AMLO, el demócrata camuflado

Tiende a soslayarse que los presidentes anteriores dieron tantos manotazos como pudieron a los órganos “democráticos”, quizá porque lo hicieron mientras pronunciaban discursos hipócritas sobre el respeto a las sacrosantas instituciones. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto movilizaron a sus partidos para conseguir personeros en el INE, antes IFE, en clara traición a la autonomía del árbitro electoral que juraban respetar. Estos mandatarios también buscaron una Suprema Corte a modo, ¿o cómo entender convertir en ministro a un miembro del gabinete como Eduardo Medina Mora? Pueden irritar las rasposas expresiones que AMLO dirige al Coneval, al Inegi o a cualquier otro órgano independiente cuando sus reportes contravienen sus “otros datos”, pero son tanto o más graves actos como el de José Antonio Meade, el “honesto y moderno” ex secretario de Hacienda, quien impuso a una empleada, que ni los requisitos cumplía, como consejera del Inegi.

López Obrador ha mandado al diablo a las instituciones, pero en última instancia las ha respetado una y otra vez en los momentos decisivos. En 2006, tras perder oficialmente por 0.5 por ciento de los votos, pero convencido de que había sido víctima de un fraude, canalizó pacíficamente los actos de protesta. A sus ojos no podía existir mayor agravio que ser despojado ilegalmente de la presidencia y, no obstante, mantuvo a raya los impulsos radicales de los muchos que exigían una respuesta severa o, incluso, violenta.

Esta semana está reaccionando de la misma manera en momentos en que tribunales e instancias paralelas al gobierno federal han golpeado sus proyectos. El Tribunal Electoral canceló en definitiva las candidaturas de los elegidos por Morena a la gubernatura de Guerrero y Michoacán y eliminó la posibilidad de futuras sobrerrepresentaciones del partido mayoritario en las cámaras. Lo primero tiene un alcance más emocional que político, porque Morena está en condiciones de ganar con los candidatos que sustituyan a los sancionados; pero lo segundo afecta severamente el ansiado objetivo de alcanzar mayorías calificadas para conseguir los cambios jurídicos que requiere la consolidación de la 4T.

Y no obstante, en la mañanera de este miércoles pidió categóricamente acatar la ley. “A pesar de este agravio, yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito de desmoralizarnos, desanimarnos. No, hay que echarse para adelante. Debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional: es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad. Entonces, no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia, seguir luchando de manera pacífica”.

Sus declaraciones tienen mérito porque él ha señalado que, cuando la ley y la justicia se contraponen, lo ético es actuar con justicia. Y aunque seguramente él considera que es injusto que eliminen a sus candidatos, decide someterse a la ley. Me parece que, a pesar de la reiterada acusación que López Obrador ha recibido de parte de sus críticos de ser un hombre autoritario e incluso despótico, en las coyunturas importantes el Presidente ha optado por el respeto al entramado legal. Pese a su agresividad verbal se trata de un político responsable que intenta cambiar por vía pacífica y medios institucionales un régimen que considera injusto.

No hay que olvidar que AMLO llega al poder como una expresión de amplios sectores irritados con el orden vigente. Hay un México bronco crecientemente exasperado que ha venido expresándose de manera cada vez más exaltada: desde comunidades dispuestas a tomarse la justicia por propia mano (linchamientos o guardias auto armadas) hasta acciones de saqueo espontáneo, bloqueos e invasiones. Existía el riesgo de que López Obrador echara mano de coartadas de orden ideológico, para emprender un cambio de régimen con medidas drásticas, presumiblemente justificadas por razones sociales. Y sin embargo, se ha movido de acuerdo al entramado institucional, aun cuando no esté de acuerdo con buena parte de su funcionamiento o su legitimidad. Y esa, justamente, es otra forma de definir a un demócrata.

Hay un México bravo y resentido, insisto, y el hecho de que por vez primera tuviese un representante en Palacio Nacional podría haberse traducido en una actitud arrebatada y arrebatadora. Hasta ahora, lo único arrebatado realmente en López Obrador han sido sus frases. Sus iniciativas o sus decisiones en materia presupuestal pueden ser objeto de controversia en la opinión pública, pero responden a los ámbitos de su competencia y lo ha hecho a través del marco legal. Y por lo demás con el respaldo legítimo y político de un voto mayoritario que pedía un cambio. Nada que otro gobierno no pueda, también dentro de sus atribuciones, desanudar si cuenta con el apoyo político y social. 

Más allá de la polvareda del debate público, en el que ambas partes no ahorran epítetos y descalificaciones, lo que está en marcha es un intento de cambio de régimen en respuesta a los problemas de México. Puede tener aciertos y desaciertos, pero, contra lo que se dice, hasta ahora se trata de una reforma pacífica y responsable.

Jorge Zepeda Patterson

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