotros esta ley no es sólo regular por regular: es regular para que los recursos de la policía que se usan para perseguir a personas usuarias vayan a delitos de alto impacto y que se dejen de erradicar cultivos. Es importante pensar esto como un cambio en la relación Estado-sociedad.

Es regular para que los recursos de la policía que se usan para perseguir a personas usuarias vayan a delitos de alto impacto y que se dejen de erradicar cultivos. Es importante pensar esto como un cambio en la relación Estado-sociedad.

Hay activistas que alertan sobre la posibilidad de que los intereses de las grandes empresas extranjeras productoras de cannabis terminen primando en la regulación. ¿Lo ves como un riesgo potencial?

Sin dudas es un riesgo. Nosotros llevamos años escuchando empresas canadienses que vienen a foros y hablan abiertamente de su interés en invertir en el mercado mexicano para poder aprovechar la mano de obra barata. Lo han dicho literalmente. Para nosotros esto no va si se trata de instalar una industria extractiva más a las que ya existen en el país. En el reglamento que se publicó esta semana, por ejemplo, si tu ves los requisitos que necesitas para hacer un medicamento sólo las farmacéuticas están en condiciones de hacerlo. Pero ese tipo de demandas, junto a las del autocultivo, no iban a ser incorporadas en esta reglamentación, que corresponde a la ley aprobada en 2017. Por eso estamos esperando a que se apruebe en Diputados la ley de uso adulto, que va a ampliar las posibilidades.

¿Cómo crees que va a impactar la legalización del cannabis en la llamada guerra del narcotráfico?

Esto no se va a acabar con la regulación del cannabis, porque hay muchas otras sustancias y actividades involucradas. Desde mi organización abogamos por la regulación legal de todas las sustancias psicoactivas, entendiendo que es mejor que haya seguridad sobre la calidad, que no debe quedar en manos del crimen organizado y que se trata también de quitarles recursos. En México es difícil porque existe una integración fuerte tanto a nivel local como a nivel nacional entre las autoridades y el tráfico de sustancias. No podríamos traficar la cantidad de sustancias que traficamos como país si no hubiera involucramiento por parte de las autoridades.

Pero creo que va a tener un impacto positivo, en primer lugar, en cómo perseguimos delitos. Si legalizamos y descriminalizamos, entonces el Estado ya no va a gastar tiempo y recursos que podrían ir para investigaciones de los delitos que realmente nos preocupan. En México hay una tasa de impunidad del 98%. Y si no perseguimos esos delitos de homicidio, extorsión, feminicidio y desaparición, estos van a seguir sucediendo. Otro lugar donde se va a registrar un impacto positivo es que ya no va a haber una relación de conflicto del Estado con las personas que cultivan, que han llevado a desplazamientos de comunidades y enfrentamientos. Y también tengo la esperanza –y en esto soy optimista– de que quienes participan en el mercado ilegal, que son muchos, decidan pasarse a la legalidad. Al fin y al cabo, en el mercado ilegal también se pagan impuestos como sobornos y compra de armas. Entonces en el tránsito a la legalidad también pueden reducirse los costos. Por último, creo que este va a ser un primer paso importante para luego seguir con otros. Con la regulación vamos a desestigmatizar la planta y nos vamos a dar cuenta que las personas que consumen no son unos locos. Va surgiendo una especie de salida del closet psicoactivo, donde empiezas a hablar de tu consumo con familiares para erradicar ese miedo. 

Con la regulación vamos a desestigmatizar la planta y nos vamos a dar cuenta que las personas que consumen no son unos locos. Va surgiendo una especie de salida del closet psicoactivo

¿Hacia qué nuevo paradigma crees que debería ir México con su política de drogas?

