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Hace unos días Joaquín Guzmán, llamado El Chapo, fue trasladado, con medidas de seguridad más cinematográficas que policiales, del Penal de El Altiplano, en Almoloya, al de Ciudad Juárez. Más de un analista ha querido ver en esta medida el anuncio de su extradición inminente a Estados Unidos.

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No lo acabo de ver claro, pues no creo que tengan pensado extraditarlo a caballo. Sin embargo, en el plano simbólico no deja de ser significativo. Las referencias alegóricas luego tienen más sentido que las que se pretenden ancladas a la realidad.

En todo caso, el presidente Peña ya anunció recio y a los cuatro vientos que El Chapo sería entregado a la justicia gringa en un corto plazo. Lo dijo en los Alpes, y lo que se dice en los Alpes, por su altura imponente, resulta indiscutible. La idea es que en Almoloya van a hacer “reformas”. Obviamente, una reforma fundamental consiste en que el hombre de Badiraguato ya no esté ahí. Sin embargo, no se ha dicho si otros de los huéspedes de tan renombrado “resort” también se verán afectados por susodichas “reformas”.

No todo lo que huele mal está podrido, ahí está el amoniaco como prueba fehaciente, pero todo lo que está podrido huele mal. Si la afirmación del primer mandatario es digna de crédito, El Chapo será extraditado. Es una atribución quasi exclusiva del Poder Ejecutivo. Pero, ay, si es así, por qué tantos circunloquios y tardanzas. Joaquín cae en enero de este año, hace casi exactamente cuatro meses. ¿Qué reformas serán esas que sólo pensarlas se llevó un cuatrimestre entero? ¿O bien es que hay otros titubeos de los que es mejor no hablar?

Es obvio, o debería ser obvio, que para Barack Obama sería toda una medalla, un Oscar a la mejor realización, terminar su segundo cuatrienio con la “captura” del fugitivo más codiciado del mundo. No hay duda alguna. Fuegos de artificio.

Ya logró doblar las manitas de Irán y de Cuba. Le falta Siria, pero todavía le queda tantito tiempo. Cobrar la presa de El Chapo Guzmán —que hace tiempo pasó de la página roja a la de Forbes— es, sin duda, una estatuilla importante.

Ahora bien, ¿por qué diantres el gobierno de México no las aflojó antes si, a todas luces, ya lo tenía decidido? Uno de los principales funcionarios del primer gobierno de Peña, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, declaró enfáticamente, a raíz de la segunda detención del capo, hace dos años, que Guzmán Loera no sería extraditado bajo ninguna circunstancia. O Murillo se fue de la lengua o Peña cambió de opinión y de procurador o son las circunstancias las que cambiaron.

Que el jefe del Ejecutivo está sometido a un fuego cruzado virulento y permanente, de origen septentrional, no debería caber ninguna duda. Las causas y los objetivos de tal andanada, para los que estamos fuera, no son claros. No obstante, todo parece indicar, y deberíamos escribir sobre ello con más detalle, que ya las dio o, en la más optimista de las versiones, que las está dando. El Chapo es toda una ordalía, un Juicio de Dios. Una prueba de fuego.

La legislación mexicana es intolerantemente ambigua en esta cuestión. Resulta que el Poder Judicial, uno de los tres pilares de la Federación, juega un papel meramente “decorativo”. Quien decide a quién se extradita, a petición de un gobierno extranjero, independientemente de la nacionalidad del requerido, es el Presidente de la República. Suena medieval. La Reforma introdujo modificaciones leves, y la Constitución del 17 estableció normas humanistas y soberanistas.

Presos recluidos en nuevas demarcaciones administrativas merecieron indulgencias arbitrales. Viejas invocaciones constriñeron a ejercer sus mandatos in aeternum. Denegar estas normas añadiría dimensiones infamantes en menoscaboad soberanis.

Hay aquí un problema más ético que jurídico. Más de afirmación soberana que de reglamentación internacional. ¿Cuál sería el motivo, jurídico y social, para entregar al Chapo a los gringos? ¿Que cometió delitos allá, sin haber estado allá? Pos también los cometió aquí, habiendo estado aquí. ¿Que no existen aquí las condiciones para garantizar su encierro? Tal argumento nos devalúa, nos autodefine como república bananera. No somos capaces ni de conservar nuestros presos. Menos mal que ahí están los gringos que sí saben y que sí pueden.

Es la humillación, en el sentido más estricto y denigrante del término. México no es un país. No nos hagamos ilusiones. Es únicamente una especie de territorio.Backyard.

MARCELINO PERELLO

http://www.excelsior.com.mx/opinion

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