Un futuro para Mexico

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II. La prosperidad

Crecer

¿Qué hacer con nuestra economía? ¿Cómo desatar la prosperidad de México? Hemos pasado décadas construyendo programas, algunos de clase mundial para combatir la pobreza. Pero ni en los años de gobierno del PAN, ni en los anteriores del PRI nuestro país ha sido capaz de crear un ciclo largo de prosperidad que cambie su ingreso per cápita de las cifras de un país subdesarrollado a las de uno desarrollado.

¿Cómo abrir el cajón de la productividad y la riqueza? Hay acuerdo entre los expertos en que sólo se vuelven prósperos los países que se lo proponen explícitamente, que alinean sus instituciones y sus decisiones para ello. No hay mucho que inventar. Para crecer mucho hay que invertir mucho y ahorrar mucho. Hay, pues, que crear condiciones atractivas para la inversión y estímulos claros para el ahorro. Esto implica cambiar la meta nacional de combatir la pobreza a la meta nacional de crear riqueza (sin abandonar lo ganado en programas para la población más desprotegida).

La única manera de crear riqueza y empleo, de elevar el peso de la masa salarial en el producto interno bruto, de fomentar la movilidad social y crear la sociedad de clase media que anhelamos, consiste en abrir la economía a la inversión y la competencia global y nacional. Se trata de quitarle a una economía que podría crecer al 5% o 6% anual todas las trabas que lo impiden: crear una efectiva economía de mercado en sustitución de la economía intervenida por monopolios, empresas dominantes, oligopolios y poderes fácticos que nos caracteriza.

Los espacios de generación de riqueza que sustentan la prosperidad de las grandes economías del mundo se hallan capturados en México por empresas públicas monopólicas, por empresas privadas dominantes y por las redes de intereses asociados a ellas: sindicatos públicos y proveedores prebendados en el ámbito estatal; cadenas de negocio y rentas oligopólicas en el orden privado.

Las capturas estatales del mercado y sus regulaciones excesivas frenan la creación de riqueza en ámbitos fundamentales como la tierra, el agua, los bosques, el subsuelo mineral, la infraestructura, la electricidad, el petróleo. Las empresas privadas dominantes, y la pobre regulación de sus prácticas abusivas, frenan la competencia en escenarios también claves como las telecomunicaciones, los medios, la banca, el transporte, la construcción, la industria alimenticia, la banca, el comercio de menudeo. Acotar prácticas monopólicas —fijación de precios, cartelización, asignación de mercados en estos ámbitos— obliga a regular más y mejor, a realizar medidas emblemáticas, y a entregarle a la sociedad civil los instrumentos de acción antimonopólica como las acciones colectivas.

Abrir la economía en el ámbito público supone la deconstrucción de los monopolios estatales en todas las esferas, y centrar el esfuerzo de crecimiento en la infraestructura (en el sentido amplio, desde aeropuertos hasta WI-MAX), que tendrá un papel decisivo en la competitividad del país. Abrir la economía en el ámbito privado supone domar a los poderes fácticos, estatales y privados, económicos, sindicales, mediáticos y políticos, mediante particiones (break-ups), regulación, transparencia, competencia, ya no sólo en el frente de los bienes comerciables, como en el Tratado de Libre Comercio, sino también en los no-comerciables, sobre todo los servicios.

Otra razón central por la que la economía no crece es porque el crecimiento de la productividad se ha desplomado, respecto a Estados Unidos y también respecto a otros países de América Latina, no digamos de Asia. El problema no es que los mexicanos trabajemos o ahorremos menos que los demás países de América Latina. El problema es que el esfuerzo de nuestro ahorro y de nuestro trabajo rinde menos que en otros países. Si no aumentamos la productividad, no vamos a recuperar el terreno perdido con respecto al resto del mundo, ni vamos a crecer a tasas cercanas al 5% o 6%.

El estancamiento de la productividad, en especial de la productividad del trabajo, es lo que deprime el crecimiento de los salarios reales y limita el peso de la masa salarial en el PIB. Parte de ese estancamiento se debe a la falta de competencia. Otra parte deriva de que México tiene un mercado de trabajo particularmente distorsionado. El mercado de trabajo en México crea muchos empleos, pero muy pocos buenos empleos. Si no se quitan las trabas a la creación de empleos productivos, la mayor competencia no se reflejará en mayor productividad laboral, mayores salarios reales y un mayor peso de éstos en la riqueza nacional. A toro pasado puede decirse que uno de los grandes errores de Nafta fue una apuesta a la que la competencia externa en los mercados de bienes y servicios, por sí sola, sería suficiente para aumentar la productividad laboral y corregir las distorsiones en el mercado laboral.