Yo esperaría que nos pudiéramos mover hacia una dirección donde se garanticen los derechos de las personas usuarias y se reconozca que, cuando existe un uso problemático –que existe en el 11% de las personas que usamos sustancias ilegales–, ese uso está mucho más vinculado a la situación de la persona que a la sustancia. La pregunta entonces es cómo podemos mejorar las condiciones de vida de esa persona sin pensar en la abstinencia como el fin último. Es un cambio a largo plazo que tiene que estar acompañado de una mejor y más amplia educación sobre drogas y sustancias psicoactivas: necesitamos entenderlas para poder crear políticas sobre las mismas y la educación también puede fortalecer la prevención y el retraso de la edad de inicio de consumo. Es un cambio cultural. Hay mucha gente que está en el movimiento a favor de la legalización del cannabis pero se espanta cuando les hablas de otras drogas, por lo que es nuestro trabajo debatirlo. Esta idea de que erradicando la oferta va a cambiar la demanda no ha funcionado. Y, además de no funcionar, ha hecho muchísimo daño. 

En el 2021 se van a cumplir 15 años del inicio de la llamada Guerra contra el narcotráfico, con un operativo que lanzó en ese entonces Felipe Calderón y que continúa hasta hoy. ¿Cúal ha sido el saldo de esa política?

Cada año estamos perdiendo más de 30.000 personas por homicidios dolosos. Principalmente hombres jóvenes sin oportunidades. Es esa violencia la que explica la disminución en la esperanza de vida en México. Por otro lado, en estos quince años hemos tenido más de 70.000 desaparecidos, y en la mayoría de los casos hay una colusión para no encontrarlos, o porque la autoridad estuvo involucrada, o porque alguien está protegiendo a otro grupo. Cuando tú vas a denunciar la desaparición de un familiar, la respuesta más común por parte de la autoridad es que seguro estaba haciendo algo, cuestionando la validez de la vida y el valor de esa persona. Hay familias que no han parado de buscar en los últimos diez, doce años. Son ellos los que se convierten en peritos e investigan. Hasta ahora sólo se ha avanzado en la identificación de algunas personas y lugares, gracias a la colaboración del equipo de antropología forense argentino y a la persistencia de las familias, que no han descansado.  El Estado ahora está un poco más involucrado, gracias a ciertos funcionarios públicos, pero en general ha estado ausente durante todo este proceso. Y eso es devastador. Nosotros como país vamos a tener que hacer un camino de reconciliación muy grande que ahorita no estamos contemplando, porque esto no ha parado y seguimos acumulando casos todos los días. 

Nosotros como país vamos a tener que hacer un camino de reconciliación muy grande que ahorita no estamos contemplando, porque esto no ha parado y seguimos acumulando casos todos los días

En las próximas semanas, la Cámara de Diputados seguramente aprobará la legalización del cannabis para uso recreativo. ¿Cúal es el paso siguiente?

Bueno, si se hacen cambios en Diputados la ley deberá regresar al Senado, pero nosotros estamos pensando desde ahora en la implementación. Eso va a depender también de como salga la ley. Si no hay una descriminalización efectiva, entonces vamos a tener que estar documentando todos los casos de abuso y presentando iniciativas para mejorar esa parte. Seis meses después de la publicación de la ley en el boletín oficial, se supone que ya tiene que estar listo el Instituto de Regulación y Control: ahí vamos a estar siguiendo quienes van a conformarlo. Estaremos atentos también a la reglamentación, para ver los detalles y empezar a acompañar e impulsar a las comunidades a que ellos apliquen a las licencias de cultivo para llenarlas y demostrar que hay una demanda de estas comunidades para participar en el mercado. El autocultivo para ese entonces ya va a estar permitido. Ojalá eso signifique el comienzo de la transición a un mercado legal.

JE

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López Obrador contra las “instituciones”

Los adversarios han interpretado este afán del tabasqueño como la muestra de un espíritu autoritario y del intento de construir un Estado en torno a su persona, bajo una concepción antidemocrática y trasnochada.

