El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princersa Leonor y la Infanta Sofia, en los actos de la Fiesta Nacional, en la Plaza de la Armería del Palacio Real, en Madrid. REUTERS/Kiko Huesca/Pool
El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princersa Leonor y la Infanta Sofia, en los actos de la Fiesta Nacional, en la Plaza de la Armería del Palacio Real, en Madrid. REUTERS/Kiko Huesca/Pool

 

Un rey democrático es un oxímoron. La democracia no reconoce legitimidad alguna al poder de los linajes y las castas. Obvio: niegan la libertad, la igualdad y la fraternidad. Así que es imprescindible sujetar al monarca con una Constitución: derechos fundamentales y universales frente al libre albedrío real.

El poder monárquico se asienta sanguíneamente, vía genética y bélica. La sangre azul se transmite con pompa a los vástagos y con infamia a los bastardos. Antes corrió plebeya y roja, a raudales en los campos de batalla. Entrepiernas blasonadas, conspiraciones palaciegas y guerras fratricidas: la tríada monárquica.

En la última restauración borbónica confluyeron esas instancias de legitimación. El Reino de España fue, una vez más, fruto de un golpe de estado y de otra guerra civil. Esta vez acaudillada por Francisco Franco y bendecida (de nuevo) bajo el palio de la santísima trinidad: Dios, Patria y Rey.

El Caudillo hizo saltar a los genes borbónicos una casilla cuando designó heredero a Juan Carlos I. Sacó a don Juan del tablero y dejó claro cuánto era su poder, designando sucesor al hijo. Este fue proclamado rey, juramentándose con los Principios del Movimiento Nacional. Y se le “unció” la corona con una “Misa de Espíritu Santo” en la Iglesia de San Jerónimo el Real.

Con estos mimbres, la inversión para transformar aquel capital simbólico en el de un rey democrático fue formidable. El nacionalcatolicismo chocaba de frente con el trío laico de las democracias: medios de comunicación libres, sondeos independientes y urnas soberanas.

Más allá de los resultados, el significado de la encuesta que se publicó el 12 de octubre de 2020 es que la ciudadanía exige que la Monarquía rinda cuentas. Una inmensa mayoría de españoles y españolas mayores de 16 años – el 77,9% – sostiene que el monarca pueda ser juzgado durante su reinado. Y el 86% apoya que los bienes de la Corona se sometan a escrutinio público. El 71,9 % cree que la Carta Magna de 1978 necesita ser reformada.

La encuesta pone en evidencia, primero, que Juan Carlos I ha huido. Se fugó de una esfera pública democrática antes de rendir cuentas ante ella. No se exilió escapando de un gobierno republicano dispuesto a guillotinarle. Y, en segundo lugar, la encuesta le retira el calificativo de emérito al exmonarca: no quiere o no puede hacer valer sus méritos.

En lugar de exigir luz y taquígrafos, el exmonarca se refugió en una monarquía fundamentalista, machista, racista y corrupta. Allí no puede ocurrir lo que aquí ha pasado. 16 medios, con economías y salarios de subsistencia se coaligaron para ofrecernos una “exclusiva” mancomunada, imposible de lograr por separado.

Estos medios “independientes” demuestran serlo sufragando la encuesta con aportaciones de sus públicos y dándoles voz. Pero se someten y aplican la metodología del propio CIS. A ellos y al resto de la sociedad. También a los que se declaran monárquicos y cuentan con tribunos y plataformas de enorme alcance ¿Cabe mayor ejercicio de republicanismo laico, sin atadura a credo alguno?

El capital simbólico juancarlista es fruto, en gran medida, de una gestión no democrática de los institutos (y recursos) públicos que “hacen hablar” a los españoles. Se impuso la (auto)censura y la gestión opaca de la demoscopia (visión estadística). Se dibujó así una sociedad “inmadura” para mantener debates públicos de calado: llegaría de nuevo a las manos o alzaría los puños provocando un alzamiento militar. Eso debieron aventurar los directores del Instituto de la Opinión Pública, que hizo de la figura de Juan Carlos un objeto de estudio preferente.

El IOP, creado en 1963 bajo el control de Fraga Iribarne, auscultaba a un pueblo amordazado. En 1977 se transformó en el Centro de Investigaciones Sociológicas, gestionado al albur del Gobierno de turno hasta la llegada de Rodríguez Zapatero. Entonces, el CIS abrió los bancos de datos de sus encuestas. Es decir, se abrió “la cocina” de las proyecciones con respuestas no directas. Medida que repite la encuesta del 12 de octubre. Datos libres para una ciudadanía que se reclama MasterChef: capaz entrar en la cocina, donde antes solo guisaban los estrategas electorales del gobierno.

El IOP fue determinante para fijar el papel de la Corona en el tardofranquismo. Y el CIS lo fue para constitucionalizar la figura de Juan Carlos I, evitando un referéndum sobre la monarquía e incluyéndola como plato obligado en el referéndum constitucional. Lo reconoció el propio Adolfo Suárez en la entrevista (censurada hasta hace poco) a Victoria Prego en 1995: “los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república…, hacíamos encuestas y perdíamos”, admite el expresidente. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la ley [de la Reforma Política de 1977]”. De esta manera, “dije que había sido sometido a referéndum ya”, explicaba Suárez.

El CIS dejó de preguntar sobre la Corona cuando la figura plebeya de I. Urdargarín encarnó la corruptela regia. La encuesta del 12-10-2020 da también información para que la Zarzuela acepte una reforma constitucional, consciente de que si no lo hace perderá el (considerable) apoyo social con el que aún cuenta. Además, sabe que de no hacerlo aumentarán las fracturas generacionales y territoriales de ese respaldo. Y que, entonces, la Casa Real tiene fecha de caducidad: ni siquiera un tercio de los encuestados cree que la princesa Leonor llegará a reinar.

Una vez más, como en la Transición, los exiliados de la esfera pública franquista y monárquica contribuyen a democratizarla. Ahora cuentan con medios y encuestas independientes. No va a ser tan sencillo negarles las urnas. La Corona y sus acólitos podrían caer bajo las únicas guillotinas que reconoce la democracia: periodismo de investigación y de datos libres, con filtraciones no oficiales y sondeos rigurosos, antes y después del referéndum.

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