¿Quién paga por la gordura?

¿Quién paga por la gordura?

¿Debe el Estado decirnos qué comer? ¿Debe meterse con nuestro peso? ¿Debe evitar que nuestros hijos estén obesos? La respuesta es sí, siempre y cuando la sociedad sea la que esté pagando por las consecuencias del sobrepeso.

En principio, un individuo y su familia pueden comer lo que se les venga en gana, siempre y cuando ellos paguen para curarse de las enfermedades asociadas al sobrepeso como la hipertensión arterial, infartos, deficiencias vasculares, diabetes y cánceres de mama, esófago y riñón. Si estas personas cuentan con un seguro privado, que les cobra una prima especial por tener sobrepeso, pues ahí el Estado no puede ni debe meterse en sus hábitos alimenticios. La mala decisión individual la paga el individuo.

La historia es muy diferente cuando alguien engorda y la sociedad tiene que asumir los costos de curar las enfermedades a consecuencia del sobrepeso. No se vale que la colectividad pague la cuenta de la decisión individual de comer como un puerco de engorda.

Es, por desgracia, lo que en general sucede en México, donde la mayoría de las familias con sobrepeso asisten a los sistemas públicos de salud a atenderse. El contribuyente es el que está pagando por la irresponsabilidad de su pésima dieta.

De acuerdo con cifras gubernamentales, “de 1980 a la fecha, se triplicó el porcentaje de mexicanos con sobrepeso y obesidad”. De esta forma, México “es actualmente el país con el mayor número de personas adultas con sobrepeso en el mundo y, también por desgracia, el que tiene mayor problema de obesidad infantil en el orbe”.

El tema es particularmente alarmante con los niños. En la medida en que crezcan con sobrepeso, el sistema de salud pública va a quebrar. No se podrá financiar a tantos pacientes con enfermedades que son muy caras de curar. Por tanto, para proteger el interés de los contribuyentes, el gobierno debe lanzar un paquete de políticas públicas para que los mexicanos cuiden su dieta.

Lo más lógico es concientizar a la población de los peligros del sobrepeso con contenidos educativos a todos los niveles y campañas permanentes de comunicación social. Y, en el caso específico de los niños, mejorar la nutrición en los centros escolares así como realizar actividades físicas en ellos.

Lo primero implica una reforma a la Ley General de Salud para prohibir la venta de refrescos endulzados y comida chatarra en las escuelas. Otra opción es establecer un impuesto especial a estos productos que se utilice directamente para financiar la curación de enfermedades asociadas a la gordura.

Cualquiera de estas opciones perjudicaría los intereses comerciales de los productores de refrescos, botanas, pastelillos, etcétera. Desde luego que éstos no quieren perder la utilidad que actualmente tiene este lucrativo negocio. Van a cabildear, por tanto, para evitar que el Congreso realice cualquier reforma que altere el statu quo.

Estará en manos de los legisladores resistir estas presiones. Tendrían que hacerlo para evitar la eventual quiebra del sistema de salud pública a consecuencia de la pésima dieta de millones de mexicanos. Ese es “el deber ser”. Sin embargo, ya sabemos que nuestros legisladores no son muy propensos a realizar reformas que beneficien a la sociedad en su conjunto. Y mientras no las realicen, pues todos los mexicanos tendremos que seguir pagando por la gula de cada una de las personas con sobrepeso.

El tema es particularmente alarmante con los niños. En la medida en que crezcan con sobrepeso, el sistema de salud pública va a quebrar.

Leo Zuckermann/exonline.com.mx

Deja un comentario