Entiendo esta crítica, pero me parece que se queda en la superficie. Lo que está intentando hacer López Obrador, a su buen entender, es otorgarle al poder político la capacidad para modificar un estado de cosas que ha funcionado a favor de los privilegiados y en contra de las mayorías desfavorecidas sistemáticamente a lo largo de los últimos 30 años. En su concepción, solo un poder central robusto e identificado con el interés de los pobres puede ser capaz de revertir las inercias y romper el status quo que instalaron los gobiernos neoliberales y que hacen imposible la redistribución social y la construcción de oportunidades para los de abajo. 

A sus adversarios pueden parecerles demagógicas estas explicaciones, pero el Presidente está convencido de que parte fundamental de ese status quo es el entramado de instituciones “democráticas” que se construyeron en estos años. En el mejor de los casos solo cuestan al erario y resultaron insuficientes para limitar los excesos de las élites; en el peor de ellos fueron cómplices por su papel como legitimadores de un supuesto proceso de democratización, que para efectos del interés de las mayorías resultó una farsa. La corrupción, el estancamiento de los salarios mínimos, la desigualdad, la injusticia y el abandono de las regiones pobres se acentuaron al mismo tiempo que proliferaron comités de regulación, institutos de transparencia, órganos de rendición de cuentas. Bajo esta lógica, a pesar de que todos estos organismos podrían haber realizado acciones aisladas positivas, en conjunto sirvieron de tapadera para fingir una democracia que esencialmente funcionaba para los privilegiados.  

Por otra parte, si bien es cierto que la noción de un gobierno con mayor capacidad para tutelar el mercado y la sociedad en su conjunto parece constituir un salto al pasado, la verdad es que la actitud del mandatario mexicano forma parte de una nueva tendencia que recorre al planeta: la revisión de los excesos y desencantos que produjo la dupla del neoliberalismo y su correlato político, la democracia formal. No solo se trata de una reacción de amplios sectores de la población, y allí están los datos del Latinobarómetro que recoge año con año un descenso de la confianza en la democracia en América Latina (en el último reporte, que data de 2018, apenas 48% considera que la mejor forma de gobierno es la democracia, en México apenas 38%). La expansión de las libertades públicas y la explosión de nuevos derechos cívicos y humanos no se tradujeron en un mejoramiento de las condiciones de pobreza, salud y empleo, o por lo menos no lo hicieron a la altura de las expectativas de las mayorías. La emergencia de movimientos y gobiernos populistas, de derecha y de izquierda, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, obedece pues, al profundo descontento que ese modelo de crecimiento y modernización democrática provocaron. Por lo mismo, tachar de trasnochado el discurso lopezobradorista es, por decir lo menos, inexacto. En cierto sentido, nos guste o no, forma parte de un impulso asociado con lo que habrá de presentarse cada vez con mayor frecuencia.

El desencanto por la democracia y sus múltiples instituciones de contrapesos y pluralidad política no solo es fenómeno entre mayorías desfavorecidas. La eficacia mostrada por los gobiernos asiáticos, y particularmente en el caso de China, para afrontar la epidemia y la crisis económica resultante han fortalecido en muchos círculos la idea de una sociedad ordenada en torno a un Ejecutivo eficaz y poderoso. Sobre todo cuando se le contrasta con el pésimo y a ratos caótico manejo de la pandemia que ha caracterizado a países presumiblemente ricos y democráticos.

Podemos estar de acuerdo o no con las medidas de López Obrador, pero habría que entender que hay una lógica en su concepción que va más allá de un arranque egocéntrico o el intento de construir una dictadura. AMLO sabe que dejará la presidencia en cuatro años, lo que intenta es un cambio de régimen para subsanar lo que no funcionó a favor de los pobres. Que lo consiga o no, es otra cosa.

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Los trabajos y los días en 2021

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EPIGMENIO IBARRA

Qué días los nuestros; los que recién han pasado y los que están por venir; terribles y extraordinarios. Qué trabajos tan complejos y monumentales los que nos esperan este año que comienza. El mundo, tal como lo conocíamos, cayó hecho pedazos por un virus.

