Amloista con derecho a disentir

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JORGE ZEPEDA PATTERSON

Acontrapelo de la opinión de muchos lectores, sostengo que el gobierno del presidente y agitador Andrés Manuel López Obrador está cambiando, para bien, aspectos fundamentales de la vida pública en México. No sé si al final tales cambios califiquen como una Cuarta Transformación como él presume (al nivel de la Independencia, la Reforma o la Revolución de 1910), pero no tengo dudas de que este sexenio está enderezando distorsiones y excesos de un sistema que había llegado al límite por su corrupción, por su fracaso frente al crimen organizado y por el abandono de buena parte de la población y de las regiones que no eran funcionales a la economía de mercado. Al final, las mayorías desdeñadas cobraron la factura a los partidos gobernantes, PRI y PAN, y llevaron a Palacio Nacional a un líder político que les prometió cambiar las cosas.

Y a eso se ha dedicado López Obrador entre el llanto y el crujir de dientes de los muchos que no están de acuerdo con sus banderas o con su peculiar manera de llevarlas a cabo, que no es lo mismo, aunque se parece.

Lo cierto es que más allá de las controvertidas provocaciones, la cuestionable sobreexposición del Presidente y sus métodos, está en proceso un cambio en lo que verdaderamente importa. Un rápido recuento: transferencia masiva de recursos a los sectores sociales más desprotegidos; proyectos de inversión pública al abandonado sureste del país; modificación del sistema de salud para intentar asegurar medicinas y atención médica universal; combate a fondo de la evasión fiscal por vez primera en México; investigación bancaria del lavado de dinero; embate contra el robo de combustibles en gasoductos; revisión de contratos leoninos en obras públicas, medicinas, industria eléctrica y petroquímica; fin del gasto suntuario de la clase política y austeridad en las finanzas públicas; restricciones al endeudamiento del sector oficial.

En suma, el gobierno intenta cumplir la agenda social y política con la que se comprometió, lo hace sin represión política frente a los que manifiestan su oposición y sin someter al erario a deudas futuras. Algo que no podríamos decir de los gobiernos anteriores. Una revolución social sin violencia, con estabilidad y responsabilidad financiera.

Entiendo que las polémicas pinceladas con las que nos regala cada semana secuestran la atención del público, pero habría que observar que detrás de este tinglado la agenda descrita arriba avanza de manera inexorable. El presidente parece divertirse con los fuegos artificiales y las pasiones encontradas que producen sus rifas de avión sin avión o la exhibición de documentos apócrifos de presuntos complotistas.

En otro momento habría que abordar si tal tendencia a la provocación responde a un rasgo de carácter o a un cálculo político. Pero haríamos muy mal en creer que otras decisiones importantes son una ocurrencia. Cuando negó a los empresarios un paquete de apoyo ante la tragedia económica provocada por la pandemia, fue señalado como un gobernante irresponsable y artífice de la destrucción del aparato productivo. En realidad, AMLO actuó con absoluto apego a la agenda que lo llevó a Palacio: primero, encarar la emergencia sin recurrir a ingresos extra o endeudamiento para no comprometer el futuro de las siguientes generaciones y, segundo, volcar lo poco o mucho que se tenga a paliar los efectos de la crisis entre los que menos tienen. El resultado es un programa de 307 mil millones de pesos a créditos populares en lo que resta del año y un aceleramiento de los cuantiosos subsidios a adultos mayores, personas discapacitadas, jóvenes y mujeres en insolvencia. El Inegi señaló hace unos días que 12 millones de personas habían perdido temporalmente el empleo como resultado de la pandemia. Pero solo 2 millones eran del sector formal, es decir aquellos a los que el presidente se rehusó a ayudar, según los empresarios. Los otros 10 millones pertenecían al sector informal, grupo poblacional al que van dirigidos los apoyos del gobierno. En total, presidencia estima que la derrama de recursos llega de manera directa al 70% de los hogares mexicanos, justamente los menos afluentes.

Nada asegura que habrán de conseguirse las metas que persigue AMLO. En algunas se ha avanzado, en otras, como la inseguridad pública, hasta ahora el efecto es nulo. Pero ciertamente el presidente no ha escatimado energía o voluntad política.

Esto no quiere decir que coincida siempre con su gobierno y mucho menos que esté dispuesto a renunciar a mi derecho a disentir, como él lo pide. En los últimos días ha dicho que ya basta de simulaciones y que no hay más que de dos sopas, se está a favor de la transformación o se está en contra de ella.

En esta formulación hay un aspecto comprensible y otro aberrante, en mi opinión. Por un lado, es cierto que muchos se dicen partidarios de favorecer a los pobres y mejorar la justicia social, pero se la pasan descalificando al proyecto de cambio con cualquier pretexto. Es a ellos a los que AMLO parecería decirles: quítate la máscara y confiesa que en realidad no estás de acuerdo con un cambio social. Eso puedo entenderlo. De allí la cita que suele hacer de Melchor Ocampo: “Los liberales moderados no son más que conservadores más despiertos”.

Pero hay otra interpretación, esa sí intransitable: pensar que el apoyo al cambio que propone la 4T debe significar una sumisión ciega a todos los actos del gobierno que la encabeza. Hay que insistir que López Obrador y su movimiento son la expresión política de una causa más vasta; el abandono en que se tenía al México de abajo y el reclamo para que esa injusticia se modifique. Por mérito propio y circunstancias históricas, AMLO encabeza esta reivindicación, pero eso no lo hace infalible, ni convierte en traición la crítica puntual de los desaciertos o insuficiencias. Por el contrario, los señalamientos desde la congruencia o incongruencia con sus propios objetivos, es un insumo indispensable para todo gobernante. Estoy a favor de la transformación de México que se encuentra en curso, pero rechazo que en ella solo puedan caber conservadores (abiertos o simulados) por un lado y progresistas sumisos, por el otro. El país de justicia e inclusión al que aspira la 4T tendría que aceptar la disensión sin que sea tachada de traición.

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