Más de dos tercios de las empresas y más del 60% de los trabajadores del país son informales. En las empresas informales casi no hay capacitación laboral, adopción de tecnologías o innovación; esas empresas tampoco acceden al crédito de la banca comercial. Sobreviven porque evaden al SAT, al IMSS, al Infonavit y a casi todos, y para hacerlo mantienen tamaños muy pequeños (90% de las empresas tienen cinco o menos trabajadores). En la informalidad la productividad se estanca. El país no va a crecer sólo con el esfuerzo de un tercio de sus empresas y menos de la mitad de sus trabajadores.

Monopolios públicos, poderes fácticos, oligopolios privados
La agenda antimonopólica debe empezar por los únicos monopolios strictu sensu que existen en la República: los estatales, en particular de energía. La crisis abre la puerta para plantear una transformación radical de estas empresas y su apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, minoritaria en ambas, pero suficiente para sujetarlas a reglas de transparencia y contabilidad internacionales (GAAP), derechos de accionistas minoritarios, fiscalización y vigilancia asociadas a la cotización en bolsa tanto en México como vía ADRs en Nueva York. Conviene recordar que es el caso de Petrobras desde 2001, el caso latinoamericano cuyo éxito celebra el mundo y miramos pasar sin tomar nota los mexicanos. La liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ante la evidencia de su improductividad es un paso significativo en el rumbo correcto, pero está lejos aún de la transformación que se requiere. Un problema semejante de control y descontrol monopólico se presenta en los ámbitos de la salud, donde la tríada IMSS/ISSSTE/Secretaría de Salud es prestadora de servicios de salud casi única en el país, y en la educación, donde la red estatal atiende sin evaluación rigurosa ni competencia reguladora al 85% de los alumnos de educación básica.

El segundo tema estatal de la agenda antimonopólica se refiere a la relación del Estado con sus grandes sindicatos: maestros, electricistas, petroleros, burócratas federales y estatales, universidades públicas, trabajadores de la salud. Se trata, según como se hace la cuenta, de entre cuatro y 5.5 millones de trabajadores sujetos todos a un sindicalismo monopólico al que se pertenece no por elección sino porque los sindicatos son titulares únicos del contrato de trabajo. Éste incluye la cláusula de exclusión mediante la cual el sindicato puede exigir el despido del trabajador que no quiera pertenecer a él. La autoridad —la empresa pública, la dependencia, muchas universidades— retiene las cuotas sindicales, sin consultar a los trabajadores, entregándolas a las dirigencias sindicales, que la misma autoridad reconoce y legitima con la famosa toma de nota. Una medida clave contra este sindicalismo corporativo construido con la complicidad del Estado, sería suspender la retención de cuotas por el empleador gubernamental para volver a lo básico: que sean los trabajadores quienes individual y voluntariamente aporten sus cuotas a sus sindicatos. Además de restablecer la transparencia, la libertad y la democracia sindicales, esta medida cortaría el cordón umbilical que une al gobierno con el corporativismo. De mayor calado sería el fin de la cláusula de exclusión contenida en la Ley Federal del Trabajo, con la supresión de la diferencia entre sindicatos de apartado A (industria) y B (burócratas), así como el establecimiento de elecciones transparentes y la coexistencia de sindicatos en la misma empresa, como en Chile o Francia, eliminando asimismo la toma de nota.

Las redes sindicales del Estado son bastiones de atraso político por su falta de democracia interna y por su relación clientelar con las autoridades. Más que organizaciones gremiales, son fuerzas políticas sin cuyo acuerdo es prácticamente imposible transformar su sector. Y los sectores sumados de esos sindicatos son el corazón de la economía, del empleo y de la organización social mexicana. Su capacidad de encabezar los cambios es nula pero su capacidad de impedirlos es enorme. Hay un sindicato grande resistiendo cada una de las reformas grandes que requiere el país.

En el frente político, la agenda antimonopólica debe incorporar la apertura de las elecciones a candidatos independientes como opción ante el monopolio que detentan los partidos de la expresión electoral en México. Las candidaturas independientes acotan el monopolio de las nominaciones, abriéndolas a la sociedad. Parecen particularmente viables y necesarias en el ámbito local, donde el trayecto y el prestigio de un candidato puede suplir la falta de partido y vencer sin construir grandes aparatos. Parecen más difíciles de lanzar y sostener mientras mayor es el ámbito de sus pretensiones. Más allá de que puedan ganar o no sus elecciones, la sola presencia de candidatos independientes animaría el proceso con voces frescas, menos comprometidas con partidos e intereses previos, más capaces de inducir debates creativos y refrescar viejas agendas partidarias. Uno de los ejemplos contemporáneos más interesantes en esta materia reside en el éxito (ha rozado el 20% de la intención de voto) de la candidatura independiente de Marco Enríquez-Ominami en Chile, país con una tradición partidista mucho más arraigada que la nuestra. Después de 20 años de magníficos gobiernos de la Concertación, la ciudadanía se hartó de sus integrantes, sin dejarse convencer del todo por sus opositores. Enríquez-Ominami, joven diputado socialista con apellidos de doble abolengo político, buscó inscribirse en las primarias de la coalición de centro-izquierda; no lo dejaron, pero la ley chilena sí permite las candidaturas sin partido. Consiguió las firmas, y ha puesto en aprietos a la propia Concertación.