¿Sobre qué bases habremos de intentar reconstruirlo?

¿Cómo queremos que la vida retome su curso? 

En 2020 sucedió lo inimaginable. Nos toca ahora, en 2021, intentar lo imposible.

Comencemos por lo primero, que es la preservación de la vida.

Un ejército de más de 120 mil efectivos ha de organizarse de inmediato, desplegarse a lo largo y ancho del país y llevar a cabo, con la máxima celeridad y eficiencia, la campaña de vacunación más masiva y compleja de nuestra historia.

No se trata solo de sentarse esperar a que le toque a uno el turno. Un trabajo de esta naturaleza no es solamente responsabilidad del gobierno; implica, necesariamente, la movilización de toda la sociedad.

Atrás han de quedar —vaya paradoja que esto suceda en un año electoral— los intereses partidarios y de grupo.

La preservación de la vida es la prioridad y no debe ser para nadie bandera política. Suicida es aquel que cifra sus esperanzas de recuperar el poder —o de avanzar posiciones— en el fracaso de esta campaña.

Que las vacunas se apliquen lo más pronto posible a la mayor cantidad de personas implica más que un formidable esfuerzo logístico. Hace falta —y con urgencia— un esfuerzo colectivo de conciencia y organización. Hace falta que millones de personas asuman la defensa de los principios de equidad y justicia, y se garantice así que sean los más vulnerables los que primero la reciban.

Y como con la salud se vino abajo la economía, el segundo trabajo que es la reconstrucción de ésta, y ese trabajo también de equidad y de justicia se trata.

La pandemia, como la guerra, se cebó en aquellos a los que durante 36 años de neoliberalismo se les dio la espalda. Son los más pobres los que han sufrido más los efectos combinados de la pandemia y de la crisis, y es a ellos a quienes es preciso apoyar.

Eso ha hecho ya —de manera consistente— el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Falta que fuerzas opositoras y sectores privilegiados de la sociedad cobren conciencia de que los programas de bienestar —que a muchos hogares han salvado del hambre y la desesperación en estos tiempos— no son “limosna”, ni “practica clientelar”. Lo de “por el bien de todos, primero los pobres” no es populismo; es justicia social.

Y si los dos primeros trabajos son preservar la vida y garantizar el bienestar de las mayorías empobrecidas, el tercero, para que la vida tenga sentido y porque es el fruto más preciado de la justicia, es el de construir la paz.

Compite la violencia criminal con el virus en eso de segar vidas. Las guerras de exterminio contra el crimen organizado —como la impuesta por Felipe Calderón a México—, cuando se aproximan su fin se recrudecen; la violencia se sale de a madre. Sobre todo, cuando la libraron dos enemigos que, como el viejo régimen y el narco, eran dos caras de una misma moneda.

Vivimos los coletazos sangrientos de ese conflicto que duró casi 12 años. A narcos y corruptos la paz no les conviene. Que se combatan las causas estructurales de la violencia y se erradiquen la corrupción y la impunidad, menos. Es este, sin embargo, el único camino posible y hemos de recorrerlo juntos, porque la paz, además de ser fruto de la justicia es, forzosamente, una construcción colectiva.

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Una vacuna para López Obrador

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Algunos afirman que Andrés Manuel López Obrador se vacunó hace tiempo contra el covid, bajo la lógica de que las primeras muestras para la inoculación han estado en control de la autoridad federal y habrían llegado hace semanas, durante la negociación con los laboratorios. Los que lo dicen son probablemente los mismos que lo acribillarían si llegara a enfermarse porque habría cometido “la irresponsabilidad”, absurda por parte de un jefe de Estado, de no haber tomado la precaución para inmunizarse. Si lo hizo, cuestionarían el abuso de su autoridad para concederse un privilegio que no tenía el resto de los ciudadanos; si no lo hizo y se enferma, lo criticarían por afectar la conducción del país y quedar expuesto en momentos de crisis nacional.

López Obrador ha expresado que esperará su turno como cualquier otro ciudadano, que presumiblemente ocurrirá a partir de febrero cuando se comience a vacunar a los mayores de 60 años. Este lunes, durante la mañanera, fustigó a los directivos de instituciones de salud que intentan saltarse turnos y beneficiarse a sí mismos y a los suyos. Pidió cero tolerancia ante estos casos y una denuncia puntual al respecto. A juzgar por estas palabras, todo indicaría que el presidente no ha sido vacunado, aunque puedo entender que, en medio de la polarización que vive el país, creerlo o no se convierte en una opción política o en un acto de fe.

En beneficio de la versión de López Obrador opera el hecho de que su vocero y una de las personas más cercanas, Jesús Ramírez, informó este fin de semana que había contraído el covid19.

De entrada, el hecho de que una figura tan importante de la 4T no hubiese sido vacunada a pesar de que el gobierno tiene disponible la inoculación, es en sí un dato que lleva a la reflexión. No puedo imaginarme a un funcionario del círculo íntimo de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón que hubiese rehusado el privilegio de inmunizarse si la pandemia hubiese ocurrido durante su sexenio. Los usos y costumbres de ese momento habían normalizado la noción de que los recursos públicos constituían un patrimonio al que los altos directivos tenían derecho. Una especie de prebenda que iba con el puesto. Basta ver como usaban los aviones, las instalaciones, los comedores exclusivos, los guaruras o los chefs pagados con nuestros impuestos. En ese sentido, más allá del balance final que merezca el gobierno actual, habrá que considerar entre sus aciertos el cambio de referentes en materia de uso y abuso de los bienes públicos. Podrán cuestionarse los viajes del presidente en avión comercial y la pérdida de tiempo y eficiencia que ello supone en la conducción de los asuntos de Estado. Pero es cierto que ha sido un símbolo muy poderoso para marcar pauta al resto de los funcionarios y cambiar el paradigma de este tipo de corrupción.

Sin embargo, y regresando a la pandemia, el criterio decisivo para valorar la actuación de las autoridades, más allá de que ellos se vacunen prematuramente o no, será el resultado en términos de salud pública. El primer año los esfuerzos se centraron en la tarea de acotar la epidemia y evitar la saturación del sistema de salud. El segundo año estará marcado por el enorme reto de inmunizar a la población en el menor tiempo posible, una carrera en la que están inmersos todos los países y sobre cuyo resultado sus líderes serán juzgados. 

Difícilmente podemos hacer un balance favorable de la primera etapa; más allá de que hay un sesgo político en la crítica que intenta sacar partido y responsabilizar al gobierno de todos los males, y allí están las cifras igualmente onerosas en países con infraestructura y recursos mayores que el nuestro, lo cierto es que 130 mil muertos son demasiados, y hay contradicciones e inconsistencias a lo largo de 2020 en el desempeño de las autoridades de salud.

Ahora arranca una segunda etapa que será decisiva. De la eficacia y rapidez de la campaña de vacunación dependerá el número final de muertos y, sin duda, eso es lo más importante. Pero también es cierto que el gobierno se está jugando el resto. La epidemia y la crisis económica han lastrado las posibilidades de ofrecer resultados contundentes del combate a la pobreza o la disminución de la desigualdad, como se había propuesto el gobierno. Pero en ese sentido ningún país se salva. López Obrador tiene claro que entre más se extiendan las restricciones a la circulación y se demore la apertura plena de la actividad económica, menos posibilidades tienen sus reformas para hacer un cambio sustantivo en la realidad del país.

La apuesta del gobierno para enfrentar este reto es arriesgada. Ha optado por una estructura paralela conformada por 10 mil brigadas. Cada una estará integrada por 12 personas: cuatro promotores sociales que laboran en programas sociales, dos del sector salud, cuatro elementos de las fuerzas armadas y dos voluntarios. Esto significa movilizar a 120 mil personas durante varios meses, bajo una estructura heterogénea e inusual comparada a la estrategia de la mayoría de los países, que recurrirán a los canales fortalecidos del sistema de salud vigente. Una tarea logística ambiciosa en la que nuestro gobierno se tiene confianza y apuesta su capital político.