Desde el punto de vista empresarial, México es un país de cientos de miles de pequeñas empresas y un puñado de imperios corporativos con un dominio casi completo de su sector. Algunos de estos imperios son públicos, otros son privados. La propiedad no es lo esencial. El problema es la falta de competencia y de alternativas. El viejo sistema sobrevive perfectamente con empresas dominantes públicas o privadas. El grado de concentración del capital y de la actividad económica son elevados. Las 500 empresas mayores tienen ventas equivalentes al 80% del producto interno bruto. (En Estados Unidos, de acuerdo con Fortune, las 500 empresas más grandes en 2006 contribuyeron al 73.4% del PIB.) No hay espacio para nuevos tiradores. Lo dijo The Economist hace tres años: importar cemento, generar electricidad, buscar petróleo, poner una telefónica, abrir una tercera cadena de televisión o crear un banco competitivo (no vinculado a otra megaempresa) es prácticamente imposible en México.

Nadie se llama a engaño: no hay economía de mercado sin concentración del capital. Los marcos regulatorios, por rigurosos que sean, siempre son insuficientes. Si se quiere ir a la economía de mercado hay que ir también a la regulación del mercado. El reto fundamental en esta materia es dotar de autonomía y poderes a los entes regulatorios, empezando por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), para que ejerzan con efectividad sus funciones. Se requieren instituciones reguladoras con dientes, capaces de iniciar acciones legales con sus investigaciones a través de la Procuraduría General de la República.

El poder de los entes regulatorios debe incluir toda la gama de facultades y sanciones para acotar las prácticas monopólicas, pero no serán verdaderas autoridades mientras no tengan la facultad de plantear la partición de empresas dominantes para garantizar el reinicio de la competencia en los distintos sectores, como ha sucedido en distintos momentos en Francia, Alemania y Estados Unidos, o de abrir la entrada de nuevos actores en mercados cerrados en los hechos. La partición de empresas con presencia excesiva en el mercado es parte de la historia del capitalismo mundial, empezando con el desmantelamiento de la Standard Oil de John D. Rockefeller en 1911 en Estados Unidos, gracias a la Ley Sherman antitrust. No tendría por qué no ser un expediente de la protección de la competencia en México, donde distintas empresas controlan porcentajes muy altos de su mercado. La telefonía fija tiene una concentración del 81.4%, la telefonía móvil del 74%, las audiencias televisivas de 68%, la producción del cemento de 49%, el comercio al menudeo de 54%, la de harina de maíz industrializada de 93%, la industria cervecera de 62%. Tres bancos concentran el 61.4% del mercado.

La regulación fuerte y con sentido debe desplazar a la regulación torpe que no lo tiene. El Estado debe desmontar draconianamente la gigantesca red de regulaciones que ha construido en estos años, la maraña de trámites que hacen que el tiempo promedio de apertura de un negocio en México sea de 57 días mientras en Canadá es de máximo tres y en Estados Unidos de cuatro.

Sólo una economía de mercado fuerte, abierta, competitiva, antimonopólica, podrá crear la riqueza y los empleos que prometen huecamente candidatos y gobiernos; sólo una economía pujante y en crecimiento podrá dar a la mayoría de los mexicanos la cosa simple y fundamental que buscan y por la cual emigran por millones de sus pueblos a las ciudades y de su país al norte: un empleo con qué ganarse la vida, una oportunidad de mejora para él y su familia. Conviene subrayarlo: la masa salarial como parte del PIB no sólo no ha crecido, sino que ha descendido en los últimos 30 años: en 1980 se encontraba en 39%; hoy se ubica en 30%, sin duda en parte debido a la informalización del empleo, pero también al magro crecimiento formal.

Productividad, inversión y ahorro son las palancas de la creación de riqueza. Pero hay poco dinero de inversión en el mundo y no se concentra en México. México debe abrir sus negocios monopólicos y oligopólicos a la inversión de dentro y sobre todo de fuera de su territorio. Nada de esto es posible si el país no se va convenciendo de cuál es su lugar en el mundo, para que estos cambios y otros se anclen en el orden internacional y obtengan a la vez apoyo internacional. México no podrá arraigar sus reformas adentro y recibir apoyo de afuera, mientras no resuelva de qué afuera se trata.

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(continuara)

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