Se le ha criticado porque se asume que es una estructura que tiene fines clientelares, lo cual AMLO rechaza: está convencido que es la vía más eficaz para inmunizar a la población. Esperemos que no se equivoque, por el bien de todos.

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Filomena, el trumpismo y el cambio climático

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Hace ahora dos años, en enero de 2019, cuando Donald Trump todavía tenía cuenta en tuiter, una ola de frío se extendió por Estados Unidos dejando temperaturas mínimas de 40 grados bajo cero. Trump, una de cuyas batallas políticas mas importantes ha sido el negacionismo del cambio, climático aprovechó la oportunidad de hacer alarde de ese negacionismo, y escribió un tuit en el que decía más o menos esto: “¿Qué demonios está pasando con el calentamiento global? Por favor vuelve pronto ¡Te necesitamos¡”. Algo parecido hemos vivido a escala española en estos días de nieves y frío en las redes. sociales

Es ya un clásico del negacionismo aprovechar las olas de frío para cuestionar el calentamiento global. Poco les importa a ellos que los datos que avalan el progresivo calentamiento sean contundentes, y que 2020 haya sido el año más cálido desde que hay registros: el negacionismo aprovecha cualquier oportunidad para hacerse notar. También ha ocurrido con Filomena, y mientras nevaba intensamente en grandes zonas de España, las redes se llenaban de comentarios  del estilo trumpista.

En realidad de poco o de nada les sirven a los negacionistas las explicaciones científicas. También estos días numerosos expertos han explicado que los eventos meteorológicos extremos, como la tormenta de nieve Filomena que  hemos vivido, son uno de los efectos esperables del cambio climático. Pero eso no importa a quienes niegan el cambio climático, porque tratan simplemente de sembrar  dudas que dificulten la acción política decidida para reducir las emisiones. Llevan 30 años haciendo lo mismo. El actual negacionismo climático no tiene ninguna base científica, y es más parte de la conspiranoia extremoderechista, bien financiada por las empresas petroleras, que cualquier otra cosa. De hecho en España la extrema derecha de VOX ha hecho del negacionismo climático su principal mensaje en materia ambiental (junto con la defensa de la caza y los toros).

Más sorprendente ha sido que, aprovechando la nevada que nos trajo Filomena, el Presidente de Aragón, Lambán, del PSOE saliera en tuiter desmintiendo la predicción científica de que (tal y como demostraba la nevada de estos días) el cambio climático iba a acabar con la nieve en las montañas, y aclarando que en realidad lo del cambio climático es una teoría científica sin confirmar… Es decir, se ponía al nivel argumentativo del negacionismo más recalcitrante,
aunque en el caso de Lambán es público y notorio que lo que pretende es defender las polémicas y contestadas obras de Castanesa, en el Pirineo aragonés. En todo caso,  han sido unas declaraciones lamentables de un presidente socialista de una comunidad autónoma como Aragón.

La mala noticia en todo caso es que el cambio climático sigue aquí, a pesar de Filomena. Ciertamente el frío de estos días nos recuerda los tiempos en que los inviernos eran más duros, pero recordemos que no hay que confundir la meteorología con la climatología, y que una ola de frío no es prueba de que no haya calentamiento, sino al contrario es parte del mismo fenómeno de alteración climática.

Ya vemos como ha acabado lo de Trump. Pero el trumpismo sigue vivo, y el negacionismo climático también, así que afinemos los argumentos para rebatir el cuñadismo con contundencia y sigamos adelante en esta lucha sin cuartel para evitar que se continúe agravando la situación climática. La década en la que entramos es decisiva, y no podemos distraernos del objetivo de reducir las emisiones, con todo lo que eso conlleva.

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